SEMANARIO

¿Estamos en guerra? Apuntes sobre el consenso coercitivo

Juan Dal Maso

coronavirus
Fotomontaje: Juan Atacho

¿Estamos en guerra? Apuntes sobre el consenso coercitivo

Juan Dal Maso

La necesidad de responder a la pandemia de coronavirus ha generado un resurgimiento de las metáforas militares en el discurso público que –¡oh casualidad!– a su vez busca justificar un aumento de los mecanismos autoritarios del poder estatal. En este artículo repasaremos algunos de estos temas tal como se presentan en la realidad argentina para tratar de orientarnos más allá del discurso oficial, amplificado por los medios de comunicación y por grandes franjas de la población, especialmente las que tradicionalmente se denominan como “clases medias”.

¿Guerra o autoritarismo estatal?

“Guerra contra un enemigo silencioso”, “esto es una guerra pero contra un virus” y otras frases similares son las que sintetizan el modo en que el gobierno presenta la situación y ofrece una serie de medidas para intervenir frente a la pandemia.

Definiciones de este tipo no tienen ni pies ni cabeza desde el punto de vista conceptual. Una guerra supone dos bandos armados enfrentados (dos Estados en la guerra tradicional o dos clases en una guerra civil), con intención hostil y objetivos político-militares contrapuestos. Por más letal que sea el coronavirus, es evidente que no tiene tales atributos de voluntad ni de fuerza material.

Entonces ¿por qué el uso de este lenguaje y estas imágenes? Una primera explicación podría ser que se usa ese léxico para explicarle a la gente la gravedad de la situación. Sin embargo, decir por ejemplo “esta es una pandemia en la que muere o puede morir mucha gente como ya sucedió en tal y tal país”, sería suficientemente gráfico como para descartar las metáforas militares. La razón parece ser la de crear un clima de “unidad nacional”, objetivo también proclamado por el gobierno y estrechamente ligado al modo en que decidió enfrentar la pandemia.

La cuarentena generalizada obligatoria es una medida preventiva que se toma en vistas a reducir la “curva” de propagación del virus, en los marcos de un sistema de Salud que viene sufriendo un proceso de vaciamiento durante las últimas décadas. Dado que restringe de manera drástica la circulación de las personas, se requiere una autoridad fuerte para hacerla cumplir. Ahí tenemos entonces el discurso de la guerra y la política de crear mediante los mensajes oficiales y los medios de comunicación la idea de un “estado de guerra en la sociedad”.

Y como la guerra se hace contra un enemigo otro, extraño y hostil que amenaza a la sociedad y al Estado, puestos a garantizar la cuarentena, ese enemigo deja de ser el virus y pasa a ser el “pelotudo que no cumple la cuarentena”.

Bajo esta denominación se iguala, en una especie de reacción histérica masiva, a las personas de sectores pudientes que andan paseando por ahí, con aquellas que tienen que ir a trabajar sí o sí, o simplemente van al almacén de la esquina a comprar un poco de pan. No estamos en guerra, pero se crea una “propaganda de guerra” a la medida de los sectores medios que desde el dulce hogar le gritan al precarizado “quedate en tu casa”.

Las consecuencias de esta política están a la vista. Mientras cerramos este artículo, las personas detenidas o demoradas en todo el país por “romper la cuarentena” se cuentan por miles y los casos confirmados de coronavirus se cuentan por cientos. El gobierno de la provincia de Chubut –mediante la Resolución 28/2020– estableció que lunes, miércoles y viernes pueden ir a comprar alimentos las personas con DNI terminado en número par y martes, jueves y sábado, las que tienen DNI terminado en número impar. El domingo los negocios deben permanecer cerrados “para desinfección”. El gobierno de Neuquén, mediante decreto 0390/2020 impuso la prohibición de salir de la casa desde las 20 horas, habilitando a las fuerzas de seguridad a demorar “hasta dar aviso al Fiscal” (o sea que si quieren dejan a la gente detenida una buena cantidad de horas) a quienes no cumplan la prohibición. A esto se sumó luego la prohibición total de circulación de personas los días domingos mediante el decreto 0412/20. Con o sin decreto, medidas similares se están haciendo de hecho en ciudades de todo el país.

