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ELECCIONES EN CUBA

El sistema electoral cubano, nada que ver con una democracia obrera y socialista

Las autoridades cubanas defienden el sistema electoral afirmando que es una “democracia participativa”, más democrática que el “multipartidismo” de las democracias representativas capitalistas, con sus campañas políticas costosas y su corrupción.

Domingo 26 de noviembre | Edición del día

Los grandes medios de prensa internacional y un vasto coro de analistas liberales critican esto como una “dictadura”, para ellos, la única “democracia” que merece tal nombre son las repúblicas con que se reviste la dictadura social del capital en nuestros países, como la democracia corrupta y golpista de Temer en Brasil, el régimen de Honduras, la democracia pospinochetista en Chile o la república defendida por el PRO, el PJ y el kirchnerismo.

Los socialistas revolucionarios, que luchamos por una república de trabajadores, que será mil veces más democrática que cualquier república capitalista, no creemos que el sistema cubano se acerque siquiera a una auténtica democracia socialista.

Un sistema electoral para plebiscitar el bonapartismo burocrático

Las autoridades cubanas se han ocupado de difundir la normativa electoral ampliamente ante las elecciones de este domingo, según se puede consultar por internet en Granma, Juventud Rebelde y otros medios oficiales.

Según la Constitución, se realizan elecciones parciales, para elegir delegados a nivel local cada dos años y medio, y generales, para elegir representantes a las Asambleas provinciales y diputados nacionales cada cinco años. El sistema establece una estructura “piramidal”: las asambleas municipales eligen de entre sus miembros al gobierno a nivel local; de los delegados electos a nivel municipal se escoge el 50% de los candidatos a las Asambleas provinciales y Nacional, que eligen el órgano de gobierno ejecutivo correspondiente, a nivel nacional, el Consejo de Ministros.

El derecho de proponer y nominar a los candidatos se ejerce en asambleas generales de electores de áreas de una circunscripción electoral, de la que aquellos sean electores.

Según la norma, los candidatos no pueden realizar ninguna actividad a favor de su candidatura. Esta función es exclusiva de las Comisiones Electorales, para todos los candidatos por igual. Todos los gastos de las elecciones son asumidos por el presupuesto del Estado, por tanto ningún candidato tiene que aportar un solo centavo. Esto garantiza que no circule ni se debate ninguna idea política fuera de las que el régimen difunda. Tampoco pueden establecer lazos entre sí los candidatos que compartan opiniones políticas comunes.

La Comisión Nacional Electoral tiene la potestad de interpretar según su arbitrio la legislación electoral, incluso anular las elecciones en circunscripciones que no sean satisfactorias para ordenar nuevas elecciones.

Las comisiones de candidaturas municipales, provinciales y nacionales se integran de acuerdo al calendario electoral para elaborar las listas de candidatos a delegados a las Asambleas municipales, a las Asambleas Provinciales y las candidaturas a diputados a la Asamblea Nacional. Si bien los mismos son nominados en asambleas de electores, pasan por los “filtros” bien aceitados del régimen para impedir cualquier elemento incómodo. Por ejemplo, las biografías de cada candidato aprobadas por las autoridades electorales sólo exponen los “méritos alcanzados en la vida social”… lo que automáticamente favorece a quienes hayan escalado en las instituciones al amparo de las autoridades, además de permitir descalificar o rebajar a aquél candidato no deseable, sin que éste pueda hacer una “contrapropaganda”.

Las “organizaciones de masas” reconocidas por el Estado son las que preparan las listas de precandidatos a diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) de 612 miembros, así como los proyectos de candidaturas a Presidente, Vicepresidente y Secretario de la ANPP, y de la futura composición del Consejo de Ministros, con sus cargos: Presidente, Primer Vicepresidente, Vicepresidentes, Secretario, etc.

Esas organizaciones son la CTC: (Confederación de Trabajadores Cubanos); los CDR (Comités de Defensa de la Revolución); la Federación de Mujeres Cubanas; la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños; la Federación de Estudiantes Universitarios y la Federación de Estudiantes de Enseñanza Media. En todas ellas, que funcionan como instrumentos de control y correas de transmisión de la orientación oficial, tiene el absoluto control y la aplastante mayoría directiva el Partido Comunista, estando prohibido crear otras organizaciones sindicales o políticas, prohibición garantizada con los recursos del Estado (incluso el despido del trabajo) y los servicios de seguridad.

