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En Jujuy también la educación pública vale más que sus ganancias

Una mirada y una propuesta desde la izquierda ante la crisis que atraviesa la educación pública, mientras continúa el paro docente en las universidades.

Gastón Remy

Docente universitario | Facultad Cs. Económicas UNJu

Jueves 1ro de junio | 00:39

En el artículo“La educación pública y nuestras vidas vale más que sus ganancias”, mi compañero docente y sociólogo, Christian Castillo, se pregunta sobre la crisis de la educación pública en el país, por qué está en crisis, quiénes son los responsables y qué salida tiene.

Estos interrogantes también nos los hacemos con los docentes con quienes trabajo en la Universidad y en la escuela secundaria. Si partimos de la crisis que atraviesan los distintos niveles del sistema educativo en Argentina y nos detenemos a pensar en la realidad provincial, vemos que la situación es un tanto más compleja. Y esto se debe al contexto social en donde el 42% de la población está por debajo de la línea de pobreza, con salarios de $8.500 por debajo del promedio que gana la mitad de los trabajadores en todo el país, alto desempleo y niveles insoportables de trabajo en negro y precario.

Si comenzamos por el caso de la Universidad Nacional de Jujuy es muy preocupante la deserción estudiantil, porque cada 20 estudiantes que se inscriben solo 1 puede finalizar sus estudios. Con becas que da la UNJu de 4.700 pesos anuales y otras que da la Nación que llegan a los 10.800 pesos anuales (PNBU), el sistema es completamente insuficiente, y sobre el mismo, se monta todo un aparato clientelar de punteros del PJ y la UCR que desde los Centros de Estudiantes y agrupaciones tienen a los jóvenes de rehenes como es el caso más extremo de la Facultad de Humanidades.

Por fuera de los que acceden a la educación, se encuentran más de 27.000 jóvenes que no tienen derecho ni al trabajo ni al estudio. Que configura un triste contexto de altos índices de suicidio en niños y adolescentes con un promedio de 89 casos por año entre 2005 y 2015.

En un contexto del fin de ciclo económico que tuvo el “viento a favor” en latinoamérica, los mismos autores de las reformas de descentralización de los sistemas educativos y de la privatización de la educación superior, advierten que existe un serio peligro de retroceso de sectores populares que habían accedido a la educación universitaria en los últimos diez años por primera vez.

Ante esta situación es que proponemos una medida de urgencia para frenar la deserción de nuestros estudiantes: becas integrales de estudio equivalentes a media canasta familiar, hoy becas de 11.500 pesos por mes, para que ningún joven ni todos aquellos que deseen estudiar alguna carrera superior se queden sin poder hacerlo. Solo con los 60.000 millones de pesos que dejaron de pagar los empresarios del campo y de la minería con la quita de retenciones se podría garantizar el acceso a estas becas para 400.000 personas por año.

Docentes e investigadores precarizados

Para el caso de los docentes de la UNJu, el 42% tienen dedicación simple y de ellos, su mayoría no llega siquiera al salario mínimo vital y móvil fijado en enero en 8.060 pesos. Y ante la falta de una verdadera carrera docente, la salida es buscar otros trabajos dentro y, en muchos casos, fuera de la educación. Y cuando hablamos de casos extremos de precarización laboral, también los hay en la Universidad, con contratos a término o directamente sin salario como es el caso de los adscriptos que también incluye a estudiantes que ejercen la docencia. Esto último cuenta con el aval de la Ley de Educación Superior (LES) vigente desde el año 1995 y de las autoridades universitarias.

El panorama para los científicos del Conicet y que trabajan en la Universidad no es para nada alentador. Así como a nivel país hubo fuertes protestas contra el recorte del presupuesto, en la UNJu en 2016 hubo una caída también del número de plazas disponibles para la carrera de investigadores, sólo 3 personas ingresaron.

Los privilegiados de siempre

El contraste de la mayoría de los estudiantes, docentes y no docentes que conforman la UNJu respecto de las autoridades es abismal. El rector Rodolfo Tecchi cobra $170.000 de bolsillo por mes, muy lejos de los 5.200 pesos de un ayudante de primera (dedicación simple). Y estos privilegios se hacen extensivos al resto de las autoridades de las cuatro facultades: Humanidades, Económicas, Agrarias e Ingeniería.

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Este año luego de la represión policial a estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias en un acto de violación de la autonomía universitaria, vimos a las autoridades retroceder de la votación del Consejo Superior que repudió la represión y se pronunció por la derogación del Código Contravencional. En pocos días recompusieron relaciones con el gobierno provincial. Y no es extraño puesto que los unen no sólo los privilegios; sino también el objetivo de ligar a la UNJu a sus planes de favorecer los negocios de los empresarios en materia de energías renovables y convenios con empresas que no las mueve el interés por el conocimiento ni la ciencia, sino su sed de ganancias.

Otro problema serio es la falta de oferta académica de carreras masivas en todo el país como Derecho o Psicología por parte de la UNJu. La respuesta a esto es la apertura al negocio privado de la educación. Es el caso de la Universidad Católica de Santiago del Estero que brinda estas carreras con un arancel que parte de los 3.000 pesos por mes y que restringe claramente el acceso a la educación. Ni hablar de aquellos jóvenes o interesados en estudiar la carrera de medicina que deben hacerlo en Salta o Tucumán si es que pueden afrontar los costos que ello implica.