Más allá de las provincias en las que los gobernadores se muestran como “más papistas que el Papa” e introducen más restricciones aún que las del decreto nacional de aislamiento social obligatorio, el accionar de las fuerzas de seguridad en todo el país registra hechos similares. En estos días se han multiplicado los casos de policías de la provincia de Buenos Aires corriendo en moto a niños que iban al almacén, otros que obligaron a un grupo de jóvenes a hacer sentadillas y flexiones de brazos. En Neuquén un policía maltrató a un docente universitario que venía de hacerse diálisis, los gendarmes detuvieron a una persona con problemas respiratorios que había salido a comprar y la pusieron en un recinto lleno de gente varias horas, la policía interrumpió el paso a una trabajadora trans del Hospital Castro Rendón, retrasando su llegada al trabajo, poniendo en duda su carácter de trabajadora de Salud y llamándola por el nombre masculino que figura en su DNI. Policías en Rosario aparecieron amenazando a trabajadores de Pedidos Ya, que están obligados a trabajar. En Jujuy pusieron unas jaulas en Aceros Zapla para poner a la gente demorada. Estos son algunos de muchos más ejemplos que demuestran que en este caso la norma es funcional al abuso de autoridad. Que luego desafecten a uno o dos policías no hace al fondo de la cuestión.

Consenso coercitivo

En estos días circulan innumerables análisis sobre el impacto de la pandemia en la construcción de poder de Alberto Fernández. Desde encuestas que le dan un 80 % de aprobación, hasta artículos que plantean que se constituyó como una autoridad fuerte, independizándose del kirchnerismo, hasta otros que alertan sobre los problemas que deberá afrontar el gobierno al momento de lidiar con las consecuencias económicas generalizadas de la pandemia. Queremos llamar aquí la atención sobre ciertos mecanismos en los que se basa este fortalecimiento de la autoridad presidencial, que van más allá de ella y que posiblemente dejen ciertas marcas en la sociedad argentina hacia delante.

No cabe duda de que el gobierno está realizando una política de masas de gran alcance. No solo ha logrado aprobación para la figura presidencial sino un apoyo mayoritario a su política de aislamiento social obligatorio. Sus adherentes de paso se agrandan tanto, que muchos de ellos –especialmente quienes tienen como profesión la de deambular en Twitter– dedicaron el 24 de Marzo a atacar a la izquierda. En esto siguieron las indicaciones de su Presidente, empeñado en presentar a las actuales FF. AA. como democráticas. Pero el consenso mayoritario en torno a las medidas gubernamentales se basa en primer lugar en el miedo de la población a la pandemia y en segundo lugar en el carácter coercitivo de la cuarentena. Se puede objetar que el gobierno ha dispuesto, pero lo que más ha calado del conjunto de sus políticas es el “quedate en tu casa”.

Históricamente, las formas “aumentadas” de autoridad estatal que surgieron en el mundo de entreguerras y tuvieron continuidad durante la segunda posguerra, se basaron en una expansión del Estado hacia las organizaciones sociales y políticas no estatales. La estatización de los sindicatos y la integración al régimen de los partidos de la clase obrera fueron dos de sus principales características. Pensando en este proceso, cuya consecuencia era la constitución de un rol de policía para sindicatos y partidos, Gramsci acuño la categoría del Estado integral: “dictadura + hegemonía” (C6 §155) [1]. Este proceso de ampliación de los alcances de la autoridad estatal implicaba a su vez formas híbridas de la relación entre coerción (atribuida mayormente al aparato represivo) y consenso (atribuido a la esfera de la opinión pública y las organizaciones no estatales). En términos lo más sencillos posibles: aunque el monopolio de la fuerza lo tenga el “núcleo duro” del Estado, la “sociedad civil”, sea bajo la forma de la opinión pública o de ciertos aparatos específicos como la burocracia sindical paraestatal también puede reprimir a su manera. Veamos en qué medida algunas de estas cuestiones históricas y teóricas se presentan en la actual situación argentina.

En primer lugar, si bien en Argentina los sindicatos están estatizados y la mayoría de ellos apoya la política del gobierno, su rol de “policía” –más allá de su extrema moderación y subordinación al gobierno– ha quedado en segundo plano en la presente crisis en relación con el rol de la opinión pública. Las organizaciones sociales que agrupan sectores de desocupados y trabajadores de la economía popular tampoco son los interlocutores privilegiados del gobierno, aunque muchas se inscriben en su propia órbita. El presidente actúa como vocero principal de su propio gobierno e interpela de manera directa a cada individuo o núcleo familiar, convocando a la disciplina social y la obediencia a las fuerzas de seguridad, más allá de cualquier organización intermediaria. Una masa –compuesta especialmente por los sectores medios y altos de la sociedad y convenientemente cebada por la mayoría de los “periodistas”– se alinea con su política y empieza a jugar un rol de policía en el sentido amplio señalado en su momento por Gramsci:

¿Qué es la policía? Sin duda, no es solo la organización oficial, reconocida y habilitada jurídicamente para la función de la seguridad pública, como se entiende habitualmente. Este organismo es el núcleo central y formalmente responsable, de la “policía”, que es en realidad una organización mucho más vasta, en la cual, directa o indirectamente, con vínculos más o menos precisos y determinados, permanentes u ocasionales, participa una gran parte de la población de un Estado (C2 §150).

