Géneros y Sexualidades

LEY 3 CAUSALES ABORTO

En seis meses de vigencia se realizaron 111 abortos por Ley de tres causales

La Ley de Despenalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Tres Causales fue aprobada en septiembre de 2017, a seis meses un primer balance de su implementación.

Martes 3 de abril

Hasta mediados de marzo de este año, el detalle de las intervenciones de acuerdo a la información que entregó el Ministerio de Salud a través de la Ley de Transparencia, es la siguiente; 50 de los abortos han sido por peligro de vida de la madre, 35 por inviabilidad del feto y los 26 embarazos interrumpidos restantes fueron por violación. Estas intervenciones se han realizado en diferentes hospitales en decenas de ciudades como Curicó, Castro, Arica, Valparaíso y Santiago, entre otras.

Estas intervenciones han sido principalmente a través de medicamentos como el Misopostrol o Mifespristona, así como también por medio de la aspiración por vacío, que es cuando se aspira el contenido del útero en la mujer.

No obstante, la ley de aborto en tres causales se ha visto limitada en su ya restringida aplicación, sobre todo en el sector privado con la modificación del protocolo de objeción de conciencia que pueden solicitar como institución, medida impulsada por el gobierno de la derecha. Cabe destacar, que esta ley sólo abarca el 3 % de abortos que en la realidad se practican, más allá de las tres causales.

Durante el fin de semana la derecha tuvo una ofensiva contra la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile por publicar un instructivo para abortar con pastillas de Misopostrol, práctica difundida, pero de acceso limitado por su costo y porque su uso sigue en los márgenes de la clandestinidad. Pero lo que deja en evidencia es que los abortos se realizan igualmente y que debe ser el Estado el garante de que esos abortos se hagan en condiciones seguras en el hospital.

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En ese sentido, la objeción de conciencia a la que se han apegado instituciones privadas repone el debate respecto a la salud privada, donde las mujeres deben asumir costos más altos que los varones y los planes tienen diversas restricciones para usar las prestaciones de salud, razón por la cual el aborto debe ser garantizado por el Estado también para las mujeres que se atienden en el sector privado.

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