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OPINION

En La Esperanza podemos ganarle a Gerardo Morales

Mientras crece el apoyo popular a los trabajadores del ingenio La Esperanza, se hace cada día más necesario un plan de lucha coordinado para derrotar el ajuste del gobierno y de las patronales.

Alejandro Vilca

Diputado PTS/FIT Jujuy | @vilcalejandro

Gastón Remy

Docente universitario | Facultad Cs. Económicas UNJu

Jueves 11 de enero | 14:41

Los primeros días del año arrancaron con miles de despidos en el Estado y en el sector privado de todo el país, a los cuales sumaron un festival de nuevos beneficios para los empresarios con tarifazos en el transporte, el gas y la luz, mientras la inflación no afloja.

En la provincia sigue la dura pelea de los trabajadores del ingenio La Esperanza contra los 400 despidos; en el sector de la salud despiden con la excusa de la baja de contratos y la patronal de Ledesma despidió a 40 activistas de la última huelga.

El gobernador Gerardo Morales que fue uno de los más fervientes lobbistas de la reforma previsional que le saca $100.000 millones a los jubilados y a los más humildes, pese al repudio de esta Ley que le costó a Macri un fuerte retroceso en su imagen, pretende ir por más. Se juega a preparar el terreno a favor del ajuste fiscal y de la Ley de reforma laboral que Cambiemos trataría en febrero.

Como saben que el rechazo a la Ley de reforma previsional despertó un nuevo estado de ánimo en amplios sectores obreros y populares, ahora intentan desbaratar toda resistencia. La experiencia de las jornadas del 14 y el 18D no pasó en vano y el pueblo trabajador difícilmente deje pasar nuevos ataques.

En este sentido es que luego de fracasar el intento de quebrar la resistencia de los trabajadores del ingenio La Esperanza con una brutal represión y la detención ilegal de 25 obreros, entre ellos, los principales dirigentes sindicales, el gobierno pretende acorralar al sector que pelea por recuperar sus puestos de trabajo.

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Recurren al chantaje económico abonando en cuotas el salario de noviembre y adeudando el aguinaldo y el premio de zafra (Art. 49); pero también presionan haciendo política al mostrar la imagen de trabajadores que aceptan el traslado al Estado y poniendo un plazo de 10 días en enero para que terminen de arreglar su desvinculación. Para que este plan se vea viable los grandes medios le dan una ayuda enorme al gobierno mostrando “normalidad” en el ingenio y ocultando los despidos y la falta de pago.

Mientras aprietan a los despedidos, van por la quita de conquistas laborales de los 600 obreros que según el gobierno deberían continuar como condición del acuerdo firmado con el sospechoso grupo inversor Omega Energy. Un claro ejemplo del sentido antiobrero de la reforma laboral en carpeta que sería una de las condiciones necesarias para que se efectúan las tan anunciadas inversiones de Cambiemos.

Quieren doblegar la resistencia de la vanguardia

Si tanto insisten con atacar a los trabajadores y familias de La Esperanza es porque se trata de un sector de vanguardia que ha mostrado un ejemplo de resistencia desde la quiebra en 1999 y que puede inspirar a las nuevas generaciones que salgan a luchar.

Esta política de disciplinamiento el gobierno la deja correr de manos de patronales genocidas como la empresa Ledesma que inició el despido de los activistas de la huelga de septiembre como denuncian los concejales del PTS-FIT y, en el Estado sembrando terror con las bajas de contratos, cuando hay miles en todas las dependencias trabajando bajo esa modalidad precaria desde hace años.

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Junto con el chantaje económico y la campaña mediática millonaria con la que justifica los despidos en La Esperanza, el gobierno mantiene el poder de fuego de su Justicia adicta. Sostiene las causas penales a los 25 trabajadores detenidos, con la complicidad del juez de la quiebra, Juan Pablo Calderón, que nunca se pronunció por los despidos, o el caso del juez laboral Gustavo Toro que no emitió dictamen alguno sobre las presentaciones en defensa de los trabajadores que se hicieron ante su juzgado.

Este accionar de disciplinamiento social que imparte la Justicia tiene como marco provincial el encarcelamiento ilegal de Milagro Sala que prorrogaron por un año más, montando un show mediático con allanamientos y excavaciones para justificarlo; con causas penales como sucedió con periodistas detenidos por ser solidarios con los trabajadores en La Esperanza o sobre concejales como Miguel López (PTS-FIT) que apoyaron el paro de los azucareros de Ledesma en septiembre pasado. Recordemos además que entre los despidos de La Esperanza se encuentran ex candidatos del PTS-FIT como Silvio “Choper” Egüez y Walter Farfán, otro ejemplo de persecución política.

La Justicia local es una de las mejores alumnas del endurecimiento de la aplicación del Código Penal contra los trabajadores y los opositores que tiene el saldo de detenciones políticas sobre los militantes del Partido Obrero, César Arakaki y Dimas Ponce, que fueron parte de las manifestaciones contra la reforma previsional en diciembre.

El PJ o una oposición a la medida de Cambiemos

Cada una de las principales medidas antipopulares de Cambiemos si pudieron avanzar, es en gran medida, por la colaboración del PJ. Desde los gobernadores como Alicia Kirchner hasta los legisladores que votaron a favor de la Ley contra los jubilados y la ley de reforma impositiva a la medida de los empresarios. Por no mencionar el apoyo a las más de 83 leyes que le permitieron a Macri avanzar durante su primer año de gobierno.

