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El gobierno de Trump quiere prohibir el derecho al aborto

Así lo afirmó su vicepresidente, Mike Pence, en un acto con una organización antiabortista. En Estados Unidos el aborto es legal desde 1973. Otro avasallamiento contra un derecho elemental de las mujeres.

Miércoles 28 de febrero | 11:55

No sólo en Argentina se escuchan voces reaccionarias contra los derechos de las mujeres. En Estados Unidos, donde al aborto es legal, la administración Trump lo quiere prohibir. El vicepresidente norteamericano, Mike Pence, arremetió hoy para prohibir la práctica del aborto "en nuestro tiempo", consagrada legalmente en el país desde el 22 de enero de 1973 a través de un histórico fallo dividido de 7 contra 2 de la Corte Suprema de Justicia, conocido por el nombre de la causa, Roe vs. Wade.

"Si todos hacemos todo lo que está en nuestras manos, podemos restituir, otra vez y en nuestro tiempo, la santidad de la vida en la ley estadounidense", dijo Pence durante un acto de una organización antiabortista en Nashville, Tennessee. "En lo más profundo de mi corazón -agregó-, sé que esta será la generación que restaurará la vida en Estados Unidos".

El Tribunal Supremo norteamericano legalizó el aborto en 1973 al declarar inconstitucional cualquier interferencia del Estado en la decisión de la mujer sobre el embarazo. No obstante, en los últimos años varios estados han obstaculizado el acceso al aborto al promulgar restricciones amparadas en la religión.

Pence cuenta con el apoyo del propio Donald Trump, quien ha creado un grupo dentro de su Gobierno destinado a defender a los doctores que, alegando motivos religiosos, se niegan a practicar abortos. Asimismo, hace poco más de un año, Trump firmaba una orden ejecutiva que prohibía el uso de fondos del Gobierno para subvencionar a grupos que practiquen o asesoren sobre el aborto en el extranjero. Una ley aprobada hace más de cinco décadas ya prohíbe que las organizaciones extranjeras usen fondos del Gobierno estadounidense para llevar a cabo abortos o alentar su práctica, pero Ronald Reagan en la década del 80 fue más allá al impedir siquiera la concesión de fondos a cualquier grupo que usara otros medios financieros para conseguir esos fines.

Todo esto llevó a Pence a definir a Trump como el "presidente más pro-vida" de la historia, pasando por alto las miles de muertes por abortos clandestinos que se producen año a año en todo el mundo.

Pero hay otro antecedente contra el derecho al aborto en la administración Trump. En octubre del año pasado, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una ley que criminaliza todos los abortos pasadas las 20 semanas de gestación, con castigos que incluyen multas y hasta cinco años de cárcel.

Sin embargo, la mayoría de los estados estadounidenses no cuenta con un lugar en el que abortar, por lo que un tercio de las mujeres tiene que viajar más de 40 kilómetros para poder poner fin al embarazo. Además, hay periodos de espera, visitas obligatorias a clínicas, leyes que obligan a notificar a los padres u obstáculos judiciales, además de los altos costos del procedimiento, ya que la Enmienda Hyde (una disposición legislativa de restricción del uso de ciertos fondos federales para pagar abortos con excepciones para incesto y violación) se encarga de asegurar que los fondos federales no puedan ser empleados para interrumpir embarazos. Es decir, a pesar de ser legal el aborto, el Estado norteamericano hace lo imposible para obstaculizar el derecho de cada mujer a decidir qué hacer con su propio cuerpo.







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