Economía

EDUCACIÓN

El presupuesto educativo que no alcanza

El conflicto docente puso en discusión el alcance del presupuesto para pagar sueldos; pero también para un plan integral que incluya construcción de escuelas y comedores de calidad, entre otros fines.

Guadalupe Bravo

Economista | @GuadaaBravo

Jueves 27 de abril de 2017 | Edición del día

Fotografía: Enfoque Rojo

A más de un mes del inicio del conflicto docente que ha sido parte principal de la discusión nacional, los debates abiertos alrededor del estado de la educación pública siguen vigentes. Los trabajadores de la educación buscan recuperar el 10 % de salario real perdido en 2016 por inflación y evitar otra pérdida similar para 2017.

La propuesta de Vidal para la provincia de Buenos Aires se ha mantenido entre un 19 % o 20 % con cláusula de monitoreo –que el gobierno ya incumplió el año pasado; e intentando aplicar sumas por presentismo, por fuera de la realidad y detrás de las publicaciones del INDEC que días atrás confirmó en 2,4 % la inflación de marzo, y proyectando el acumulado al resto del año se puede hablar de un nivel de inflación cercano al 24- 25 %.

Es decir, la propuesta del gobierno no solo no reconoce la recomposición del 10 % perdido en 2016 sino que ya se ubica 5 puntos por debajo la inflación proyectada.

El piso del 6% de la Ley de Financiamiento Educativo

A comienzos de los noventa, bajo el auge del neoliberalismo, se sancionó la Ley 24.049 de Transferencia de los servicios de la Educación de Nación a las provincias, concretándose con ella la descentralización del Gasto en Educación. Esto tuvo como efecto que el gasto para educación se financie con las cajas provinciales, dispares entre sí, siendo los salarios docentes un 80 % del destino del gasto en educación en la mayoría de las provincias. Este proceso de descentralización del gasto que se corona bajo el menemismo tuvo varios intentos durante la dictadura militar.

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Luego de las jornadas revolucionarias de 2001 y en los comienzos de una recuperación de la economía nacional, con viento de cola internacional a favor, el kirchnerismo sanciona en 2006 la Ley de Financiamiento Educativo (LFE), que entre otras cosas “establece un aumento gradual y progresivo del gasto en Educación, Ciencia y Tecnología durante el período 2006-2010, hasta alcanzar el 6% del PIB. Tanto el Gobierno Nacional como los Gobiernos Jurisdiccionales se han comprometido financieramente para alcanzar dicho objetivo.”

No hace falta decir que en los noventa la educación pública padeció los embates privatistas del neoliberalismo en su auge y luego los efectos de la implosión de la convertibilidad, pero esto no necesariamente implicó que la reforma kirchnerista haya mostrado un compromiso significativo con la educación púbica.

Si comparamos el gasto en educación en el año 2010, según los datos oficiales del Ministerio de Educación y Deportes (última actualización 2016), se constata que el Gasto Consolidado para Educación, Ciencia y Técnica incluyendo presupuesto Nacional y de las Jurisdicciones provinciales más la CABA alcanzaba un total de $ 93.318,7millones, representado un 5,4 % del PBI, es decir no lograba alcanzar la meta legal del 6%. Los datos de 2015 muestran que el mismo gasto ascendió a $ 376.405,3 millones, representando el 6,4 % del PBI.

Pese a la suba en el gasto en educación entre 2010 y 2015, que de acuerdo a estos datos fue de 303%, vale recordar que la inflación actúa como factor clave que licua las partidas. De acuerdo a datos del IPC Congreso –que mide un promedio entre los cálculos de distintas consultoras- la inflación acumulada entre el periodo 2010 a 2015 fue del 348 %.

Así mientras el salario docente de grado con 10 años de antigüedad en 2010 era de $2.220 -según un informe del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 2015 el salario para el mismo cargo en mano era de $7.200.

