Política

GENOCIDIO

Etchecolatz, cada vez más impune

Referentes de organismos de derechos humanos repudian el gravísimo fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que le dio el beneficio de la prisión domiciliaria a uno de los máximos genocidas del país.

Gloria Pagés

Hermana de desaparecidos | CeProDH | @Gloria_Pages

Sábado 29 de abril | Edición del día

Miguel Osvaldo Etchecolatz vuelve a ser noticia por la impunidad que lo ampara. La Cámara Federal de Casación Penal otorgó ayer la prisión domiciliario en la causa denominada Pozo de Banfield al represor que actuó como Director de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en la última dictadura cívico-militar y quien fuera mano derecha de Ramón Camps.

Aunque la medida no se hará efectiva, es un paso más que da el Poder Judicial en el sentido de la impunidad a los responsables del genocidio en Argentina.

La Cámara, máxima instancia de apelación en materia penal, atiende de esta manera los pedidos de la defensa del genocida Etchecolatz y desoye los reclamos de sobrevivientes y los organismos de derechos humanos.

El fallo fue dividido. Los jueces Liliana Catucci y Eduardo Riggi fueron quienes votaron a favor de otorgar el beneficio mientras que la jueza Ana María Figueroa lo hizo en disidencia. La fundamentación se basa en presuntos problemas de salud que, por supuesto, para los jueces son más relevantes que el hecho de que el condenado es uno de los genocidas más salvajes de la dictadura.

Así lo expresaron: “En atención a que el nombrado cumple con holgura el requisito etario establecido por el art.32 inc. ’d’ de la ley 24.660, a los padecimientos físicos que presenta y a que no advierto que se encuentre acreditado en autos el riesgo procesal de fuga de una persona de 87 años de edad y en las condiciones físicas en las que se encuentra, situación agravada ante el riesgo elevado de descompensaciones agudas que no descartan muerte súbita, informada por el Hospital Penitenciario Central de Ezeiza el 21 del corriente, razones de índole humanitarias me persuaden que en este caso particular corresponde que le sea otorgado el beneficio de la prisión domiciliaria”, dijo la jueza Liliana Catucci.

Su colega Eduardo Riggi coincidió: “Más allá de que a Miguel O. Etchecolatz se le atribuye la comisión de un delito de lesa humanidad, cabe resaltar que el análisis jurisdiccional sobre la posibilidad de conceder o denegar la prisión domiciliaria, no puede centrarse exclusivamente en la gravedad del delito reprochado”.

Previsiblemente el conjunto de los organismos de derechos humanos repudiaron esta decisión. [La Izquierda Diario] conversó con varios referentes de la lucha por juicio y castigo a los genocidas.

“Permitir una liberación masiva de represores”

Guadalupe Godoy, querellante en numerosas causas contra Etchecolatz e integrante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre señaló que “la Corte Suprema el 18 de abril sacó un fallo que en definitiva lo que termina permitiendo es una liberación masiva de represores, que no va a ser inmediata o simultánea pero sí va a ser por goteo. Lo que dice el fallo de Casación otorgándole a Etchecolatz la prisión domiciliaria es que le dan el beneficio porque la Corte dejó en claro que salvo que se acredite en un caso específico un riesgo de fuga, y a su vez aclara que no es probable pensar en una fuga de personas de determinada edad dada su situación física. Lo que está haciendo es dar un aval del poder judicial para que se produzca una liberación masiva. Si a eso le sumamos los discursos negacionistas de deslegitimación del movimiento de derechos humanos y de los juicios que ha habido durante todo este tiempo, se crea el contexto necesario para que se produzcan estas liberaciones”.

Una enorme contradicción. Así se refirió al hecho de que “si uno piensa que hace dos días se votó la reforma a la ley de ejecución penal que afecta a los que hoy pueblan las cárceles que son en general pibes y pobres, es bastante triste.”

Godoy agregó que “ninguno de los jueces tuvo en cuenta ni su responsabilidad en la desaparición de Jorge Julio López ni que el año pasado demostramos que la forma en que se habían ’agravado’ sus condiciones de salud era falseando los informes médicos del Servicio Penitenciario Nacional, por eso se ordenó una investigación contra los médicos del Servicio.”

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Myriam Bregman, abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), una de las abogadas de Julio López y precandidata del PTS/Frente de Izquierda a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, dijo a través de su cuenta de Twitter:

La voz de los sobrevivientes

Nilda Eloy, conmovida por este reaccionario fallo, reflexionó sobre lo “doloroso de esta noticia en un día como hoy, cuando circula una lista que dice que en abril una mujer fue asesinada por día. Mientras ante un violador, secuestrador, torturador de miles de mujeres hay jueces que creen que es posible que un sujeto así quede en libertad. Es doloroso y difícil de masticar porque, incluso en lo personal, mi vida no es lo mismo con Etchecolatz en prisión que con Etchecolatz en libertad”.

Eloy concluyó afirmando que “seguiremos luchando, buscando todos los resquicios posibles para que realmente un genocida de esta calaña termine sus días en donde debe terminarla, en la cárcel”.

