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El negocio de la basura en Córdoba: de la contratación directa a la adjudicación por 10 años

La licitación del servicio de recolección de residuos tiene un presupuesto a ocho años de 14 mil millones de pesos, actualizable por inflación y prorrogable por dos años más.

Martes 10 de abril | Edición del día

La Municipalidad de Córdoba concretó hace una semana la apertura de las ofertas económicas para la licitación del servicio de recolección de residuos. Quedaron habilitadas, como era de esperarse, las tres empresas oferentes: la firma correntina Lusa, el consorcio Transportes Olivos- Cotreco y la Unión Transitoria de Empresas (UTE) Vega-Caputo, operada por el grupo brasileño Solvi, que, en caso de ganar alguna zona, operaría con el nombre de Logística Ambiental Mediterránea (LAM).

La licitación comprende un presupuesto de 14 mil millones de pesos en un plazo de 8 años, actualizable por inflación y prorrogable por dos años más. Esto quiere decir, al fin y al cabo, que puede convertirse en una adjudicación de 10 años.

Las oferentes superaron el presupuesto original de la licitación

Hoy, bajo el régimen de contratación directa, se gastan en la recolección 150 millones de pesos mensuales. En función de las ofertas presentadas por las tres empresas, y considerando la opción más barata para las tres zonas de la ciudad, la erogación ascendería a 159,4 millones de pesos.

El costo aumentaría 9,4 millones de pesos mensuales, es decir, un seis por ciento. En ocho años, esa diferencia elevaría de 14 mil millones a casi 16 mil millones el gasto en recolección, en precios actuales.

En los últimos 5 años el costo del servicio aumentó cerca de tres veces la inflación

La actual licitación reemplazará la concesión por contratación directa. Fue el propio Ramón Mestre quien dispuso esta mecánica de tercerización en 2012, que operó durante seis años (hasta 2017 incluido). El intendente tomó las decisiones en forma directa sobre el negocio más oneroso que ofrece la Municipalidad, siempre con altos rindes para las empresas concesionarias.

Los datos de la ejecución presupuestaria de 2016 indican que ese año la Municipalidad gastó 2.456 millones de pesos. La suma representa un aumento del 573 por ciento con respecto al 2011, año previo a que ingresara Mestre al ejecutivo Municipal. La suba en el servicio de recolección desde el año 2012 a la fecha fue constante y ha llegado a representar el 19,27 por ciento del total de gastos del 2016.

El nivel de aumento supera con creces la inflación acumulada en el mismo periodo (2011-2016), que fue del 217 por ciento según el Índice de Precios al Consumidor de Córdoba, lo que exhibe que el servicio de higiene urbana estuvo cerca de triplicar la evolución de la inflación.

Estos datos, junto al hecho que la oferta supera en un 6% el presupuesto original de la actual licitación, contrastan fuertemente con el discurso del intendente. La actual licitación, lejos de significar un servicio más eficiente (menor relación costo/calidad del servicio), se traduce en un nuevo aumento para los cordobeses.

Mestre apunta contra los convenios laborales, al igual que en la municipalidad y en el transporte, por “lo caro” del servicio. Pero el problema está en las cantidades y los kilómetros de transporte. La ciudad de Córdoba produce 35.500 toneladas por mes de residuos domiciliarios (unas 420 mil toneladas anuales de desperdicios) que deben ser trasladados unos 190 kilómetros hasta su deposición en el saturado vertedero del predio Piedra Blanca.

Es fácil apreciar que se trata de muchas toneladas y kilómetros a recorrer. Esto hace un negocio redondo para las tres empresas que se repartirían 14 mil millones de pesos en 8 años, con posibilidad de prorrogar sus ganancias durante 10 años.

Lo cierto es que, durante su gestión, Mestre no ha incorporó ninguna innovación al tratamiento de residuos urbanos. Por dar apenas un ejemplo, solo la reutilización y reciclado permitirían disminuir en un 30% las toneladas de basura que se producen en la ciudad. Así visto, la nueva licitación solo se limitó a modificar el tablero para favorecer, durante la próxima década, a los empresarios amigos Nicolas Caputo (de la UTE Vega-Caputo) y la familia Romero (propietario de Lusa y Ersa).








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