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Emergencia laboral en el Estado: la izquierda propone frenar despidos y cesantías

El proyecto fue enviado al Congreso por Nicolás del Caño y Nathalia González Seligra. El objetivo es que la crisis no recaiga sobre los trabajadores.

Viernes 14 de septiembre | 22:30

Un reciente informe del Centro CEPA (Centro de Economía Política Argentina) señala que, en los primeros siete meses de 2018, se registraron 12.532 despidos en el empleo público. De estos, 7.652 correspondieron al ámbito gubernamental; y, 4.880, a empresas de capital estatal.

El dato, de por sí duro, se torna escalofriante si se agrega que implica un aumento del 543 % en relación a los despidos ocurridos en el mismo período de 2017. La información aparece citada en los fundamentos de un proyecto de ley presentado por el bloque del PTS-FIT en la Cámara de Diputados.

Nicolás del Caño y Nathalia González Seligra proponen enfrentar la emergencia laboral en el ámbito de la Administración Pública Nacional. Pasando en limpio, buscan que se establezca la continuidad de los contratos que finalizan de aquí a fin de año; que se prohíban los despidos; se reincorpore a los despedidos; y se establezca el pase a planta permanente de los trabajadores y trabajadoras.

González Seligra precisó que “como ya lo hicieron con los jubilados, ahora el Gobierno de Macri está decidido a avanzar sobre los más vulnerables que son los trabajadores precarizados en el Estado”.

Del Caño, por su parte, destacó que “desde el Frente de Izquierda venimos denunciando que preparan la legalización de un nuevo saqueo con el Presupuesto acordado a espaldas del pueblo con los gobernadores y el PJ y dictado por los especuladores de siempre”.

La propuesta aparece justamente en un contexto signado por la ofensiva del gobierno contra los trabajadores estatales, en función del ajuste pedido por el FMI, que está en vías de ser acordado con los gobernadores peronistas.

Ese ajuste ya se viene llevando adelante como lo marcan las cifras antes mencionadas. Hace dos semanas se informaron casi 600 despidos en el ex Ministerio de Agroindustria. El correspondiente reclamo de los trabajadores fue, además, reprimido por la Policía de Rodríguez Larreta.

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En la última semana su sumaron las cesantías de decenas de médicos en el Hospital Posadas, en la zona oeste del Conurbano bonaerense. Una decisión que generó un fuerte cimbronazo social.

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Si se toma en cuenta un período más extenso, se hace necesario sumar los despidos ya anunciados en el INTI, Vialidad Nacional, Fabricaciones Militares o la agencia Télam, por solo señalar algunos ejemplos.

De fondo, por parte del gobierno existe una decisión de avanzar con el ajuste del llamado “gasto público” por medio del recorte de personal y la unificación de ministerios. Sin embargo, ese “ahorro” es contrapesado por el aumento creciente del pago de la deuda pública al capital financiero internacional y a los grandes especuladores.

Terminar con la precariedad

En su proyecto la izquierda propone no solo la suspensión de los despidos sino también de la finalización de cualquier tipo de contratos. La cuestión es importante. Es ampliamente conocido el carácter precario de una fracción importante del trabajo en el Estado, uno de los principales ejecutores del fraude laboral que se comete desde hace décadas en las dependencias no sólo de la Administración Pública Nacional.

En el artículo 3º se establece que la prohibición de despidos “se aplicará sobre todas las trabajadoras y trabajadores cualquiera sea su relación contractual, sean permanentes, transitorios, de asistencia técnica, contratados, becarios o monotributistas, o figuras similares de acuerdo a normativas especiales vigentes en materia de empleo público”.

En el siguiente artículo, el proyecto de la izquierda plantea además el pase a planta permanente para todo empleado que “se encuentre trabajando, con un mínimo de antigüedad de 3 (tres) meses desde su ingreso, bajo los regímenes de personal transitorio, contratado, de asistencia técnica, becarios, monotributistas o figuras similares de acuerdo a normativas especiales vigentes en materia de empleo público”.

Inmediatamente después se exigen el goce de “todos los derechos y garantías del personal de planta permanente conforme a las normas vigentes con carácter retroactivo al día de la fecha real de ingreso”.

En su proyecto la izquierda plantea la conformación de Comisiones de Trabajadores y Trabajadoras para la Fiscalización y Seguimiento en cada oficina pública, donde también participen los sindicatos del sector.

El objetivo de estas comisiones es que permitan lograr la regularización de las condiciones laborales en el Estado planteadas por el proyecto que propone la izquierda, bajo el control de los propios trabajadores.







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