En este proceso social de “ampliación” de la policía descansa una gran parte de la aprobación actual que tiene el presidente. Esa cuasi-unanimidad en torno de la política del gobierno, basada en estos mecanismos de interpelación disciplinaria, presencia policial en sentido estricto y ampliación de la policía mediante el recurso a la opinión pública, podría ser denominada como “consenso coercitivo”. Sin pretensiones de un excesivo rigor conceptual, esta denominación intenta aludir a la combinación específica de coerción y consenso que está utilizando el gobierno en este momento: es un consenso creado en torno a una política disciplinaria y también mediante ella, de modo tal que el crecimiento de la autoridad presidencial se basa en gran medida en una relativa derechización ¿coyuntural? de la sociedad. No podemos saber qué ocurrirá en el futuro, pero es probable que muchos “progres” y también peronistas que quieren un “Estado fuerte” estén aplaudiendo medidas y sumándose a una opinión pública que más tarde se volverán contra ellos mismos.

Su ideología y la nuestra

Esta especie de bloque entre los sectores del antiperonismo tradicional y el gobierno difícilmente pueda sostenerse más allá de la pandemia. Sin embargo, en el momento actual aparece como sólidamente unido, tras la consigna de unidad nacional y la figura del presidente.

Los análisis triunfalistas de que “ahora los liberales piden más Estado” están prescindiendo de que desde la óptica contraria se podría argumentar que ahora los “populistas” piden más policía, pedido mucho más vehemente en comparación y que engloba el deseo de orden de unos y otros y que posiblemente prepare nuevas capitulaciones para los “antineoliberales”.

En un contexto donde las opciones económicas del gobierno son acotadas por su opción de pagar la deuda, la “vuelta del Estado” tiene mucho más componentes de control policial que de “Estado redistribuidor”. Si los actuales “policías civiles” que se cuentan por millones querrán seguir cumpliendo similares funciones en el futuro, es una incógnita, igual que el futuro en general. Sin embargo, el peso ideológico de este proceso en curso dejará sus marcas: el individualismo, la desconfianza hacia el vecino, la defensa a ultranza de las fuerzas represivas, el intento de callar las voces críticas por el solo hecho de no decir lo mismo que los voceros del consenso coercitivo, difícilmente se terminen automáticamente con la pandemia. Por eso resulta incomprensible el análisis de los “intelectuales albertistas” que ven en esta alianza entre el individualismo reaccionario de los sectores medios y el gobierno el comienzo del fin del individualismo. Estaría siendo uno de los “colectivismos” más raros que ví en mi vida.

Desde esta óptica, la lucha por oponer otros valores alternativos a la ideología de este consenso coercitivo, para evitar que se consolide como un sentido común duradero en amplias franjas de la sociedad está a la orden del día. Cuestionar los avances contra las libertades democráticas, defender la lucha de clases contra los intentos patronales de imponer a la clase trabajadora y el pueblo pobre los costos de la crisis económica, postular los ejemplos de miles de experiencias de lucha, organización y solidaridad obrera y popular en todo el mundo que unen el combate contra la pandemia con la defensa de los derechos de la clase trabajadora, incluso en la Argentina, oponer al salvataje de las grandes empresas una salida a favor del pueblo; son todas peleas imprescindibles para el momento actual pero también para encarar lo que vendrá.

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NOTAS AL PIE

[1Todas las citas y referencias de los Cuadernos de la cárcel con indicación de Cuaderno y parágrafo (§) han sido tomadas de Quaderni del carcere, Edizione critica dell’Istituto Gramsci a cura di Valentino Gerratana, Torino, Einaudi, 2001, cotejando las traducciones con las de la versión en español de Cuadernos de la Cárcel, Ediciones Era, México D.F., 1984.
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Juan Dal Maso

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Nacido en Bs. As. en 1977, vive en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Integrante del Partido de los Trabajadores Socialistas desde 1997, es autor de los libros El marxismo de Gramsci. Notas de lectura sobre los Cuadernos de la cárcel (Ed.IPS, 2016) y Hegemonía y lucha de clases. Tres ensayos sobre Trotsky, Gramsci y el marxismo (Ed. IPS, 2018), así como de diversos artículos sobre problemas de teoría marxista. Forma parte de la Asociación Gramsci Argentina.
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