Política

GENOCIDIO E IMPUNIDAD

Fernández Garello, el espía de la dictadura que la “democracia” convirtió en fiscal

“Soy ajeno a los hechos” dice el fiscal general de Mar del Plata. Pero la Comisión por la Memoria comprobó que fue un agente de la tenebrosa Dippba. El caso de la militante del PST Ana María Martínez.

Daniel Satur

@saturnetroc

Jueves 10 de noviembre | Edición del día

Foto Tres Líneas

Ayer la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) hizo una conferencia de prensa en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo de Mar del Plata. Allí se detalló la denuncia que el martes había difundido La Izquierda Diario, según la cual se acusa al actual titular del Ministerio Público marplatense Fabián Uriel Fernández Garello de haber pertenecido a la Dirección de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la temeraria Dippba, durante la dictadura cívico-militar.

Rodeadas de organismos de derechos humanos y de referentes gremiales, sociales y políticos, las autoridades de la CPM brindaron detalles de la documentación que involucra directa e inequívocamente a Fernández Garello en delitos de lesa humanidad y que ya fue entregada en sedes judiciales en las que se investigan casos de desapariciones y asesinatos cometidos por el terrorismo de Estado.

Al actual jefe de los fiscales de Mar del Plata se lo sindica como partícipe de los delitos que se investigan en dos causas tramitadas en los juzgados federales de San Martín y San Isidro. En el primero se investiga el secuestro, tortura y asesinato de la militante del PST Ana María Martínez y en el segundo el secuestro y tortura de militantes del PC.

La conferencia la brindaron Roberto Cipriano García, secretario de la CPM, su directora general Sandra Raggio y otras integrantes del organismo como Susana Méndez y Yamila Zavala Rodríguez.

La CPM informó que los documentos que vinculan al actual fiscal con esos delitos surgieron de un requerimiento judicial en el marco de la causa que investiga el secuestro y muerte de la militante del PST Ana María Martínez. Vale recordar que esos archivos de inteligencia de la Policía Bonaerense hace años fueron entregados a la CPM por el Estado para su custodia.

Cipriano García dijo que “los documentos de la Dippba constatan la participación de agentes de inteligencia en la infiltración y espionaje de ese movimiento político (el PST) y en el secuestro y asesinato de Martínez. A partir de ese caso, nos encontramos con que integrantes de la delegación San Martín de la Dippba participan en el secuestro, detención y tortura de tres militantes del PC. Uno de los agentes involucrados es, justamente, Fernández Garello”.

El secretario de la CPM agregó que esos archivos revelan “una trama de operativos conjuntos entre esa delegación de la Dippba, la Brigada de investigaciones de San Martín -donde funcionaba un centro clandestino de detención- y el batallón 201 del Ejército que dependía del batallón 601”.

Según consta en los archivos de la Dippba en aquella época el hoy fiscal de Mar del Plata se desempeñó primero como oficial ayudante y luego como oficial subinspector en la delegación de San Martín. Los datos relevados indican que intervino, al menos, en 17 operativos o tareas de inteligencia entre 1978 y 1982. Como afirmó Raggio, Fernández Garello “desarrolló actividades vinculadas con los objetivos operativos de la Dippba, que eran la persecución en el marco del terrorismo y el genocidio. Todo esto está acreditado por los mismos documentos de la Policía de la provincia de Buenos Aires”.


Conferencia de prensa en Mar del Plata - Foto Prensa CPM

Descargo de espía

Ayer el mismo Fabián Fernández Garello publicó un comunicado en el que intentó despegarse de las graves acusaciones en su contra. Allí dice que se ve obligado a responder a la denuncia, de la tomó conocimiento “a través de versiones periodísticas”.

El fiscal dice que, “no obstante desconocer la documentación a la que se hace mención en dicha denuncia, por el respeto que merecen los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado, me preocupa particularmente aclarar a la familia de Ana María Martínez que seguramente ha sufrido con el hecho -quien fuere secuestrada, torturada y asesinada en febrero de 1982 según pude verificar en el sitio www.desaparecidos.org- que éste Fiscal General en ese tiempo prestaba servicios en la Dirección General de Asuntos Judiciales con asiento en la Comisaría de Haedo para trabajar con Jueces del Departamento Judicial de Morón, dato que puede corroborarse accediendo a la información de mi legajo, por lo que resulto totalmente ajeno a ese hecho”.

Aclara a su vez que tampoco tuvo “nada que ver con ningún otro episodio de similar naturaleza” y que “las circunstancias referidas por la Comisión Provincial por la Memoria en ese sentido, evidencian serios y preocupantes vestigios de falsedad”. Y cierra el comunicado diciendo que se encuentra “a entera disposición de la justicia para aclarar cada uno de los puntos mencionados en la documentación presentada”.

