Internacional

TRIBUNA ABIERTA

Finaliza luego de 37 días el paro docente en Colombia

Luego del histórico paro docente en Colombia que duró 37 días, se llegó a un acuerdo con el gobierno de Juan Manuel Santos. Expectativas por su cumplimiento.

Viernes 23 de junio | 11:44

En medio de diferentes manifestaciones pacíficas de los maestros y varios incidentes represivos por parte de la policía, finalizó el histórico paro docente en Colombia, que duró 37 días. El Norte del continente sudamericano, demostró que es posible despertar a la bestia dormida que lleva adentro un pueblo que por décadas ha sido degradado, olvidado y despojado de sus recursos naturales para que sean otros, los del primer mundo y algunos natales, los que se lleven la riqueza de un del país mientras sus trabajadores sobreviven con las migajas de un sistema corrupto y violento. Bajo estas condiciones, participaron alrededor de 3500 docentes y 8 millones de alumnos que tuvieron cese de actividades.

Las peticiones del Magisterio que para la política Juan Manuel Santos fueron demasiado ambiciosas, para los educadores representaron un reclamo a necesidades básicas y coherentes, si por ejemplo se tienen en cuenta las deficiencias salariales que presenta el gremio comparado con otros profesionales o países que cuentan con salarios más acordes a su oficio. Pero sobre todo, afines a los costos de vida de un país con grandes niveles de desempleo, pobreza y desigualdad social. Colombia que cuenta con 322.000 maestros de los cuales 60.000 cumplen contratos provisorios o tercerizados (con los que en algunos casos se jubilan), es el único país latinoamericano y del mundo con tres estatutos de pago, en donde los salarios oscilan entre los 260 a 1.300 dólares mensuales como máximo, en medio de una economía cuyo costo de vida puede rondar alrededor de los 800 dólares mensuales. Cabe resaltar que la máxima remuneración es posible después de casi 30 años de servicio y que no contempla los estudios superiores tales como Doctorados o Maestrías para los ascensos o pases a planta permanente de los educadores.

Los menores que en su mayoría provienen de familias campesinas muy humildes, sufren las necesidades alimenticias marcadas por la corrupción de personas que no obstante a la denigrante situación, roban los recursos para las meriendas de los chicos dejando sin alimento a gran porcentaje de menores. Por su parte, algunos docentes, que a su vez cumplen funciones psicológicas, de orientación sexual y trabajo extra clase, se ven en la necesidad de aportar económicamente para la alimentación y útiles escolares para quienes no tienen la posibilidad a su acceso.

La ajetreada rutina de los docentes en algunos casos empieza a las 4 de la mañana, a pesar de que se encuentren en la capital bogotana que supuestamente cuenta con varios medios de transporte. A su vez los mismos sufren un dilema peor en las zonas provinciales más alejadas del país, en donde son necesarias varias horas de caminata o medios de trasporte rudimentarios y peligrosos para llegar a un centro educativo, tanto docentes como alumnos sufren el abandono del Estado haciendo lo posible para dar sus clases en lugares cuya infraestructura atenta contra la seguridad y salubridad de quienes asisten.

El acuerdo con el gobierno

Los acuerdos a los que se llegaron, que no se exigen de forma inmediata y tuvieron que ser previstos en un plazo aproximado de 10 años, contemplan mayor financiación de la educación pública, nivelación salarial para los educadores en todo el país, aguinaldos extralegales, cobertura preescolar para los niños proyectada entre el año 2021 al 2024, jornada única, precisión de funciones de docentes orientadores, cofinanciación por parte del Gobierno Nacional a la formación de los maestros, fortalecimiento de escuelas normales superiores, reactivación de las Juntas Nacionales, Departamentales, Distritales y Municipales con la participación de FECODE (Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación), recursos para el proyecto “Escuela Teritorio de Paz”, la creación de la comisión tripartita entre el Congreso de la República, el Ministerio de Educación y FECODE para construir un proyecto de Ley sobre el Estatuto de la Profesión Docente en búsqueda de mejores condiciones de infraestructura, alimentación y reconocimiento a la labor de quienes forman a los futuros “colombianos constructores de paz”. De igual forma se pidió regularizar la licitación para elegir un prestador de servicio de salud, que en la actualidad se caracteriza por costoso y negligente y ha recibido varias críticas por hechos de corrupción en su elección.

