Política

DERECHOS HUMANOS

En jujuy: Luis Labraña, ex montonero, avala la impunidad y pone en duda la cifra de desaparecidos

En un entrevista a un medio local, Luis Labraña reniega de su experiencia militante, niega que sean 30.000 los desaparecidos y llama a liberar a los militares condenados por el genocidio de los años ‘70.

Andrea Gutiérrez

Concejala del PTS-FIT en San Salvador de Jujuy

Guillermo Alemán

Concejal del PTS-FIT en San Salvador de Jujuy

Miércoles 15 de febrero de 2017 | 17:13

En el dia de ayer, Luis Labraña, arrepentido miembro de Montoneros, fue entrevistado por un medio local, declaró “yo inventé que fueron 30.000 los desaparecidos”, poniendo en duda la cifra establecida por los organismos de DD HH como estimación de la cantidad de desaparecidos durante la dictadura militar. Labraña plantea que, habría sido una cifra escogida al azar por él mismo, para que la represión de la dictadura fuera reconocida como genocidio por los organismos internacionales, y que les permita hacer un supuesto negocio con indemnizaciones que cobran las víctimas del golpe de estado que involucra lavado de dinero. Además el entrevistado realizó un llamado a la liberación de los militares presos y a la “reconciliación nacional”.

De esta manera Radio 2, se suma a campaña, iniciada por La Nación al asumir Mauricio Macri como presidente de la Argentina, con el objetivo de negar la magnitud de los crímenes cometidos por la dictadura cívica-militar, y rehabilitar la teoría de los dos demonios, que presenta el golpe de Estado como una guerra entre dos bandos, donde los militares solo respondieron a la violencia de las organizaciones guerrilleras. Labraña planteó que solo hubieron excesos por parte del bando militar, y por momentos se dedicó a reivindicar plenamente a los crímenes cometidos con la dictadura militar.

Cabe destacar que Radio 2 pertenece al multimedio provincial de gran llegada, perteneciente a Eduardo Cammuso, ex diputado del PJ, al cual pertenecen el canal por cable "Canal 2", sitios web como "jujuyalmomento.com" y varias radios del interior de la provincia. Este medio se alineo con el gobierno radical de Gerardo Morales y ha reproducido cada una de sus campañas de difamación y ataque a las fuerzas políticas y sindicales opositoras, y ahora le da micrófono a un detractador de la lucha contra la impunidad de los ejecutores del golpe genocida del `76.

Frente al debate sobre la cifras de los desaparecidos, las declaraciones de Luis Labraña, se suman a las que miembros del gabinete de cambiemos cómo Lopérfido, Gómez Centurión, Olmedo y otros funcionarios del gobierno macrista expresaron públicamente y que no solo pisotean la memoria de las víctimas y son una afronta a los familiares de los que sufrieron las detenciones, las torturas, el secuestro de bebés y el asesinato planificado por la junta militar para imponer en la argentina su agenda económica y política; sino que también es un ataque a la militancia que denunció desde el primer momento los crímenes y peleó contra la impunidad, el propio Rafael Videla hablaba en estos términos sobre el alcance de la represión: “La sociedad argentina, cambiante, traicionera, no se hubiere bancado los fusilamientos: ayer dos en Buenos Aires, hoy seis en Córdoba, mañana cuatro en Rosario, y así hasta cinco mil, diez mil, treinta mil.”

En un articulo de Izquierda Diario firmado por Miguel Bonazo, “Los numeros del horror” se habla ampliamente del tema.

Entre otros datos se menciona que Alconada Mon, periodista de investigación, publicó en el mismo La Nación, una nota fechada en Washington que llevaba el siguiente copete: “Treinta años después del golpe militar, nuevos documentos desclasificados muestran que los militares estimaban que habían matado o hecho desaparecer a unas 22.000 personas entre 1975 y mediados de 1978, cuando aún restaban cinco años para el retorno a la democracia”,“El cálculo -continuaba el artículo- aportado por militares y agentes argentinos que operaban desde el Batallón 601 de Inteligencia a su par chileno Enrique Arancibia Clavel, aparece entre los documentos que logró sacar a la luz el Archivo de la Seguridad Nacional de la Georgetown University, y a cuyas copias accedió La Nación”.

Por otro lado se habla de tener en cuenta el número de centros clandestinos de reclusión, que ya en 1984 sumaban 365. Si en la ESMA solamente pasaron más de 5.000 personas y sobrevivió un puñado que apenas sobrepasa los cien; si el general Ramón Camps se jactaba de que bajo sus órdenes habían perecido cinco mil subversivos en la provincia de Buenos Aires; si por el Campito de Campo de Mayo habían pasado otros cinco mil y la Perla de Menéndez y el “Nabo” Barreiro había sido el calvario secreto de más de dos mil, ¿de cuántos estamos hablando? Si a todo esto se agregan los prisioneros del Operativo Independencia y los de toda la provincia de Tucumán, bajo control del general Antonio Domingo Bussi, las cifras que van de 3000 a 9000 inclusive, son ridículas, si se suma todos los centros clandestinos identificados hasta el día de hoy es altamente posible que el número de 30 mil, que tanto irrita a la clase dominante y sujetos como Luis Labraña se quede muy chico.

La negación de la cifra de 30.000 y la búsqueda por desprestigiar la lucha de los organizaciones de derechos humanos y organizaciones políticas de izquierda que durante y posteriormente a la dictadura pelearon contra la impunidad que gozaron los responsables militares y civiles, tiene un doble objetivo para las clases dominantes y sus escribas a sueldo: por un lado mantener intacto el aparato represivo, que Macri usa contra la lucha de trabajadores y organizaciones populares y políticas opositoras para llevar adelante sus planes de ajuste y represión; y por otro lado busca hacer retroceder la conciencia popular que extensivamente ha rechazado la dictadura militar y sus aberrantes crímenes, con los que muchos de los funcionarios del actual gobierno han tenido vínculos o han sido directos colaboradores.

Las dudas sobre las cifras y la magnitud del genocidio que impulsan los sectores simpatizantes con la dictadura militar, sólo se responderán con la apertura inmediata de los archivos secretos de la SIDE y las fuerzas armadas,una medida elemental que ni el gobierno kirchnerista, que se quiso apropiar de las banderas de los DDHH, tomó. Las declaraciones de Labraña y el gabinete de CEOs son una muestra que no alcanza con el debate histórico, sino que es preciso fortalecer la lucha en defensa de los derechos humanos, contra la impunidad, por la memoria, la verdad y la justicia; el próximo 24 de marzo debe encontrarnos, también en Jujuy, con estas banderas en alto.







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