Política

INFORME ANUAL

En 2019 hubo más de 5000 casos de tortura en cárceles y comisarías de Argentina

Así lo informó el Registro Nacional de casos de tortura, en la conmemoración de los diez años de su creación. “El sentido político es mostrar la existencia sistemática de la tortura”, planteó la socióloga Daroqui en la presentación del informe.

Viernes 30 de octubre | 19:08

Foto: La tinta

A través de una conferencia virtual, fue presentado el Informe Anual correspondiente al año 2019, del Registro nacional de casos de tortura y /o malos tratos, que realizan de forma conjunta la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), la Procuración Penitenciaria de la Nación y el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (GESPyDH) del Instituto Gino Germani.

Hicieron uso de la palabra Adolfo Pérez Esquivel y Roberto Cipriano García, por parte de la CPM; Francisco Mugnolo, procurador penitenciario de la Nación; Juan Manuel Irrazabal, presidente del Comité Nacional de Prevención de la Tortura. Martín Unzué, director del Instituto Gino Germani. Alcira Daroqui, coordinadora del GESPyDH también estuvieron presentes junto a Juan Méndez, exrelator sobre tortura de la ONU.

Este informe es el resultado del trabajo de inspecciones a los lugares de encierro de la provincia de Buenos Aires y del ámbito federal y del monitoreo de las prácticas policiales en el territorio, que llevan delante de manera conjunta los tres organismos públicos mencionados desde hace diez años, en defensa de los derechos de las personas que “selectiva y discrecionalmente son capturadas por las distintas agencias del sistema penal”

Todos los disertantes destacaron la importancia de este trabajo conjunto que pone en primer orden la cotidianeidad y naturalización en que se ejercen prácticas violentas y represivas en los distintos dispositivos de encierro del Estado. Y reafirma, como lo planteó Alcira Daroqui en su intervención, el objetivo político de su elaboración: “hacer visible la tortura contra los sectores más desposeídos, que son los que habitan las cárceles, los violentados por el capitalismo”

La presentación del registro de las violaciones a los derechos humanos acontecidos en las cárceles bonaerenses y federales se enmarca en un contexto de pandemia y mayor punitivismo que profundiza las terribles condiciones en que se encuentran las personas privadas de su libertad.
“La pandemia exacerbó las condiciones en las cárceles. Hoy se sabe muy poco sobre qué se hizo para preservar el derecho a la salud y al prevención de la enfermedad”, sostuvo Juan Méndez.

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Por su parte, Cipriano García, quien estuvo presente en Guernica, afirmó “Hoy vimos de manera descarnada de lo que hablamos cuando hablamos de tortura en Argentina”, en relación al brutal desalojo de las familias que ocupaban tierras en Guernica, por más de 4000 agentes de la Policía Bonaerense; denunciando el control policial en los territorios como en los lugares de encierro como parte la gobernabilidad hacia los sectores vulnerados por parte del Estado.

Datos crudos, personas reales

En estos diez años de registro, más de 14 mil víctimas denunciaron alrededor de 50 mil hechos de torturas y/o malos tratos producidos por agentes penitenciarios y de seguridad
Durante el año 2019, 1.448 víctimas denunciaron 5.200 hechos de tortura y/o malos tratos producidos por agentes penitenciarios y de seguridad.

En 13 cárceles de la provincia inspeccionadas, se registraron 439 víctimas de 2.358 hechos de tortura; en su mayoría jóvenes. Una denuncia recurrente en este último tiempo es el traslado de las personas detenidas por distintas unidades penales como forma de castigo, donde se combinan distintos tipos de tortura: asilamientos reiterados, falta de acceso a la salud, desvinculación familiar, agresiones físicas, robo de pertenencias.

En el sistema federal, por su parte 1.009 víctimas denunciaron 2.842 hechos de tortura y/o malos tratos: malas condiciones de detención, agresiones físicas. Sobresalen denuncias sobre el aislamiento, que los disertantes han definido como “un encierro dentro del encierro”, justificado y volviéndose parte de la rutina cotidiana de la cárcel.

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También hay un registro sobre las violaciones a los derechos humanos a mano de las fuerzas de seguridad en el territorio de acción. En provincia de Buenos Aires 108 víctimas denunciaron 482 hechos de tortura, en su mayoría, por la policía bonaerense durante la aprehensión, el traslado y la detención en comisarías.

La tortura, herramienta estructural del Estado

Los datos que arroja el informe, de público acceso desde las páginas web de los organismos participantes, nos hablan del sostenido uso de la tortura en sus múltiples dimensiones: agresiones físicas, mala alimentación, falta de acceso a la asistencia sanitaria, desvinculación familiar y social por los traslados compulsivos.

Durante estos diez años, los organismos que trabajan en la elaboración de este informe han dado cuenta de lo estructural de la violencia como forma de gobierno. “De lo estructural del gobierno penitenciario en el marco del poder de castigar a través del ejercicio sistemático de las violencias”, agregó Daroqui.

Es parte de una política criminal que genera y legitima prácticas violentas por parte de agentes del Estado, donde el poder ejecutivo diseña e implementa una política que persigue a los pobres (clientela privilegiada) y los condena. “El poder legislativo aprueba leyes que dan el soporte normativo necesario; y el poder judicial garantiza la impunidad”, agregaron desde la CPM. “El poder judicial se vuelve cómplice y legitimante de las fuerzas de seguridad”, sostuvieron los exponentes.

El fortalecimiento de las políticas de seguridad por parte del gobierno nacional y provincial, visto en Guernica, en el plan de construcción de más cárceles y en los cientos de casos de violencia policial con el caso de Facundo Astudillo Castro como muestra extrema, da sobradas muestras cuáles son sus prioridades frente a la crisis.







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