Si miramos la inflación acumulada en cada año vemos que mientras en el 2010 el índice de nivel de precios del Congreso cerró en un 25,7 % y para 2015 en 29.9 %; siendo el aumento paritario de un 21 y 26 %, respectivamente. De esta forma se comprueba cómo el salario docente se ubicó en 2010 en un nivel similar a la Canasta Básica Familiar que fue de $2118,2 de acuerdo a los datos de FIEL; pero en 2015 estuvo por debajo de la misma que rondó los $10.580 de acuerdo a la misma consultora, es decir no superando la línea de la pobreza.

Así se ve que la pelea por una recomposición salarial vía paritarias es necesaria pero insuficiente, porque no logran garantizarles a los trabajadores de la educación un salario digno por encima de la línea de pobreza, estimada por el Indec en $ 14.090 para el mes de marzo.

Dos modelos que priorizaron pagar la deuda y no la educación

Bajo la déKada ganada también existieron luchas docentes, mientras sí hubo dinero para pagar en concepto de capital e intereses de deuda más de 200 mil millones de dólares, según reconoció Cristina Fernández de Kirchner cuando afirmó que eran “pagadores seriales”, distribuidas entre el sector privado, público y organismos internacionales.

El macrismo también honró sus deudas y luego de cerrar el conflicto con los fondos buitres decidió dar paso a la mayor colocación de deuda de un país “emergente” en 20 años, señalado de esa forma por el Financial Times, por la suma de US$ 15.000 millones.

Como es sabido, ese dinero no fue destinado a mejorar el presupuesto de la educación pública y el salario docente recibió en 2016 una suba paritaria del 35 % en la CABA calculado en $11.372. La Canasta básica familiar de 2016 ascendió en noviembre de ese año a $13.126,29. Es decir, el salario docente sigue siendo de pobreza.

En las partidas presupuestarias nacionales el destino de los fondos y sus proporciones muestran cuales son las prioridades del gasto del Estado. Por ejemplo, en 2011 el presupuesto destinado a pagar intereses de la deuda ($ 41.469,8 millones) fue un 26 % superior al destinado para educación ($ 32.838,1 millones). En la etapa macrista esta relación se profundiza, en 2016 el monto destinado a pagar intereses de la deuda ($ 203.623,9 millones) fue un 62 % mayor al destinado a educación ($ 125.548,8 millones).

Y si comparamos la participación del gasto nacional en educación (sin contar el presupuesto que destinan las provincias) en el PBI se comprueba la baja inversión del Estado, siendo en 2011 de un 1,5 % y en 2016 de un 1,6 %. De esta forma vemos que tanto para el kirchenrismo como para el gobierno actual la educación no es una prioridad, lo mismo sucede con otros servicios públicos como la salud o el transporte.

Mientras tanto el "Plan Maestro" lanzado por el Ministro Bullrich -posible candidato en la Provincia de Buenos Aires- pretende entre otros puntos garantizar la cobertura universal del nivel inicial desde sala de 3 años y quiere una jornada extendida con 6 horas de Educación Física en el 100% de escuelas para 2026. Pero nunca dice de donde saldría el dinero.

Para priorizar la educación pública es preciso aplicar una suba del presupuesto en educación que de piso sea del 10 % del PBI, para lograr garantizar salarios equivalentes a la canasta básica familiar, trabajando jornadas de 6 hs. 5 días a la semana (con 4 hs. frente al curso y 2 hs .para planificación y capacitación). Que incluya la puesta en marcha de un plan integral con construcción y reparación de escuelas para garantizar la educación desde los 45 días, con comedores de calidad y la posibilidad de otorgar becas a los estudiantes terciarios para enfrentar la deserción.

Estas políticas que apuesten a la educación pública deben ir detrimento de sostener los cuantiosos subsidios a la educación privada, sostenidos tanto por el kirchnerismo y el macrismo, terminando con este negocio; y también en base al no pago de la deuda.

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