Política

IMPUNIDAD

El secretario de Derechos Humanos quiere que los genocidas vayan a sus casas

Así lo declaró en referencia a los mayores de 70 años que se encuentran en prisión. La postura es compartida por el gobierno de Macri y sólo apunta a más impunidad.

María Luz Santos Morón

Abogada CeProDH // Integrante de la querella de Justicia Ya!

Miércoles 16 de marzo de 2016 | Edición del día

Recientemente, en una entrevista con el diario La Nación, el actual secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj consideró que tanto él como el Gobierno nacional entienden que los procesados o condenados por crímenes de lesa humanidad mayores de 70 años deben acceder al beneficio de la prisión domiciliaria de forma automática sin tener en cuenta la gravedad de los delitos juzgados ni la existencia de problemas de salud severos.

Falta poco para cumplirse 40 años del golpe genocida, y desde hace algunos meses se han publicado declaraciones en el mismo sentido, pero esta vez tiene una implicancia aún mayor porque es un funcionario macrista, y nada menos que quien maneja la cartera de “derechos humanos”, el que se pronuncia categóricamente a favor de sostener y otorgar mayores privilegios a los genocidas; los cuales garantizan la impunidad y cercenan el derecho de las víctimas al acceso efectivo a la justicia ya que una sentencia condenatoria por delitos de lesa humanidad no puede quedar en una mera cuestión declarativa y los responsables penales continuar su vida como si el proceso jamás hubiese existido.

En la actualidad, estos beneficios a los represores no son una cuestión excepcional, el propio Estado reconoce que en “la década ganada” la justicia le ha otorgado a alrededor del 40 % de los represores procesados el beneficio del arresto domiciliario, sumado a que en muchas ocasiones salen de sus domicilios con simples acompañantes o fiadores sin custodia del Servicio Penitenciario y los que están cumpliendo condena en dependencias penitenciarias reciben todo tipo de privilegios.

Es más, esta feria judicial estuvo muy activa liberando a más de una decena de genocidas condenados en juicio oral. Mientras tanto las cárceles siguen superpobladas de personas procesadas por delitos menores, en su mayoría jóvenes y pobres, que padecen condiciones inhumanas de detención y sufriendo todo tipo de vejámenes; circunstancia que parece no importarle demasiado al secretario de derechos humanos.

Recordemos que días atrás el Ministerio de Defensa derogó la resolución por la cual los genocidas presos que requirieran atención médica debían hacerlo en su lugar de detención y no en hospitales castrenses, como sí pueden hacerlo ahora atendiendo a supuestas malas condiciones en las que se hallan. Otro beneficio que no es más que impunidad.

Desde la querella de Justicia Ya La Plata, de la cual el CeProDH forma parte junto a otras organizaciones de derechos humanos, sostenemos en cada juicio en el que intervenimos el reclamo de revocación de cualquier tipo de privilegio a los genocidas y lo seguiremos haciendo, ya que consideramos que no corresponde otorgar el beneficio del art. 33 de la ley 24.660 a aquellos que han cometido crímenes contra la humanidad, no son pobres ancianos indefensos. Es más la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos exige el efectivo castigo de los autores de esos hechos aberrantes.

Los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado, fueron perpetrados por personas que en el momento de los acontecimientos eran en su mayoría miembros del aparato represivo del Estado que, aún después de 1983, continuó realizando una labor caracterizada por una constante obstrucción de la acción judicial que se extiende hasta el presente con el ocultamiento de pruebas y retaceo de la verdad. Además, no podemos de dejar de tener en cuenta los hechos relacionados con los juicios de lesa humanidad en lo referente a la falta de protección a los testigos y víctimas, como son la desaparición de Jorge Julio López, el asesinato de Silvia Suppo y podríamos enumerar decenas de otros hechos intimidatorios y amenazas recibidas a testigos y querellantes.

Estos genocidas, que Avruj considera que tienen que estar tranquilos en sus casas, cometieron los crímenes más aberrantes y fueron condenados por genocidio tras la lucha incansable de víctimas, familiares, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos; por eso la posición del gobierno macrista lejos de ser humanitaria es reaccionaria y profundamente injusta para víctimas y familiares.

Es por todas estas razones que se redobla la necesidad de salir este 24 de marzo a las calles para seguir exigiendo juicio y castigo y cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas y sus cómplices. Gritemos basta de impunidad, 30.000 compañeros detenidos desaparecidos presentes!







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