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Entrevistas: el pueblo kolla llegó a la capital de Jujuy en reclamo de sus derechos

Ayer alrededor del mediodía y hasta horas de la tarde, más de 250 personas de diversas comunidades llegaron a la capital de la provincia para manifestar su rechazo ante las políticas que los afectan y violan sus derechos.

Viernes 24 de marzo | 14:27

Denunciaron el extractivismo saqueador y contaminante. Expresaron que desde la sanción de la ley 24.071 en 1992- adhesión al convenio n° 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes- y la reforma constitucional del año 1994 (art 75 inciso 17), los gobiernos no han cumplido a la fecha con los derechos inscriptos en las mismas.

La marcha que partió el 16 desde Casira, llegó por las rutas hasta la capital; los manifestantes comparaban esta medida al Malon, pero bajo las consignas de derogación de la ley 5915/16 ( ley de la servidumbre); contra los despojos territoriales, la contaminación del medio ambiente, la megaminería, la persecución judicial; por una educación intercultural bilingüe, contra de la criminalización de la protesta social indígena y contra la instalación de la planta fotovoltaíca en Piedra Negra.

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Desde La Izquierda Diario, acompañamos la lucha de los pueblos indígenas y denunciamos el despliegue policial intimidatorio que realizó el gobierno provincial, en la plaza central.

Respecto de las demandas que impulsaron la marcha, Minki Soto, referente de la Comunidad Inca Cueva señalaba “la ley 5915 a nosotros no nos favorece porque dice que el gobierno se estaría haciendo cargo de nuestras tierras; el gobierno a nosotros nos había dicho en una primera instancia que iba a cambiar algunos artículos, pero nosotros no queremos modificaciones, queremos que se derogue.”

Por su parte Marcelo Vargas, referente de la Comunidad de Rodero agregaba que “la ley de servidumbre abre la puerta a la invasión literal de nuestro territorio no solo para el gasoducto, sino oleoducto, electroducto, etc; quieren todos todos los recursos naturales. Solamente entre comillas dicen que se va a consultar a las comunidades que tienen título de propiedad comunitaria, lo que significa un 10% de las comunidades, es decir que el 90% del territorio está sometido a esta ley que se va a aplicar hasta por la fuerza. Incluso a las comunidades que tienen título se les va a consultar, pero en caso de diferencias se va a ir a juicio, donde ya sabemos que van a fallar a favor del Estado; nos están atacando por todos lados. Y esta lucha no es solo de los pueblos de Jujuy, sino que sabemos que Macri a nivel nacional está permitiendo la extranjerización de los territorios y la mayor injerencia de los capitales imperialistas.”

La referente de Inca Cueva denunció además el recrudecimiento de la represión y la persecución por protestar. “Nosotros queremos que esto se modifique, más bien que se deroguen estas leyes que han salido, no sólo por nosotros sino por toda la sociedad, porque los compañeros de los sindicatos tampoco se van a poder manifestar” declaraba en relación al código contravencional y las medidas persecutorias que el gobierno de Morales-Haquim impulsa contra las comunidades que luchan en defensa de su territorio, que son las mismas que utilizó contra los docentes, los obreros del Ingenio Ledesma y la Esperanza, etc.

Para finalizar, Soto declaró “la megaminería es otro problema, están llegando grandes empresas multinacionales a nuestra quebrada, no queremos que el gobierno venda lo que nosotros tenemos como patrimonio. Esto contamina la tierra, las personas y los animales se van a tener que ir de ahí.” y sobre el conflicto de su comunidad declaró “este conflicto viene desde hace más de 10 años, nunca tuvimos respuestas de ningún gobierno, ellos nos hacen juicios y cuando nosotros pedimos hacerlos ellos nos ponen cautelar sobre cautelar, ganamos 2 juicios pero nos quedan 13. El gobierno siempre está del lado de los que se quieren hacer dueños de nuestro territorio, en enero cuando intentábamos construir una vivienda la policía nos reprimió con una orden vieja, inválida; estamos constantemente pegados a la policía, no nos dejan ni tocar una piedra”.

Severio Olmos, de la comunidad Pucara por su parte opinó sobre a Secretaría de asuntos indígenas que impulsa el gobierno como organismo de mediación entre los pueblos y el Estado provincial. “No es legal para el derecho indígena porque no se nos consultó sobre esto; además vemos que la usan como punta de lanza para entrar a las comunidades y dividirnos; convencen a nuestros hermanos y los hacen firmar para no ser parte de causas por las que hace años nos levantamos y organizamos. Nosotros queremos se nos respete como pueblo, queremos ser partícipes de cada legislación que se haga, la ley lo establece; para nosotros las leyes se hacen con el consenso del pueblo. La 5915 se hizo entre gallos y medianoche y avasalla todos los derechos, derechos constitucionales de los pueblos y la Secretaría de asuntos indígenas no respondió a nuestros reclamos.”

La marcha finalizó en horas de la tarde tras un acto donde las diferentes comunidades expresaron sus reclamos.

Entrevistó: Maximiliano Llanos








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