Política

REPRESIÓN Y CRIMINALIZACIÓN

En los planes de Macri los derechos democráticos son un estorbo

Cinco jóvenes siguen detenidos desde el 14 de diciembre. Algunos ni siquiera se habían movilizado contra la reforma previsional. Causas armadas para inmovilizar el amplio descontento popular.

Rosa D'Alesio

@rosaquiara

Sábado 6 de enero | Edición del día

Durante la movilización del 14 de diciembre fueron detenidos decenas de manifestantes e incluso algunas personas fueron “levantadas” al boleo por la Gendarmería. Por orden del juez federal Claudio Bonadio cinco de esas personas continúan en prisión.

Los motivos con los que justificó la Cámara Federal el rechazo al pedido de excarcelación de los jóvenes interpuesto por la defensa es que estos podrían “entorpecer medidas de prueba en marcha”.

Según consta en la resolución de la Cámara, firmada por los jueces Eduardo Farah y Leopoldo Bruglia, “se encuentran en curso las medidas orientadas a la obtención y análisis de la totalidad de los registros fílmicos del día de los hechos (...) En este escenario, la restricción de su libertad se presenta como la única alternativa viable para garantizar los fines de este proceso”.

Los jueces niegan la excarcelación bajo la excusa de que los imputados podrían entorpecer el proceso judicial, cuando en realidad no han encontrado hasta ahora pruebas que justifiquen la detención. O dicho de otro modo, la verdadera causa por la cual fueron detenidos y continúan en esa situación, es la de dar un mensaje represivo contra todos aquellos que pretendan utilizar su legítimo derecho a manifestarse.

La Cámara Federal interpreta muy bien los mensajes del presidente Mauricio Macri, que públicamente se expresó en contra de que se excarcele a quienes participan de protestas sociales.

Uno de los cinco jóvenes detenidos en la jornada del 14 de diciembre, Esteban Rossano, no participó de la marcha sino que viajaba en el subte. Cuando bajaron los gendarmes a “cazar” manifestantes encontraron a Rossano asistiendo a una señora descompuesta por los gases tóxicos que la misma fuerza arrojó en ese lugar cerrado. Terminó preso y con su mochila cargada de piedras y volantes de dos organizaciones políticas distintas. Cuando el joven fue indagado denunció que todo eso se lo habían plantado.
Hoy esas piedras y volantes son la principal “prueba” que tiene el juez.

Como denunció el abogado de Rossano, Adrián Albor, “Aun teniendo fe en que el procedimiento no ha sido fraguado, la posesión de los panfletos y las piedras no pueden justificar un encierro preventivo”.

De los cuatros detenidos restantes, dos viven en situación de calle, y suelen dormir frente a la Plaza del Congreso. Desde ese lugar se los llevaron a la comisaría. Mientras que los otros dos fueron detenidos cuando llegaron a la Comisaría Cuarta para reclamar por la libertad de sus compañeros.

A los jóvenes les imputan intimidación pública y coacción para impedir sesionar al Congreso que pretendía aprobar la contrarreforma previsional.

A cargo de judicializar a los manifestantes (y armarles causas) se encuentra el juez de la servilleta, Claudio Bonadío, quien está llamando a indagatoria a los 44 detenidos del 14 de diciembre.

El 18 de diciembre, ante una masiva movilización obrera, nuevamente el Gobierno ordenó desalojar la plaza. Esta vez la tarea estuvo a cargo del Ministerio de Seguridad porteño, y el responsable político el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta.

La Policía de la Ciudad junto a la Federal desalojaron la plaza lanzando balas de gomas, gases lacrimógenos y tirando sobre los manifestantes los vehículos de esas fuerzas. Nuevamente fueron detenidos decenas de manifestantes, mientras que más de 80 personas fueron hospitalizadas, cuatro de ellas perdieron la visión de un ojo.

Mientras esta brutal represión se sucedía, la prensa oficialista instalaba el discurso del Gobierno invirtiendo la carga de la prueba: “La Policía no reprimió sino que repelió a los violentos”. Este discurso habilitó a continuar la persecución a los manifestantes por la vía judicial. El 28 de diciembre el juez Sergio Torres dictó órdenes de captura para César Arakaki y Lucas Sauret, ambos militantes del Partido Obrero. A César le dictaron la prisión preventiva y a Lucas tuvieron que liberarlo porque testigos declararon que ese día no estuvo en la marcha. Días más tarde el juez liberó otra orden de arresto para otro militante del Partido Obrero.

La criminalización de la protesta social continúa en marcha, la impunidad para los represores también.

Mientras Patricia Bullrich ascendió a Emmanuel Echazú, uno de los gendarmes responsables de la represión en la que desapareció y murió Santiago Maldonado, siguen en libertad los prefectos responsables del asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, el joven mapuche que reclamaba por sus tierras en Villa Mascardi, Bariloche.

Leé también Patricia Bullrich y el ascenso de Echazú: una política para agigantar la impunidad

Tampoco se identificó a los miembros de las fuerzas represivas responsables de dispararle en el tobillo al obrero de Zanon, legislador neuquino y dirigentes del PTS-FIT Raúl Godoy durante el desalojo a los obreros de la maderera MAM de Neuquén.

Tampoco identificaron a los policías que les sacaron un ojo a cuatro personas que se movilizaron el 18 de diciembre.

Criminalizar la protesta, desalentar la movilización popular

Las masivas marchas obreras para impedir que se apruebe el saqueo a los jubilados fueron el principal motivo que inspira al Gobierno a utilizar el aparato represivo para desalentar a quienes quieran movilizarse para reclamar por sus derechos.

El desafío de la coalición gobernante es modificar la relación de fuerza a favor del empresariado. Porque no les alcanza con los tarifazos y el saqueo a los jubilados. Quieren más. Buscan transferir a la gran patronal aún más ingresos del pueblo trabajador. Para esto aspiran a lograr un aumento de la explotación de la fuerza de trabajo mediante la reforma laboral.

Para avanzar en esta nueva medida, el Gobierno debe instaurar el terror entre los que se movilizan. Por un lado detener a algunos manifestantes mientras continúa con la campaña contra “los violentos”. Esto último tiene por objetivo separar las masivas movilizaciones obreras de los millones que simpatizaron con la lucha contra el robo a los jubilados.

Para esta tarea el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich y los servicios de inteligencia espían las redes sociales de los militantes de distintas organizaciones políticas para armar causa militantes. E incluso llegan a extremos burdos como la supuesta colocación de una “bomba” en la sede de la Policía Federal con panfletos de organizaciones de izquierda.

Quieren borrar las masivas movilizaciones obreras y populares del 14 y 18 de diciembre abriendo causas judiciales. Pero a pesar de la campaña del Gobierno y la prensa oficialista, de la traición abierta de la CGT y del inmovilismo de la dirigencia kirchnerista, en los lugares de trabajo y en las calles crece el descontento popular con las políticas del macrismo.

El Gobierno está dispuesto a avanzar. Pero en el movimiento obrero y los sectores populares los engaños de Cambiemos ya no convencen. En los próximos meses se verá qué desarrollo tiene ese choque inevitable. El canto cada vez más escuchado en las movilizaciones, “unidad de los trabajadores y al que no le gusta se jode”, marca una tendencia auspiciosa para hacer fracasar los planes oficiales.

El jueves 11 de enero a las 17 horas está convocada una nueva movilización a Plaza de Mayo en defensa de las libertades democráticas, por la libertad inmediata de todos los presos políticos y por el cese de las persecuciones y la criminalización contra quienes luchan por sus derechos laborales, sociales y políticos. Nadie puede faltar a la cita.








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