Política

LIBERTADES DEMOCRÁTICAS

Fiscal destroza denuncia de abogado PRO contra Del Caño y Bregman por las jornadas de diciembre

El fiscal federal Juan Pedro Zoni emitió su dictamen respecto a la denuncia iniciada por un allegado al Gobierno contra los diputados del Frente de Izquierda por participar en diciembre de la oposición al proyecto oficial de rebaja a las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares contra 17 millones de habitantes.

Sábado 24 de febrero | 23:42

Los días posteriores a las históricas jornadas del 14 y 18 de diciembre, no sólo se caracterizaron por la detención de decenas de manifestantes en el marco de una feroz represión policial que blindó el tratamiento de una ley profundamente antipopular impulsada por el macrismo y que ya padece cada jubilado en el cobro de sus haberes. También se llenaron los tribunales federales de personajes allegados a Cambiemos, para denunciar a todo diputado o referente opositor que se manifestó contra la aprobación de dicha ley, con acusaciones grandilocuentes de “atentado al orden constitucional, rebelión, alzamiento en armas, atentado a la autoridad” y demás figuras de similar tenor, a las que el poder de turno no echaba mano desde hacía décadas.

Es el caso de Santiago Dupuy de Lome, abogado adherente al Gobierno y con un notorio afán de protagonismo, que repartió denuncias contra distintos diputados del Frente de Izquierda, dirigentes de organizaciones sociales como la CTEP, y de Unidad Ciudadana entre otros, por los delitos de sedición, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y perturbación al ejercicio de la función pública. La acusación contra Bregman y Del Caño tramita ante el Juzgado Federal N.º 4 de Ariel Lijo.

Previo a todo otro trámite, manifestó su posición el fiscal en lo Criminal y Correccional Federal n° 8, Pedro Zoni. La conclusión terminante de su dictamen aconseja la desestimación de la denuncia en virtud de la inexistencia de “un hecho” que pueda constituir un delito para el derecho penal vigente, porque para el fiscal, el denunciante, “se basa en anécdotas o testimonios conocidos de oído, que reflejan una de las tantas teorías conspirativas que pueblan el panorama político de cada época”, en simples palabras, nada real.

Asimismo, a la afirmación respecto a que Bregman y Del Caño, con fines destituyentes, comandaron grupos violentos que destrozaron la plaza del Congreso y atacaron a la fuerza policial, el fiscal rebate aseverando que son meras apreciaciones personales del denunciante a partir de lo cual no puede configurarse un delito.

El fiscal afirmó con contundencia: “Ahora bien, grave es que se pretenda poner en movimiento la maquinaria represiva del Estado sin ningún fundamento y se invoque, sugiera, la comisión de los únicos delitos que por su extrema gravedad enuncia la Constitución Nacional, con total y absoluta liviandad afecta la básica libertad de expresión”. Prosiguió afirmando que “convertir cualquier expresión y cualquier protesta en un atentado contra el orden constitucional es un desliz hacia el autoritarismo”.

Para finalizar, estableció que “el denunciante realizó una denuncia penal sobre la base de algo que escuchó, y que carece de toda circunstancia básica de modo, tiempo y lugar para siquiera esbozar una hipótesis criminal gravísima como la de acusar a alguien de intentar un golpe de Estado”.

Mientras el juez Ariel Lijo aún debe resolver el futuro de esta inverosímil denuncia, el mismo denunciante todo servicio del gobierno sufrió otros reveses judiciales en el marco de sus sendas denuncias de similares fundamentos, contra el juez de la Corte Interamericana Eugenio Zaffaroni por la figura de “apología del delito” y contra el dirigente social Juan Grabois por el delito de sedición. La primera sufrió un dictamen similar al de Zoni, pero por parte del fiscal Ramiro González, y debe ser resuelta también por Lijo. La que pesaba contra el dirigente de la CTEP, en cambio, ya fue desestimada por el juez federal Canicoba Corral.

El disparate representado por el cúmulo de denuncias sin sustento contra dirigentes opositores, no es producto de ocurrencias individuales de personajes ignotos como el denunciante en cuestión: una denuncia con similares premisas, fue interpuesta ante el juzgado federal de la jueza María Romilda Servini, en cabeza del Ministerio de Seguridad de la Nación , contra 11 diputados opositores, entre ellos Bregman y Del Caño. Se trata del ministerio de Patricia Bullrich que dirigió las brutales represiones del 14 y 18 de diciembre, negándose luego a identificar a los policías que arrancaron ojos a fuerza de balazos de goma a varios manifestantes, y que encubrió todo el tiempo posible al policía federal Dante Barisone, hoy detenido por atropellar intencionalmente en aquella jornada a un transeúnte que acababa de ser baleado por sus compañeros de armas. Como puede advertirse, un claro intento distractivo por parte del Poder Ejecutivo, para tergiversar los hechos que realmente tuvieron lugar en el mes de diciembre.

Vale recordar que Myriam Bregman, como patrocinante del diputado Leonardo Grosso, ya había alertado el 13 de diciembre ante el juez Sergio Torres, sobre el accionar de Gendarmería Nacional que había atacado a palazos y con perros entrenados, a dicho legislador y a Victoria Donda en una vigila de movimientos sociales contra la ajustadora reforma previsional. En dicha presentación, Bregman y los abogados del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, solicitaban el retiro del brutal operativo policial que se preparaba alrededor del Congreso para los días siguientes en que se trataría el proyecto de ley, y que incluso atacaba a los diputados opositores que intercedían contra la represión a manifestantes. Actualmente, se aguarda la identificación de los gendarmes que hirieron a los dos diputados denunciantes.

Dictamen del fiscal Zoni by La Izquierda Diario on Scribd







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