Política

ZONA SUR DEL GRAN BUENOS AIRES

El uso del crimen del chofer para promover una campaña de mano dura

Las principales empresas periodísticas y el Gobierno aprovechan el dolor de los compañeros y familiares de Carlos Sánchez para imponer en la agenda una campaña reaccionaria.

Viernes 16 de junio | Edición del día

La mañana del jueves comenzó con el fuerte paro de colectivos en la zona sur del Gran Buenos Aires a raíz del asesinato del conductor de la línea 514, Carlos Sánchez. El hecho generó un paro total de actividades por parte de los choferes de 62 líneas de la zona y fue el tema casi exclusivo en la mayoría de los grandes medios de comunicación.

Los principales canales de televisión no perdieron la oportunidad de montarse sobre el dolor de los compañeros de trabajo y familiares del chofer e imponer nuevamente en la agenda el tema de la inseguridad desplegando una campaña reaccionaria. Así también lo hicieron los funcionarios como Cristian Ritondo, quien se reunió con el hermano de la víctima, el intendente de Almirante Brown, dirigentes de la UTA, del Ministerio de Trabajo y el nuevo jefe de la Bonaerense Fabián Perroni.

En la reunión que encabezó el ministro de Seguridad provincial fueron cuatro las medidas que se consensuaron. A partir de ahora los choferes aceptarán que la Policía los detenga para revisar las unidades, se agudizarán los controles a motociclistas, trabajarán en una reglamentación para la instalación de cámaras en los vehículos y quedará constituida una mesa de trabajo permanente.

El dolor y la conmoción que atraviesan la familia de Carlos Sánchez y los choferes que compartían sus horas de trabajo con él es utilizado para explotar los peores sentidos comunes y reforzar un imaginario donde la única solución posible sería aplicar “mano dura”. El primer ingrediente de esta vieja receta envenenada, como siempre, será saturar las calles con mayor presencia policial y darle más poder a una de las mafias más poderosas de la Provincia de Buenos Aires.

Pero el nuevo consenso derechista que buscan instalar no sólo es fogoneado desde los altos mandos del oficialismo PRO o la cabeza de la Bonaerense. Días atrás Martín Insaurralde, intendente del FpV en Lomas de Zamora, había hecho lo mismo tras el asesinato de un chico en ese distrito. Verónica Magario por su parte reclamaba para La Matanza el “blindaje” con el que contaría la Ciudad de Buenos Aires alegando que el Gobierno provincial le “impide tener las mismas posibilidades”.

Incluso hasta el dirigente sindical de la UTA, Roberto Fernández, se sumó a este coro reaccionario y aseguró que lo que se vive “es peor que una guerra” mientras sin ponerse colorado decía no sentirse seguro “ni con guardaespaldas”. “Hay que terminar con la inseguridad que nos rodea y la droga que nos está llevando puestos”, afirmaría después.

Lo que ninguno dice ni reconoce jamás es que la apuesta de llenar las calles de policías es darle más poder a los principales responsables del delito organizado, la gran mafia que maneja el narcotráfico, la trata y el negocio de autopartes en los desarmaderos. Los encargados de reclutar a los pibes que viven en las condiciones de más absoluta miseria y precariedad, donde el abuso policial es moneda corriente, y forzarlos a robar para ellos.

En un contexto de aumento de la pobreza, desempleo, inflación y tarifazos, darle más poder a la Policía es contribuir a ese caldo de cultivo en donde muchos jóvenes no tienen más opción que aceptar hacer el trabajo sucio de los uniformados o sufrir las amenazas, torturas y hasta la muerte, como ocurrió en el tristemente célebre caso de Luciano Arruga.

Los medios machacarán insistentemente. Los políticos de los partidos tradicionales intentarán sacar tajada pensando en las elecciones. La Policía buscará limpiar su imagen de corrupción y podredumbre y salir de una crisis de legitimidad que la atraviesa por entera. La inseguridad es un negocio rentable para aquellos que nada tienen que ver con las condiciones de vida de los trabajadores, mientras para los últimos no es más que un charco de barro y sangre que cuenta con el amparo del régimen político.

Terminar con las mafias que lo garantizan es indispensable y por eso es necesario contrarrestar una campaña que lo único que busca es garantizar el poder y la impunidad con la que cuentan.






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