Carlos Rivas, líder del sindicato de maestros, fue contundente al refutar la negativa del gobierno de Santos quien justificó el rechazo a sus propuestas por “falta de dinero y recursos para su financiación”. Sin embargo Rivas, desmintió esta situación argumentando que en la actualidad Colombia se ahorra 28.000 millones de pesos anuales de la guerra como parte del “proceso de paz” en el que se encuentra el país, que hubo un incremento del IVA del 16 al 19 por ciento, que recientemente fue hallado un yacimiento de gas, y sobretodo que la corrupción se lleva 20.000 millones de pesos anules en un país que donde existen muchas zonas del territorio nacional sin accesos a salud pública, agua potable, educación e infinidad de recursos estipulados por la Declaración de los Derechos Humanos.

Cabe resaltar que los acuerdos logrados no hubieran sido posibles sin la constancia, compromiso y valentía no sólo de los maestros, sino de otros gremios que se sumaron al paro ya sea en apoyo a la educación o por reclamos similares en sus rubros. Uno de las movilizaciones más importantes durante este paro fue “La Gran Toma de Bogotá” que reunió a alrededor de 100 mil personas provenientes de todo el país, en la plaza de Bolívar de Bogotá.

Dicha movilización, que fue apoyada por diferentes gremios docentes mundiales, fue convocada luego de que el magisterio de forma creativa, pedagógica y cívica acudiera a otras movilizaciones previas como la marcha de antorchas, de silbatos, jornadas de lecturas al aire libre, clases en vía pública, entre otras, que intentaron ser invisibilidades por el Gobierno Nacional y algunos medios de comunicación a su servicio.

A pesar de la pasividad de las jornadas y como era de esperarse, los profesores y participantes de las movilizaciones finalmente fueron atacados el viernes 9 de junio por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía que interrumpió abruptamente con chorros de agua y gases lacrimógenos a los asistentes en donde se encontraban personas mayores, mujeres embarazadas y niños. Enrique Peñalosa, alcalde de Bogotá, fue quien ordenó dicha acción y a su vez, en medio de un comunicado posterior en el que pedía disculpas, recalcó la posibilidad de acudir de nuevo a este método si los gremios insistían en el corte de calles.

Los acuerdos finales también incluyeron la necesidad de cumplimiento del pago de las prestaciones sociales, los subsidios para la vivienda y las garantías sindicales, laborales y de participación, el seguimiento del cumplimiento del acuerdo y el compromiso de los docentes en la recuperación efectiva de las clases. De esta forma los docentes dieron un gran ejemplo a todos los colombianos, no sólo por la gran dimensión de la movilización sino también por su constancia y capacidad de organización para la lucha de un derecho tan básico como la educación.

Si bien empieza la lucha por el cumplimiento de los acuerdos, el mensaje para esta sociedad vehementemente trabajadora, pero sumisa, amedrentada, abusada y distraída por los medios de comunicación, es que es posible organizarse para exigir no seguir siendo explotados, para salir a las calles a hacer públicas las demandas, a pesar de que el miedo a la represión exista bajo las amenazas no sólo de la policía sino de los diferentes grupos paramilitares que actúan en connivencia. Sigue la lucha docente, sigue la lucha en el “Proceso de Paz”, pero sobretodo sigue a lucha para defender a una sociedad que aparte de ser atacada por el Estado y sus fuerzas armadas, también lo está por los grupos al margen de la ley y paramilitares que de forma clandestina callan aquellas voces que lideran las “batallas” de los más pobres, de los más olvidados. Debe seguir la lucha por los recursos para la educación de los niños de Colombia y no para aquellos que los matan.






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