Política Estado Español

SENTENCIA DE LA UNIÓN EUROPEA

Exención fiscal de la iglesia: ¡basta de privilegios!

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sentenciado que algunas exenciones fiscales a la Iglesia pueden incurrir en una ilegalidad. ¿Cómo acabar de forma efectiva con los privilegios de la Iglesia?

Arsen Sabaté

Barcelona | @ArsenSabate

Miércoles 28 de junio | Edición del día

“Tu X es mi fe y es la casa que me dio acogida. Tu X es mi fuerza para seguir ayudando y mi esperanza. Tu X me ha ayudado a salir adelante. Porque detrás de cada X hay una historia, marca la casilla de la Iglesia en la Declaración de la Renta. Por tantos que necesitan tanto”. Este es el spot televisivo de la Iglesia Católica de 2016 pidiendo el sostenimiento económico de la institución por parte de los contribuyentes en su Declaración de la Renta. Un mantra que se repite año tras año, no para su mantenimiento, sino para seguir aumentando el patrimonio de una de las instituciones más vetustas y reaccionarias desde los siglos de los siglos. Amén.

Pero, por supuesto, esta no es la única forma que tiene la Iglesia de subvencionarse a costa del erario público y los sectores populares. Estos días se hacía pública la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), según la cual las exenciones fiscales a la Iglesia Católica en el Estado español pueden constituir una ilegalidad si se otorgan para actividades económicas.

El caso en concreto por el que el TJUE se ha pronunciado, y podría de esta forma sentar jurisprudencia, se remite a la petición del colegio La Inmaculada (Congregación de escuelas Pías Provincia Betania) en Getafe de la devolución de 24.000 euros a raíz de una reforma efectuada en su centro. Los escolapios pretendían el reingreso municipal abonado para la licencia de obras para ampliar su salón de actos.

El Ayuntamiento de la localidad madrileña de Getafe, por su parte, desestimó la devolución del impuesto municipal al considerar que la reforma no tenía una finalidad religiosa y presentó una instancia ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Madrid. Este, a su vez, remitió una cuestión prejudicial al TJUE con el fin de dirimir si la ayuda estatal que demandan los escolapios concurría en una ilegalidad.

En su deliberación, los magistrados del TJUE sentenciaron que "la exención fiscal controvertida puede constituir una ayuda estatal prohibida si las actividades ejercidas en los locales en cuestión son actividades económicas”. Es decir, si la actividad pasa del límite meramente religioso, esta incurre en una ilegalidad, como bien sería el caso de los escolapios. Y finalizan afirmando que, en caso de incurrir en una prohibición, el fallo debe corresponder a un juez nacional.

Este caso es solo uno de los pocos que ha llegado a hacerse público. Y ni que decir de los casos contados que han llegado a instancias judiciales. Pero, sin duda, la subvención de la Iglesia a costa de las arcas públicas, en detrimento de los presupuestos públicos que deberían ir destinados a los sectores populares y a la clase trabajadora, es el pan de cada día. Lejos queda la monserga de la “caridad fraterna” y la “moral católica, apostólica y romana” de ayudar al prójimo y especialmente a los más necesitados.

Sin embargo, esta ayuda “caritativa” que percibe la Iglesia no sería posible de no existir el Concordato entre el Estado español y la Santa Sede de 1979, por el cual la Iglesia se beneficia de múltiples exenciones fiscales que le permiten seguir aumentando su ya de por si enorme patrimonio.

La Iglesia Católica española es desde hace siglos una institución reaccionaria, defensora del orden impuesto por las clases dominantes y perseguidora de todas aquellas personas o colectivos contrarios al orden preestablecido. Así fue durante la edad media con la Santa Inquisición. Así fue durante la dictadura franquista. Y así sigue siendo a día de hoy contra el colectivo LGTBI y todo aquel o aquella que no se sienta identificado con la defensa de la familia (heteronormativa), la propiedad privada y el Estado. ¿Por qué entonces el Estado sigue permitiendo que una institución con semejante poder político y económico se beneficie a costa de los demás?

Acabar con el robo a cara descubierta por parte de la Iglesia sobre los sectores populares pasa, en primer lugar, por terminar con el Concordato e imponer la separación íntegra y efectiva de la Iglesia y el Estado, el fin de todo financiamiento público y los privilegios fiscales que le son concedidos y la devolución de todo el patrimonio expoliado por la Iglesia durante siglos. Una tarea que sólo podrá conquistarse mediante la activación de la movilización social.






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