El descargo público del fiscal, con forma de autodefensa, bien puede pensarse como una provocación. Pretende que la sociedad confíe más en lo que dice un legajo laboral “oficial” (de los que hay miles y que han servido para fraguar el pasado de espías y represores de todo tipo) que los propios archivos de la Dippba, esos que el Estado se vio obligado a revelar en 1998 (y que la Bonaerense de Eduardo Duhalde seguía llenando con informes de inteligencia hasta entonces).

“Ese archivo ha servido como insumo muy importante para todos los juicios por delitos de lesa humanidad que se desarrollaron en la provincia de Buenos Aires”, dijo ayer Cipriano García, quien además informó que mientras “en la Justicia se están investigando estos hechos” desde la CPM están “trabajando en el pedido de Jury y ya le reclamamos a la Procuradora la inmediata separación del cargo” de Fernández Garello.

El caso de Ana María

En los tribunales federales de San Martín se tramita desde hace años la denominada “megacausa Campo de Mayo”, donde se investigan decenas de delitos de lesa humanidad. Uno de los casos que integran esa megacausa es el del secuestro, desaparición y posterior asesinato de Ana maría Martínez.

Ana María era militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y fue secuestrada el 4 de febrero de 1982 por un grupo de tareas en la puerta de su casa en Villa de Mayo. Ocho días después su cadáver apareció en la intersección del Canal Villanueva con la calle Brasil, en el partido de Tigre. Tenía entonces 31 años, estaba embarazada de tres meses y su sobrenombre de militancia era Rosalía.

El PST tiene un centenar de militantes desaparecidos o asesinados por el terrorismo de Estado. Ana María fue secuestrada y asesinada en la zona norte del Gran Buenos Aires, donde se había afincado tras escapar de la feroz represión que la dictadura había desatado en su ciudad natal, Mar del Plata. En plena dictadura trabajó en varias fábricas y realizó importantes tareas militantes, entre ellas la de visitar riesgosamente a compañeros presos que habían sido “legalizados” por los genocidas.

El hallazgo de su cuerpo en 1982 (en los tiempos finales de la dictadura y antes de la guerra de Malvinas) causó gran conmoción.


Tapa de la revista Gente (cómplice y propagandista de los genocidas) dando cuenta de la conmoción del caso

En los meses previos a su asesinato Ana María fue víctima de persecución sistemática por parte del aparato represivo. Las patéticas ironías de la historia hicieron que ahora se sepa que uno de los encargados de esas tareas de inteligencia era el mismo personaje que décadas más tarde ocuparía el máximo cargo como fiscal de Mar del Plata.

El dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) Carlos “Titín” Moreira, compañero de militancia de Martínez y testigo en la causa en la que se investiga el crimen, siempre tuvo en claro que la organización en la que militaban “fue infiltrada en aquellos días por los servicios de la Bonaerense”. Y al igual que lo vienen denunciando desde hace décadas diversos organismos de derechos humanos, Moreira denunció en varias oportunidades que “muchos de los espías actuales de la ex Side y de otros organismos estatales como el Ejército y las policías provienen de aquella época”. El caso del fiscal Fernández Garello no sólo demuestra que los espías siguen vivitos y coleando sino que incluso pueden reciclarse en “honorables demócratas” del sistema judicial.

Ayer Yamila Zavala Rodríguez y Susana Méndez, de la Comisión por la Memoria, destacaron una “doble importancia” que tiene para la comunidad marplatense la denuncia contra Fernández Garello. Es que si, por un lado, “Ana María Martínez vivía aquí y debió mudarse por la represión y persecución que sufrió en esta zona el PST”, además “estaba embarazada de tres meses cuando fue asesinada, lo que da cuenta del horror y falta de límites en las acciones que fueron capaces de realizar los agentes de inteligencia de la Policía y el Ejército”.

La pregunta se impone. ¿Cuántos otros funcionarios actuales de esta "democracia" fueron parte activa del genocidio? La respuesta no es una ni definitiva. Pero algo sí es seguro: de abrirse de forma total y completa los archivos que están en poder del Estado, de las grandes empresas y de la Iglesia Católica, más de un "Fernández Garello" saldría de las sombras. Y mucho más si esos archivos estuvieran en poder de comisiones investigadoras independientes, conformadas por los propios organismos de derechos humanos, por sobrevivientes y familiares de las víctimas.

Algo que en cuatro décadas ningún gobierno, desde Alfonsín hasta Macri (pasando por los varios peronismos) estuvo dispuesto siquiera a discutir.




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