Cultura

PERONISMO, PUEBLOS ORIGINARIOS Y GENDARMERÍA

El “otro” octubre peronista: la masacre de Pilagá

Martes 4 de noviembre de 2014 | Edición del día

Durante el mes de octubre pasado el kirchnerismo utilizó una vez más a la Gendarmería Nacional para reprimir a los obreros de Lear que pelean por mantener su fuente de trabajo. Este hecho fue repudiado por todos los bloques del Congreso Nacional. A su vez, el diputado Del Caño inició acciones penales contra la Gendarmería. Estos hechos vuelven a poner en debate la utilización de las fuerzas represivas para callar los reclamos sociales, como también el rol de Gendarmería durante los Gobiernos peronistas.

En octubre de 1947, transcurridos dos años de la primera presidencia de Perón, la Gendarmería Nacional al mando de Natalio Faverio masacró a no menos de mil indígenas pilagás, y doscientos aún continúan desaparecidos en Rincón Bomba (Territorio Nacional de Formosa). Hecho totalmente impune y silenciado por Perón. En el año 2006 se encuentran veintisiete cuerpos, y un grupo de abogados inicia acciones legales contra el Estado nacional por violaciones a los derechos humanos. La directora de cine independiente Valeria Mapelman presenta distintos testimonios en el documental Octubre Pilagá, relatos sobre el silencio (2010) acompañando dicha denuncia:

Territorio nacional de Formosa en 1947. Dos años después del Día de la Lealtad peronista. A mil doscientos kilómetros de Buenos Aires. Miles de familias pilagás, tobas y wichis se dirigen caminando a la Compañía El Tabacal en Tartagal (Salta), propiedad del terrateniente oligarca y empresario del azúcar Robustiano Patrón Costas, en busca de trabajo. En esos años, el trabajo esclavo que las familias indígenas realizaban era reglamentado por el Ministerio del Interior, que recibía a cambio una suma importante de dinero por garantizar mano de obra barata. El patrón no cumplió el salario prometido, los indígenas reclamaron lo que les correspondía y fueron despedidos. Acechados por el hambre y las enfermedades deciden volver con sus familias a su territorio en Las Lomitas (Formosa).

Otros testimonios cuentan que se resistieron a integrar las reducciones de aborígenes surgidas en 1911, política que continuó con el Gobierno peronista. El Ministerio del Interior se encargaba de controlarlas, mientras que la Gendarmería y la Policía tomaban en sus manos la disciplina y la represión. También cuentan que fue un líder religioso evangelista quien había nucleado a cientos de las familias de diversos territorios para la realización de ceremonias rituales fuera de las reducciones controladas por el Estado.

Pero el hecho que causó más indignación fue cuando el Ministerio del Interior al mando de Ángel Borlenghi envía comida en mal estado. Las familias indígenas comenzaron a padecer los primeros síntomas, muriendo los niños y ancianos. Ante esto deciden reclamar a la Comisión de Fomento y al Regimiento 18 de Gendarmería en Las Lomitas.

Los temores al “gran malón”, a la “sublevación indígena”, a “los indios revoltosos”, en “actitud de alzamiento” se expresaban en la prensa de la época y en los voceros de la clase política gobernante. Esto generó un clima propicio para la represión. La Gendarmería formó una línea de más de cien hombres armados entre el pueblo y la comunidad. Los indígenas veían cómo los gendarmes colgaban de los árboles ametralladoras que los apuntaban. Nidos de ametralladoras, dicen. Al acercarse para parlamentar empezó la represión.

El 10 de octubre comienza la matanza. Los gendarmes provistos con ametralladoras, carabinas y fusiles avanzaron sobre la comunidad. La cacería por el monte duró tres semanas. Durante las noches los gendarmes encendían bengalas para iluminar un territorio para ellos desconocido. Fue un asunto de Estado. Desde Buenos Aires se enviaron dos aviones de la Fuerza Aérea utilizados para reprimir desde el aire. Esta fuerza lo reconoce como su bautismo de fuego.

Los testimonios de los pueblos originarios se refieren a una masacre, un genocidio. Sus cuerpos fueron arrasados por topadoras y quemados. Las mujeres y las niñas fueron violadas. Los ancianos, fusilados. Muchos fueron perseguidos hasta Paraguay, donde fueron detenidos para ser llevados a las reducciones.

Nadie de Gendarmería fue castigado por la masacre y el genocidio. Santos Costas, quien fue integrante de la fuerza en el momento de los hechos, fue felicitado y ascendido por Orden 2.595 del director de Gendarmería Nacional. Luego abandona la fuerza y se convierte en juez federal en Formosa. Su juzgado tiene la causa de lesa humanidad por los hechos que se le imputan. Por otro lado, los pueblos originarios continúan siendo asesinados y perseguidos. Como informamos en La Izquierda Diario, el 70 % de las causas en Formosa son contra los pueblos originarios.







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