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TREGUA SINDICAL

Fin de año de festejo para las conducciones sindicales: 950 millones extras a obras sociales

El organismo encargado de controlar a las obras sociales embolsó recientemente unos 950 millones de pesos extra por la colocación en bonos de una parte de los miles de millones del Fondo Solidario de Redistribución, los cuales el Gobierno le había devuelto a los sindicatos en agosto pasado.

Julián Khé

@Juliankhep

Jueves 17 de noviembre | 12:46

El Gobierno otorgará, finalmente, un bono de fin de año a trabajadores de la administración nacional. El suplemento oscila entre los 2000 y los 3500 pesos según la categoría. El acuerdo sólo alcanza a trabajadores centralizados, es decir, unos 130.000. Empleados de organismos descentralizados con convenios especiales, provinciales y municipales quedan afuera y deben negociar sus propias bonificaciones.

El suplemento se abonará en dos partes, mitad en diciembre y mitad en enero. El Gobierno pretendía abonar todo en enero para evitar el déficit fiscal de este año. El gesto es como mínimo mezquino, cuando apenas se trata, en total, de 350 millones de pesos. Para dar un ejemplo, la quita de retenciones a la minería significó una merma a las arcas estatales de 3000 millones de pesos anuales. A Macri no le tembló el pulso cuando firmó semejante transferencia, que, obviamente, no fue en dos cuotas, como sí lo será el bono.

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Un reciente informe del Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo (CETyD) de la Universidad de San Martín, estimó que para compensar la pérdida de poder adquisitivo producto de la inflación, los trabajadores de la administración pública nacional deberían cobrar un bono de 21.000 pesos. Sin embargo, el titular de la UPCN, Andrés Rodríguez, consideró hoy en declaraciones a radio La Red, que el bono "es lo mejor que se pudo conseguir", ya que "tempera el impacto de la pérdida de poder adquisitivo".

El otro bono

Rodríguez es cómplice del ajuste y los despidos y, como parte de la CGT, es una de las patas de la tregua con el Gobierno. Esta situación en que los trabajadores negocian migajas u obtienen bonos que no compensan la pérdida de poder adquisitivo es posible, sobre todo, por la complicidad de las centrales sindicales. El silencio y la cautela de los burócratas frente a los ataques a los trabajadores no responden a una mera tibieza ideológica o lo que fuere. La vista gorda se compra con favores, favores gordos.

En este sentido, la caja de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), el organismo encargado de controlar a las obras sociales y que Macri le entregara al sindicalismo apenas asumió, celebraba por estos días jugosas entradas de dinero. Según señala Infobae, la SSS embolsó recientemente unos 950 millones de pesos extra, que responden a la colocación en bonos de una parte de los miles de millones del Fondo Solidario de Redistribución, los cuales el Gobierno le había devuelto a los sindicatos en agosto pasado. “Estamos en el mejor de los mundos”, le aseguraron a ese medio desde la Superintendencia. Festejaban, de esta manera, el sustancioso “bono de fin de año” que los burócratas reciben por la tregua.

Un dolor de cabeza para Vidal

Con respecto a la presión que significa el acuerdo del bono para las provincias y los municipios, el ministro de Mordernización, Andrés Ibarra, rechazó la posibilidad de que el Estado Nacional los asista. "Es un tema específico de las finanzas de cada distrito, algunos están en negociaciones en marcha y otros estarán viendo su situación fiscal para tomar una decisión", espetó. Efectivamente, algunas provincias ya se comprometieron a una bonificación, como Catamarca, Corrientes, La Pampa, Misiones, Salta, San Juan, San Luis y Tucumán. Por su parte, Chaco y Chubut dijeron que no pueden afrontarlo.

En este sentido, al cerrar el acuerdo, Macri le generó un problema a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quien hace un mes había negado rotundamente la posibilidad de dar un bono de fin de año.

Los planes de Vidal con respecto a las exigencias de los estatales provinciales eran reabrir una paritaria que sea retroactiva a octubre. Los números que maneja el Gobierno provincial implican una suba del 3.6%, lo que se sumaría al 31% de aumento que acumulan los estatales en el año. Según fuentes sindicales, ese aumento oscila entre 150 y 350 pesos, de acuerdo a la categoría y régimen horario.

La propuesta es, como se desprende, miserable. En este sentido, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) rechazó de plano ese monto, exigiendo una suba acorde con la pérdida de poder adquisitivo y prepara una jornada de lucha.

En dos semanas, la gobernadora tendrá una nueva reunión con los gremios estatales: no sólo deberá presentar una mejor propuesta al 3.6% anteriormente ofrecido, sino que, gracias a sus pares en el Gobierno nacional, ahora tiene la presión de suministrar una bonificación.




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