Política

VIOLENCIA INSTITUCIONAL

El hambre en la cárcel tiene un imputado: el Estado

Emiliano Blanco, jefe del SPF, junto a otros 37 funcionarios, serán indagados por corrupción en la compra de alimentos para las cárceles.

Celina Tidoni

Abogada | CeProDH Rosario

Viernes 7 de octubre | Edición del día

El Juzgado Federal Nº 2 de Salta ordenó que sean llamados a indagatoria treinta y ocho Funcionarios del Servicio Penitenciario Federal, por estar implicados en el delito de corrupción por la compra de alimentos para los penales del noroeste argentino. Entre ellos se encuentra el actual jefe del Servicio Emiliano Blanco y sus antecesores en el cargo Alejandro Marambio y Víctor Hortel, es decir que esta denuncia llega a las altas cúpulas de lo que hace al sistema punitivo de la Argentina.

Los integrantes de la Procuraduría de Violencia Institucional, quienes junto con la Fiscalía Federal Nº 2 de Salta hicieron la denuncia, plantearon que se estableció un “régimen de hambre” en el penal. Los detenidos sufrieron graves consecuencias a raíz de este hecho, como lo sufren miles en las cárceles argentinas que muchas veces no son comprobados o alcanzados por el código penal.

Los integrantes de Procuvin, vienen investigando desde 2014 estas irregularidades, realizando inspecciones en las Unidades Penales de Ezeiza, Devoto, Salta y Marcos Paz, es decir aquellos lugares de detención con mayor población. Esto nos lleva a pensar que sin importar el color del gobierno de turno hay una voluntad del Estado de perpetuar la violación a los derechos humanos manteniendo a miles dentro de un sistema del cual salir se torna imposible.

La empresa prestadora del servicio era Servicios Integrales de Alimentación S.A., cuyos directores también serán indagados, ya que se detectó una sobrefacturación de $ 1.957.725,5 en su favor, a raíz de lo cual surge la investigación. Por estos hechos son imputados del delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en concurso real con el delito de vejaciones”. Entre los nombres esgrimidos por la justicia se encuentra Fernando Díaz, quien actualmente se desempeña como director del Servicio Penitenciario Bonaerense y en ese momento era Auditor General del SPF.

El nivel de impunidad al que alcanzan los funcionarios llegaba al extremo de actualizar “arbitrariamente” los costos en alimentación, las raciones que se facturaban superaban la cantidad de detenidos. Uno se pregunta si esto es una excepción o es lo “natural” en la cárcel, y las declaraciones de los internos que cuentan cómo les dan huesos para comer, dejan en clara la animosidad de “matarlos de hambre”.

Recientemente denunciábamos en La izquierda Diario la situación en la provincia de Buenos Aires, y reiteradas veces damos cuenta de muertes, torturas, vejaciones. La violación de los derechos humanos es moneda corriente en aquellos espacios que se usan como “depósito” de lo que la sociedad expulsa y allí que pase lo que pase.

El Estado, además, es responsable de los escalofriantes números de muertos por enfermedades curables, porque no se les brinde asistencia médica. Los gobiernos macristas y kirchnerista son responsables de que el hacinamiento de la población carcelaria, aquella que en un 70 % no posee condena firme tirando por la borda la Constitución Nacional y las garantías básicas. Es ese mismo gobierno que hoy pide aumento de las penas, el que tiene a los genocidas de la última dictadura en pabellones VIP mientras condena a que muchos “ladrones de gallinas” llenen las alcantarillas, como por ejemplo del Penal de Olmos, aquel que la humedad y los olores nauseabundos son proporcionales a los casi 100 años de existencia.




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