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LIBERTAD DE EXPRESIÓN

El rapero Pablo Hásel citado a la Audiencia Nacional por criticar a la monarquía

Tendrá que declarar el día 23 de enero por el contenido de una canción crítica con la Casa Real. Este caso tiene numerosos precedentes de acusaciones en materia de censura a artistas.

Lunes 2 de enero | 18:50

Imagen: Twitter

Tal como ha anunciado en su cuenta de Twitter, el rapero leridano Pablo Hásel ha sido citado a declarar a la Audiencia Nacional acusado de injurias a la Corona por la Fiscalía del Estado por el contenido de la canción “Juan Carlos el Bobón”, la cual contiene mensajes críticos con la monarquía.

El delito podría suponer la entrada en prisión del cantante, ya que pese a haber sido absuelto en septiembre de 2016 de este mismo delito por una serie de tweets contra la monarquía, acumula dos años de condena desde abril 2014 por enaltecimiento del terrorismo por las letras de sus canciones que harían efectiva su encarcelación si se les suma una nueva condena, ya que la Audiencia Nacional no aceptó el amparo en la libertad de expresión en el primer juicio y en el segundo le retiró el pasaporte y le obligó a comparecer frente al tribunal cada 15 días.

Este órgano judicial tiene un largo historial, tanto desde antes de dejar de ser el Tribunal de Orden Público que dictó miles de sentencias de represión política durante el franquismo, como después de 1977, cuando ha desempeñado una función similar en lo relativo a juicios políticos a través de acusaciones de terrorismo, injurias o enaltecimiento del terrorismo, que han sentado en sus banquillos a dirigentes políticos, artistas o periodistas en otras personas.

La libertad de expresión no pasa precisamente por su mejor momento, al tiempo que sucesivos gobiernos al servicio de los capitalistas desmantelan numerosos derechos obtenidos tras años de luchas.

Esta situación de criminalización de la protesta social encuentra en la conocida como Ley Mordaza, aprobada hace un año, una regulación y oficialización de procedimientos represivos habituales y cuyo aumento va parejo al de diversas luchas en los meses y años posteriores al 15M, así como el endurecimiento de un Código Legal reformado bajo el mismo propósito.

Es habitual ver casos de represión a artistas, como S.A., César Strawberry de Def con Dos, los raperos Ayax y Prokk o Abel Azcona, pero en realidad se trata de casos de represión que afectan a quien cuestione la imagen del Régimen, que también suman el secuestro de publicaciones periodísticas y diarios enteros (véase un número de El Jueves en 2007 o Egunkaria en 2003), así como múltiples causas abiertas por manifestarse o a modo de montaje policial.

Entre los ejemplos encontramos cientos de jóvenes perseguidos y detenidos simplemente por formar parte de colectivos y organizaciones sociales y de la izquierda. Es el caso de los 15 activistas antifascistas del colectivo Bukaneros detenidos la semana pasada o los montajes policiales contra Alfon o Andrés Bódalo. Y en esa misma dirección, los seis condenados a prisión preventiva en Altsasu, acusados de terrorismo por una reyerta en la que estaban implicados agentes de la Guárdia Civil fuera de servicio.

A estos casos hay que sumar las reiteradas “operaciones”, como Piñata, Pandora o Mate, que suman ya más de 70 detenidos. Operaciones policiales que tienen como objetivo la persecución, detención e inculpación de enaltecimiento del terrorismo de personas que ejercen su libertad de expresión a través de las redes sociales o que difunden ideas políticas “que llaman a la subversión del orden constitucional”.

Sin embargo, pese a la intensidad de la cruzada represiva hacia miles de personas que hacen críticas al Régimen o luchan por defender sus derechos y libertades, no se puede descartar que el Gobierno y las instituciones agudicen aún más el grado de persecución, y más, si en un periodo breve de tiempo se reabre el ciclo de movilizaciones callejeras tras la formación de un gobierno socialmente deslegitimado y dispuesto a cumplir con una agenda de recortes para los próximos dos años.




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