Afirman que el PC no impone los candidatos pero, el Partido Comunista de Cuba, que es constitucionalmente y en exclusiva la “fuerza dirigente de la sociedad y el Estado” está detrás de cada nominación importante y se garantiza de antemano una aplastante mayoría, al mismo tiempo que mantiene un rígido centralismo burocrático interno, expulsiones de “disidentes” incluida, que suprime las críticas de la base según la tradición stalinista.

Por una democracia obrera y socialista para defender y desarrollar la revolución

Los socialistas revolucionarios hacemos una crítica permanente y consecuente a esas “democracias para ricos”, cada vez más degradadas, donde los representantes políticos de la burguesía se disputan quién administrará el estado capitalista apoyándose en el favor de los medios de comunicación dominantes y enormes fondos de campaña en procesos electorales llenos de restricciones antidemocráticas que impiden o al menos hacen muy difícil la participación de grupos de trabajadores y de la izquierda no integrada al régimen. Por supuesto, también denunciamos a la derecha y de cierto “progresismo”, que proponen para Cuba combinar el retorno al capitalismo con la instalación de una república liberal.

Pero estamos totalmente en contra del régimen burocrático de “partido único” cubano, porque es lo opuesto a una verdadera democracia obrera y socialista, basada en la más amplia autoorganización y autodeterminación de las masas, con libertad de las tendencias y partidos que defiendan la revolución, con plena libertad de organización sindical para los trabajadores e independencia del estado de los sindicatos.

La Constitución consagra expresamente que hay un régimen de partido único dirigido por el Partido Comunista Cubano. Las estructuras del llamado “poder popular” no constituyen una democracia de masas sino que organizan su control vertical y garantizan la transmisión de las directivas de la cúpula dirigente hasta la base, sin permitir una verdadera discusión en la que puedan expresarse y organizarse tendencias distintas a la oficial. Así, no hay posibilidad ni de organizar sindicatos fuera del control vertical de la Central oficial ni tendencia política alguna, y tampoco de acceder a los medios de comunicación.

El castrismo justifica esto con el argumento del asedio imperialista y la disidencia “gusana”, pero sus métodos autoritarios, al asfixiar la vida política y cultural de las masas, en medio de las penurias y desigualdades crecientes, no hace sino generar apatía y desmoralización, facilitando el trabajo de la demagogia de derecha, que pone un signo igual entre “libertad de mercado” y “libertad política” para presentar como única alternativa posible el retorno al capitalismo. Al mismo tiempo, el gobierno acepta como “interlocutor válido” a la reaccionaria Iglesia católica, que propugna abiertamente por la vuelta al capitalismo, le concede libertades de opinión, prensa y reunión, que los trabajadores y el pueblo tienen prohibido ejercer por fuera de las instituciones habilitadas.

El sistema político cubano es la negación del régimen de democracia soviética nacido en la Revolución Rusa, con sus amplísimas libertades en el terreno de las propuestas políticas y económicas, del arte y de la cultura, por el que aún bajo el fuego del cerco imperialista y la guerra civil, apostaron Lenin y Trotsky a la cabeza del partido bolchevique. Esa experiencia demostró que la democracia obrera es muy superior que cualquier democracia capitalista, pero ésta fue destruida por la burocratización stalinista. La dirección castrista copió este modelo de “partido único” al servicio de una burocracia privilegiada, ahogando la energía de las masas, limitándolas a ser simples “receptoras” de lo decidido en la cúpula y reprimiendo el debate político e incluso las manifestaciones culturales que no son de su agrado.

La cuestión del régimen político no es un problema menor, sino que se hace más acuciante a medida que crece el peligro de la restauración capitalista. Si el dominio burocrático no es reemplazado por una verdadera democracia de los trabajadores, el camino de regreso al capitalismo podrá consumarse en cualquiera de sus variantes: el monopolio del PCC al estilo de China; bajo una “apertura” controlada como la que quisieran pactar la Iglesia y la oposición “posibilista”; o por un derrumbe del régimen como fue en Rusia y Europa del Este, donde camarillas abiertamente capitalistas se aprovecharon del descontento popular.

Por eso en Cuba luchamos por la plena libertad de prensa y de organización sindical y política para los trabajadores, con legalidad para todas las corrientes que defiendan la revolución; por acabar con los privilegios de la burocracia gobernante y su régimen de partido único para reemplazarlo por un régimen basado en consejos de trabajadores, para que sean realmente la clase obrera y el pueblo pobre los que decidan y resuelvan los problemas vitales de la revolución cubana.

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