Política

CÓRDOBA / DICTADURA

FPV, juecismo, UCR-PRO y PJ aprobaron designación de fiscal vinculado a la dictadura

Todos los bloques de la legislatura cordobesa, salvo el FIT, aprobaron su designación.

Javier Musso

Dirigente del PTS Córdoba

Martes 23 de agosto de 2016 | Edición del día

En La Izquierda Diario reprodujimos la denuncia realizada por Dante Leguizamón sobre los vínculos del fiscal del fuero de la lucha contra el narcotráfico Raúl Ramírez con la última dictadura militar. El periodista realiza una investigación en la que, a partir de la base de datos de la agrupación H.I.J.O.S. y en la investigación realizada en 1997 por el fiscal de instrucción Juan Marcelo Sanmartino, demuestra que Ramírez, con fuertes vínculos con De la Sota y el gobernador Schiaretti, cumplió funciones en el ex centro clandestino de detención D2 entre 1976 y 1984.

Luego de cumplir funciones en el gobierno de De la Sota al frente de la coordinación de la Lucha Contra el Narcotráfico en el año que se desató el “narcoescándalo”, fue nombrado por el ex gobernador como Secretario de Políticas de Seguridad del Ministerio de Seguridad por decreto N 1125. El 25 de noviembre del 2015 fue votada su designación como fiscal en la Unicameral cordobesa. En dicha sesión se aprueba el expediente con la votación de todos los bloques a excepción de la bancada de la izquierda.

Grave irresponsabilidad del kirchnerismo cordobés

Promovido por Unión por Córdoba, este personaje fue avalado por la UCR, algo que no sorprende de quienes hacían actos junto al genocida Menéndez en la década del 90. Pero también la legisladora Montero y el legislador Salvi, que hoy integran el bloque de Córdoba Podemos (FpV), votaron a favor. A su vez, el 9 de marzo de este año, cuando por expediente 18238/L/16 se propuso el cambio de jurisdicción de Ramírez, nuevamente lo avalaron todos los bloques salvo, otra vez, el FIT.

En el momento en que fue conocida esta información públicamente, la legisladora Laura Vilches planteó la necesidad de un juicio político para apartar a Ramírez del cargo, algo que también propuso la legisladora Montero del FpV, argumentando que el fiscal en funciones ocultó información sobre su rol desempeñado durante la última dictadura militar.

Lo que demuestra Montero es de mínima una grave irresponsabilidad. Si el FpV avala esta forma de elegir a los jueces y fiscales, reproduciendo la casta judicial que denuncian, deberían chequear la información. Mucho más en este caso, ya que Ramírez presentó antecedentes suficientes como para sospechar, ya que venía de una larga carrera en la Policía de Córdoba, conocida por la continuidad de sus miembros desde la dictadura, y desempeñándose en cargos de jerarquía durante las distintas gobernaciones de Unión por Córdoba.

Con estos antecedentes se cierra el círculo para entender la política de “seguridad” de los gobiernos de Unión por Córdoba. Política de torturas y vejámenes en comisarías, humillaciones públicas bajo la forma de “corralitos” y casos de gatillo fácil presentados como “ejecuciones sumarias”. Todo ello contra la juventud de los sectores populares, mientras los responsables del gran delito siguen impunes. Ramírez fue premiado una y otra vez con ascensos, no sólo en la fuerza policial sino en cargos de gobierno.

Pero el problema que se expresa en el kirchnerismo no es sólo una falta de información e irresponsabilidad. Hechos como estos van a seguir sucediendo mientras continúe esta forma de elección de jueces y fiscales, no depende de quién esté al frente. Schiaretti, por más que quiera mostrarse como “el PJ con rostro humano” en el histórico juicio de La Perla, es quien promueve y sostiene a personajes como Ramírez, es quien hizo crecer las fuerzas represivas como ningún otro gobierno, es el que cuenta con brutales represiones a cuestas como lo hizo en el 2010 contra los estudiantes. Montero y el FPV no son “inexpertos”, sino que avalan y sostienen esta Justicia.

El Frente de Izquierda nunca podría “equivocarse” en hechos tan graves como estos porque pelea por la elección de los jueces y fiscales mediante el voto popular, donde los antecedentes de cada uno de los postulantes sean públicos para el conjunto de la población. El FpV debería explicar por qué se negó a avanzar en esta reforma democrática en sus 12 años de gobierno. El Frente de Izquierda también pelea para que se abran los archivos de la dictadura y que se juzguen a todos los miembros de las fuerzas represivas que actuaron durante la última dictadura y que estos sean por centros clandestinos de detención. Hasta que esto no suceda estos “errores” o graves irresponsabilidades, pero consecuencias lógicas de una política, se seguirán repitiendo.







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