Por su parte Laura Bretal sentenció que “no hay ningún beneficio que se le pueda otorgar a semejante genocida ni por razones de salud ni por ningún achaque, nunca se arrepintió, nunca dijo donde están los detenidos desaparecidos”.

Indignada por la notica, la exdetenida desaparecida agregó que “siempre, en todos los juicios, Etchecolatz se sintió orgulloso de haber dado las órdenes y haber sido uno de los ideólogos de la matanza, la masacre y del genocidio ocurrido en nuestro país y en especial en nuestra ciudad (La Plata) y nuestra provincia. Es un fallo repudiable desde todo punto de vista. Esperamos que no se concrete y sea en una causa como fue hasta ahora y que no se le otorgue la prisión domiciliaria a él ni a ningún otro genocida”.

“Vergonzoso”. Así calificó Carlos Zaidman a este fallo de Casación. “Me parece que no analizaron la historia de lo que es este genocida, no sólo no analizan lo simbólico sino que no analizan la peligrosidad que implica que un asesino, un chacal de esta calaña seriamente sospechado de ser responsable en la segunda desaparición de Julio López se encuentre nuevamente en la libertad de su casa, por supuesto sin ningún tipo de control y con la capacidad de organizar cualquier otro tipo de secuestro, cualquier otro tipo de desaparición de algún otro compañero”.

“A tono con lo que pide el diario La Nación”

El de Casación Penal es un fallo que perpetúa la impunidad”, declaró María Luz Santos Morón, abogada del CeProDH, integrante de Justicia YA! y querellante en juicios contra genocidas. “Se le está garantizando a uno de los máximos responsables del genocidio en la provincia de Buenos Aires quedarse a un paso de irse a su chalet en Mar del Plata a pasar el resto de sus días, cuando fue uno de los dueños y señores de la vida de cada uno de los compañeros que estuvieron secuestrados y desaparecidos en los centros clandestinos conocidos como Circuito Camps en la provincia de Buenos Aires”.

“Es un fallo que va en sinfonía con lo que resolvió la Corte Suprema, es decir que el máximo Tribunal de la Nación y el máximo Tribunal en materia penal se ponen a tono con lo que pretendía el diario La Nación en numerosas editoriales, apelando al negacionismo del genocidio, volviendo a la ’teoría de los dos demonios’ y también legitimando los dichos de funcionarios de este Gobierno que negaron a los 30 mil compañeros detenidos desaparecidos. Son quienes hablan de ’guerra sucia’, como el propio presidente Macri”.

La referente del CeProDH agregó que “desde Justicia YA! venimos reclamando y exigiendo que no se otorguen prisiones domiciliarias a genocidas porque no existen motivos reales, y en el caso de Etchecolatz ni siquiera los motivos de salud lo ameritaban ya que podía recibir la atención médica intramuros entonces no corresponde que se otorgue este privilegio; sumado a que es de de público conocimiento que fue uno de los responsables de la desaparición de Jorge Julio López por quien hoy seguimos exigiendo su aparición con vida”, concluyó.

“Vamos a seguir peleando”

Alejandrina Barry, también integrante del CeProDH, cuya madre embarazada estuvo secuestrada en el Pozo de Banfield, manifestó que “este nuevo fallo de Casación, sumado al de la Corte Suprema, demuestran que la impunidad a los genocidas es una política de Estado. Es muy grave. La causa en la cual se le quiere otorgar este beneficio es Pozo de Banfield donde soy querellante por mi mamá, quien estuvo detenida en 1975 embarazada de mi. Todavía no fue juzgado por su secuestro. Fueron muchísimos años de lucha por encarcelar a este genocida, recordemos los escraches a Etchecolatz durante el menemismo que fueron duramente reprimidos”, señaló.

“Esta impunidad se complementa con dar un salto en la represión para aplicar un ajuste brutal. Ayer los llamaban subversivos, hoy son los piqueteros violentos, diría La Nación, quien festeja y alienta esta política de impunidad y represión. Les decimos que vamos a seguir peleando hasta conseguir que esté preso”, concluyó Barry.

Cárcel común y efectiva

En noviembre pasado, en la Cámara de Apelaciones de los Tribunales Federales y ante la negativa del juez Kreplak en la causa Pozo de Banfield con respecto al pedido de prisión domiciliaria a Miguel Osvaldo Etchecolatz, se realizó la audiencia en donde la querella de Justicia YA! se pronunció con un fuerte rechazo.

Allí expusieron María Victoria Moyano, Clara Petrakos y Alejandrina Barry, todas hijas de desaparecidos; Nilda Eloy y María Laura Bretal, ex detenidas desaparecidas; y María Luz Santos Morón.

Una audiencia que anticipaba los durísimos rechazos que se vuelven a expresar hoy.

En ese momento, María Victoria Moyano Artigas, nacida en cautiverio en el Pozo de Banfield, dijo rotundamente: “A nosotras esto nos preocupa y estamos acá después de 40 años para decir que nos parece inconcebible que Miguel Etchecolatz pueda contar con un privilegio de prisión domiciliaria”. El reclamo es el mismo y con más fuerza.






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