Por eso es que planteamos la anulación de la Ley de Educación Superior, y todos los convenios con las empresas y el gobierno, y poner fin a los negocios de los posgrados pagos, la acreditación de carreras con la CONEAU que exigen los empresarios y los subsidios a la educación privada. Y peleamos por un sistema educativo nacional estatal, único y laico.

Ganadores y perdedores de la descentralización presupuestaria

Al igual que en el país cuando descendemos a los otros niveles educativas encontramos situaciones más difíciles aún. Desde la descentralización de la educación implementada por el menemismo, las provincias con sus presupuestos se hicieron cargo de sostener las escuelas, colegios e institutos terciarios, como parte de una política de profundizar los pagos de la deuda externa como prioridad indiscutible.

La Ley de Financiamiento Educativo que votó el kirchnerismo no modificó esta situación estructural y el gasto en educación como porcentaje del gasto público total viene en franco descenso desde el 2009. Ahora el Presupuesto Nacional 2017 de Cambiemos que votaron los senadores del PJ-Frente para la Victoria, dispone 247.000 millones de pesos para el pago de la deuda pública, un 10,5% del gasto total; mientras para Educación y Cultura destinan $160.000 millones un 6,8%; a las Universidades un 3% y a Ciencia y Técnica 0,59% del gasto total.

Nosotros proponemos que el presupuesto educativo sea del 10% del PBI sobre la base del no pago de la deuda externa e impuestos a extraordinarios al 1% más rico de la población.

En la provincia cuyo presupuesto público depende en más del 80% de fondos nacionales es una dura realidad el mal estado de la escuelas, en particular las del interior, sumado a ello los pocos recursos que se vuelcan del presupuesto por alumno por año. Según datos de 2014 del Informe Educativo Nacional (edición 2017), se destinaron $17.309 por alumno en la primaria, $21.929 en secundaria y $10.190 en terciarios.

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Paralelamente sobre esta realidad, Jujuy encabeza el ranking de las provincias en donde más creció la matrícula en colegios privados, un 58,7% entre 2006 y 2015, y este resultado se da junto con ser una de las pocas provincias en donde además la matrícula de la escuela pública retrocedió 3,2% en el mismo período.

Es una realidad palpable que el negocio de los escuelas privadas se acentuó en los últimos años como una opción de las clases medias, pero también de los sectores populares, ante la posibilidad de contar con un servicio todo el año, dado que no hay derechos a la huelga por parte de los maestros y profesores, aunque a cambio las familias deben pagar altas cuotas mensuales.

Y este negocio, como en todo el país cuenta con el apoyo del Estado, que giró 254.333.000 pesos a los colegios privados en 2014 en subsidios, el equivalente casi al 7% del presupuesto de Cultura y Educación para ese mismo año.

Si esta tendencia tuvo lugar durante varios años de fuerte crecimiento de la economía y del envío de fondos del presupuesto nacional, mejor no pensar cuál puede ser el futuro en manos de un gobierno que viene aplicando un recorte del gasto público nacional y en las provincias en donde promueve una nueva Ley de Responsabilidad Fiscal.

El marco más general de falta de recursos y precarización de la educación tiene sus resultados sobre la juventud, solo 41,68% de los jóvenes termina el secundario en tiempo y forma según datos de 2014. Y en el caso de los más de 28 mil estudiantes de los institutos terciarios afrontan una problemática histórica por las dificultades de inserción en el sistema educativo como profesores o maestros debido a los sistemas de puntaje y las pocas ofertas de cargos en toda la provincia.

En el plano de los salarios docentes el mínimo es de 9.672 pesos (un 42% de la canasta familiar hoy en $23.000) y las condiciones laborales muy duras que tienen que llevar los docentes a trabajar dobles turnos, o aún más duro en las escuelas rurales o de localidades de la Puna que tienen largas jornadas hasta llegar a las escuelas, tomando transportes precarios y por caminos en mal estado. El año pasado, casi lamentamos víctimas fatales de un grupo de docentes que quedó varado en medio de un temporal de nieve en la zona de Valle Grande por la falta de medios de comunicación.

Este sacrificio lo comparten jóvenes docentes que hacen sus primeras prácticas en colegios del interior, ante la falta de puntaje para acceder a los cargos en la zona capital y alrededores; pero también muchas maestras que ante los bajos salarios optan por escuelas en donde paguen zona desfavorable para jubilarse con algunos pesos más. Para revertir esta realidad, proponemos duplicar ya el salario docente con recursos de Provincia y Nación y que una jornada laboral docente de 6 horas (4 frente a clase y 2 extra clase) cubra la canasta familiar. Hay que terminar con el fraude laboral y todo el salario tiene que ir al básico para computar antigüedad, aguinaldo y vacaciones.

Porque como decimos, nuestra educación pública vale más que sus ganancias, la salida a la crisis educativa no puede venir de los ministros, funcionarios y tecnócratas que defienden los intereses de los empresarios. Necesitamos pelear por un Congreso Educativo Nacional en donde padres, docentes y estudiantes demos una respuesta propia y contundente porque en la educación pública también se nos va la vida.








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