En Jujuy el gobierno de Gerardo Morales cuenta con la colaboración del PJ que como “oposición responsable” le ha aprobado sus principales proyectos y en el caso de los ataques a los trabajadores no han ido más allá de una tibia preocupación como en La Esperanza durante los primeros días del conflicto.

La cuestión de fondo es que el PJ encabezado por el empresario Rivarola (y en las sombras el ex vicegobernador y empresario Jenefes) comparte los mismos objetivos de negocios de Cambiemos. Por eso, están a favor de la venta del ingenio a un grupo que aparece en los Panamá Papers como Omega Energy y nadie puede pensar que las directivas hacia sus diputados y senadores nacionales van a ser en contra de la reforma que ajusta el costo laboral tal como exigen a gritos las grandes patronales de las cuales ellos son parte.

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Las direcciones sindicales sostienen la pasividad, mientras los trabajadores quieren luchar

En las últimas semanas vemos la emergencia de una mayor disposición a resistir por parte de sectores de trabajadores, como se ve claramente en los obreros de La Esperanza que siguen de pie y en los trabajadores del ingenio Ledesma que se movilizaron en El Talar contra los despidos, en los estatales que realizaron una movilización masiva el 18D o en los obreros de Aceros Zapla que venían de duros golpes y retomaron acciones para exigir el pago de sus salarios. Estos son algunos ejemplos locales que cobran eco en otros lugares del país como los metalúrgicos en Santa Fe, los estatales de la UEP en La Plata o los trabajadores Fabricaciones Militares que movilizaron junto a miles de pobladores de la localidad de Azul contra los despidos.

Sin embargo, frente al cambio de ánimo de los trabajadores las direcciones sindicales como la CGT dejan pasar los ataques y en el caso de la CTA sostienen una política de resistencia pasiva, en donde prima la negociación con el gobierno y las patronales, por sobre impulsar verdaderos planes de lucha que eleven la moral de los trabajadores, coordinen cada uno de los conflictos en asambleas de delegados, unan sus reclamos al pueblo, cuestión de poner en movimiento a la única fuerza social que puede derrotar los planes de ajuste.

En La Esperanza donde se juegan un caso testigo para avanzar hacia disciplinar al conjunto de los trabajadores como parte de la política de cambiar la relación de fuerzas, luego del traspié del gobierno tras la liberación de los detenidos y el enorme apoyo popular que recibieron los azucareros, era el momento de impulsar con más fuerza la movilización por la reincorporación de los trabajadores y no sólo esperar las reuniones con los funcionarios. Esta era una buena oportunidad que la dirección sindical está dejando pasar mientras el gobierno se mantiene inflexible con los despidos y presiona para que todos arreglen su desvinculación.

Por su parte, la CTA, a la cual pertenece el sindicato azucarero, no tomó una sola medida de lucha contra los despidos, tampoco lo hizo la Federación Azucarera Regional. Y de los pocos gremios solidarios, como ATE o SEOM, participaron de algunas acciones que convocó el sindicato pero sin aportar ninguna medida que fortalezca un conflicto muy duro, que de triunfar fortalece la pelea de los estatales, municipales y de todos los trabajadores.

Plan de lucha y coordinación desde las bases para frenar los despidos

Luego de la gran muestra de solidaridad con los obreros azucareros detenidos y con su reclamo, nuestra apuesta es por rodear de solidaridad y fortalecer la organización de los trabajadores que quieren defender sus puestos de trabajo.

Por eso, nuestros diputados Alejandro Vilca, Natalia Morales y Eduardo Hernández junto a las abogadas del Ceprodh denunciaron a los fiscales Sergio Lello Sánchez y Silvia Farral que junto al Juez Oscar Samman mantenían ilegalmente detenidos a los trabajadores, y fuimos parte de ayudar en la organización de las mujeres y familiares de los detenidos que con su movilización y acampe permitió liberar a 21 trabajadores antes de navidad y en los días posteriores a los restantes.

Con el aporte de 200.000 pesos de las bancas del PTS-FIT y el lanzamiento de una campaña solidaria para el fondo de huelga nos jugamos a que no quiebren por hambre a los obreros y familias que quieren pelear por su reincorporación. Si las organizaciones sindicales y políticas que rechazan los despidos en ILE se proponen aportar e impulsar el fondo de huelga se podría fortalecer en gran medida la pelea por la reincorporación de todos los despidos.

A partir del duro conflicto de La Esperanza y el nuevo estado de ánimo de los trabajadores, se desprenden algunas conclusiones centrales para el triunfo de los trabajadores y de cara las batallas por venir.

Para derrotar el plan de ataques del gobierno y las patronales es necesario que las centrales sindicales y las direcciones gremiales rompan con la pasividad y las negociaciones y convoquen a un verdadero plan de lucha contra los despidos y a la vez rodeen de solidaridad a cada uno de los conflictos para que no queden aislados.

Esta pelea que venimos dando con los compañeros y compañeras que conforman el Movimiento de Agrupaciones Clasistas (MAC), a la vez, que estamos en la primera fila de la defensa de cada uno de los sectores atacados, es la que necesitamos poner en pie en la provincia construyendo agrupaciones de obreros azucareros, docentes, estatales, municipales, etc. que peleen en cada lugar de trabajo y gremio por organizar a todos aquellos que quieren resistir los ataques, exigiendo asambleas y planes de lucha a las direcciones burocráticas, y así empezar a abrir paso a una salida de fondo a la miseria del capitalismo y conquistar un gobierno de los trabajadores. Este es el desafío que tenemos quienes integramos el MAC como parte de apostar todas nuestras fuerzas al triunfo de los trabajadores porque no podemos permitir que a los trabajadores nos roben La Esperanza.








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