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MENDOZA

El radicalismo en Mendoza también reprimió a los manifestantes del 2001

Hace 15 años, en una manifestación de familias que pedían alimentos a los supermercadistas, el trabajador Mariano Coria perdió la vista en un ojo. El rol de los medios y la impunidad de algunos.

Javier Polvani

@javierpolvani

Miércoles 21 de diciembre de 2016 | Edición del día

Hace 15 años, en el centro de la ciudad mendocina de San Martín, la policía del gobernador radical Roberto “Mula” Iglesias reprimió a mansalva una protesta protagonizada por familias pobres que llegaron desde las márgenes con la esperanza de conseguir alimentos de parte de los supermercadistas. La manifestación en el departamento esteño se dio en sintonía con el clima nacional del 19 y 20 de diciembre de 2001.

El trabajador Mariano Coria perdió la vista en un ojo como consecuencia de un ataque rastrero y cobarde del comisario Julio Reyes, jefe del operativo que ejecutó la represión bajo las órdenes del entonces ministro Leopoldo Orquín. La avanzada policial se activó bajo las estrellas de la noche del 19 de diciembre, después que el presidente radical Fernando de la Rúa anunciara por cadena nacional la vigencia del Estado de Sitio en todo el país.

Capturas de video obrante en la causa

Coria estaba montado en la bicicleta que usaba para ir diariamente a trabajar mirando lo que sucedía sobre la calle 9 de Julio, principal arteria comercial del departamento: la policía tiraba gases y balas y revoleaba palos contra todo lo que se movía, sin discriminar entre manifestantes y presentes ocasionales en el lugar.

El empleado de la tarjeta Nevada Mariano Coria fue golpeado con descaro por el comisario Reyes frente a la Casa de la Cultura departamental, luego de pedir clemencia para un manifestante que estaba siendo molido a palos y patadas por uniformados en el suelo mientras era sujetado por otros policías. Uno de los golpes de Reyes con la cachiporra provista por el Estado para la represión del delito dio en un ojo del joven trabajador, quien a la postre perdió la visión.

Iglesias era entonces un poderoso ajustador avalado sin fisuras por el establishment provincial, que acababa de estafar a los mendocinos con la quiebra del Banco de Mendoza

La difusión de la represión policial en San Martín se licuó entre la agitación por lo que ocurría en el país y la presión de Iglesias a los dueños de los medios provinciales. Iglesias era entonces un poderoso ajustador avalado sin fisuras por el establishment provincial, que acababa de estafar a los mendocinos con la quiebra del Banco de Mendoza en yunta con Raúl Moneta y construía las bases para la impunidad eterna.

No había redes sociales ni banda ancha. Las corporaciones de medios ostentaban un poder enorme para contar o censurar la realidad según sus intereses, mayor al actual, que es sumamente grande.

El comisario agresor era un hombre del riñón de la conducción ministerial. Se desempeñaba como segundo jefe de la Distrital Este, que manejaba la Policía de San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.

En noviembre de 2004, la Justicia del Este condenó a Reyes por el delito de "vejaciones" contra Coria. Un año y medio de prisión en suspenso dispuso la Cámara del Crimen integrada por Alejandro Piña, Roberto Martínez y Silvia Escobar.

La condena fue inevitable porque el ataque de Reyes fue registrado por un camarógrafo del Canal 3 Comunitario de San Martín. El trabajador de prensa sufrió amenazas desde que se supo que presentó el video a la Justicia hasta que fue condenado el comisario. Se retiró del oficio luego, asqueado y asustado.

La manifestación que fue reprimida tuvo una extensa duración el 19 de diciembre. En el final de la siesta, un grupo de personas llegado desde las afueras de la ciudad ingresó al supermercado de la cadena Vea de la calle Perrupato, del Barrio Jardín Los Andes, de San Martín. La mayoría eran mujeres y niños. Un pelotón de policías munidos con palos, escudos y armas largas llegó con posterioridad a la retirada de esas personas y mientras otros grupos se acercaban a las inmediaciones del comercio de alimentos.

Los manifestantes pedían comida

El movimiento no tenía grandes diferencias con otros cientos registrados a lo largo y ancho del país. En pocos minutos, se conformaron dos grupos: los policías de Infantería formados en la puerta del supermercado y un racimo de manifestantes en la vereda de enfrente.

Una orden jerárquica provocó que los uniformados se quitaran las placas identificatorias prendidas en sus pechos. Fue un signo de los planes para las horas siguientes: el desalojo de la protesta con represión.

El grupo de manifestantes permaneció varias horas frente al Vea del Barrio Jardín sin ocasionar disturbios ante la tensa presencia policial.

Cuando la tarde empezaba a dejarle paso a la noche, los manifestantes decidieron movilizarse al Vea del centro de la ciudad, en 9 de Julio y Belgrano. El desplazamiento fue atentamente seguido por la Policía, que contó con autos, camionetas y motos para trasladar a sus efectivos.

Cuando la manifestación se ubicó frente a la sucursal céntrica, los policías intervinientes, que se acercaban en número a los manifestantes recibieron la orden de reprimir. En ese momento, las personas que protestaban se habían mezclado con muchos empleados que salían de sus trabajos y otros transeúntes del centro comercial de un departamento con 100 mil habitantes.

El Ministerio de Seguridad, encabezado por Leopoldo Orquín, quien se mantuvo en el cargo durante los cuatro años del gobierno de Iglesias, operó en los medios pautados la presunta participación de punteros peronistas en la organización de las manifestaciones. La cartera nunca exhibió una prueba que sustentara sus acusaciones. En San Martín, gobernaba el demócrata Julio Arancibia, quien suscribía las versiones conspirativas de Iglesias, pero, al igual que el gobernador, sin aportar datos ciertos que justificaran sus especulaciones.

Lo cierto es que en aquella época, San Martín padecía una altísima tasa de desocupación, con bolsones de pobreza tremendos en las márgenes de la cabecera departamental y mayores aún en la ciudad de Palmira y alrededores. Mientras tanto, la única acción municipal había sido hasta entonces la tramitación de un crédito internacional de cinco millones de dólares que se destinaría a cambiar las baldosas y los papeleros de las veredas de las calles 9 de Julio y 25 de Mayo.

* Javier Polvani cubrió los acontecimientos como periodista del Diario UNO cuando sucedieron.






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