Géneros y Sexualidades

CÓRDOBA / OPINIÓN

Femicidio, un crimen social con responsables concretos

La ONU estima, frente a la “pandemia” de la violencia machista, que es necesario un albergue cada 10 mil habitantes.

Laura Vilches

Legisladora provincial PTS-FIT | @VilchesLaura

Jueves 27 de octubre | 12:56

Cuando una sociedad expone a un sector de su población ante una situación que deviene en muerte prematura y anormal, una muerte violenta; cuando sabe muy bien que esos miles de seres humanos serán víctimas de esas condiciones de existencia y sin embargo permite que subsistan, lo que se comete es un crimen. Y ese crimen que se perpetra contra un sector oprimido y explotado de la población es un crimen social. Esta paráfrasis del marxista Friedrich Engels arroja un poco de luz sobre el testimonio que nos deja el asesinato de una mujer cada 26 horas por la violencia machista.

Córdoba y Argentina se vieron conmovidas la última semana por la tercera movilización masiva en menos de un año y medio, contra los femicidios y la violencia de género. Córdoba cuenta la fatídica suma de 19 mujeres víctimas de esa violencia. Se está perpetrando un verdadero crimen social contra las mujeres.

Hace unos 15 días, solicitábamos en la Unicameral que el Gobierno de Córdoba proveyera a todos los legisladores el listado de inmuebles desocupados y ociosos bajo la órbita del Estado provincial, con el claro objetivo de disponer refugios para que allí se albergue a las mujeres en situación de violencia.

La ONU estima, frente a la “pandemia” de la violencia machista, que es necesario un albergue cada 10 mil habitantes. Con dicha estimación, nuestra provincia debería contar con 330 refugios distribuidos en todo el territorio.

Sin embargo, la respuesta del oficialismo fue que con los dos refugios (de 30 camas cada uno) es suficiente, y que ello es acompañado con subsidios, aportes económicos para alquiler y botones antipánico, por lo que se niegan a discutir la emergencia contra la violencia de género.

El Gobierno nacional de Cambiemos no ofrece soluciones diferentes: un refugio y medio para cada provincia, en 2017.

Nosotras paramos el 19 de octubre, 15 días después de este debate en el recinto. La lista de las mujeres muertas por femicidio no había dejado de aumentar. Imponíamos en Córdoba una de las movilizaciones más masivas a nivel nacional.

La bandera que encabezaba la marcha volvía a exigir –como en cada junio del #NiUnaMenos– la aprobación urgente de la ley de emergencia contra la violencia hacia las mujeres, mientras señalaba que el Estado y los gobiernos son responsables.

Cuando el Estado provincial no pone en pie una red de refugios transitorios para que las mujeres salgan de la situación de violencia machista; cuando el Gobierno y el Estado no disponen de equipos interdisciplinarios bien remunerados y suficientes para atender el aumento de la demanda de asistencia; cuando el Estado sostiene que con un subsidio de tres mil pesos, como el que otorga la Provincia, la mujer tiene “suficiente” para valerse ella y sus hijos ante una situación crítica como la que envuelve la violencia machista; cuando el Gobierno nacional (con presupuesto heredado del kirchnerismo) destina sólo 4,50 pesos por cada mujer y se limita a distribuir tobilleras para los violentos, pero condena a la miseria y a la desocupación, de la mano de las patronales, a decenas de miles de mujeres que sufren el ajuste, evidentemente el Estado y los gobiernos tienen una política que se vuelve criminal.

Otro tanto les cabe a los operadores judiciales que se pasean por los medios de comunicación depositando la responsabilidad de la violencia machista sobre las mujeres y justificando, una vez más, el accionar de los femicidas. Lo mismo cabe para la institución policial, garante de las redes de trata que regentean en complicidad con el poder político. Contra esa impunidad volvemos a decir, después de siete años, que seguimos buscando con vida a Yamila Cuello y a todas las víctimas.

La Iglesia Católica también juega su rol cada vez que interviene para que una cifra similar a las de las víctimas de femicidio –alrededor de 300– muera cada año por la clandestinidad del aborto.

El Estado, con todas sus instituciones y aliados, es responsable de esta violencia criminal que se ejecuta contra nosotras. El “paro de mujeres”, la organización y las movilizaciones que venimos desplegando marcan el rumbo de lo que debe ser un paro de todos.

Detengamos todo, paremos urgente la vida cotidiana. Que nadie se mueva, porque nos están matando. Que las conducciones sindicales rompan la tregua, que paren por nosotras y exijan las medidas inmediatas para acabar con los femicidios: un plan de emergencia ya, con presupuesto acorde. Porque vivas nos queremos.

Este artículo fue publicado el 27/10/2016 en la edición impresa del diario la Voz del Interior.




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