Mundo Obrero

ABUSOS SEXUALES ECLESIÁSTICOS

El gremio de prensa repudia los ataques a periodistas de parte del cura Eduardo Lorenzo

La Fatpren y el Sindicato de Prensa Bonaerense brindaron su apoyo a quienes son denunciados por el cura acusado de múltiples abusos sexuales. Se aguarda aún que una jueza de La Plata resuelva su prisión preventiva.

Daniel Satur

@saturnetroc

Lunes 26 de agosto | 16:29

Gonnet, 24 de marzo de 2019 | Lorenzo junto al arzobispo de La Plata, Víctor "Tucho" Fernández | Foto Arzolap

La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) expresó este lunes su apoyo “a las y los periodistas denunciados penalmente por el párroco de La Plata, Eduardo Lorenzo, y repudia el intento de censura que quiere instalar el cura imputado por delitos de ‘abusos sexuales agravados’ y ‘corrupción de menores’”.

Lo mismo hizo el Sindicato de Prensa Bonaerense (Siprebo), que “rechaza en todos sus términos el intento de criminalizar el ejercicio del periodismo planteado por el sacerdote Eduardo Lorenzo al presentar una denuncia penal contra medios y periodistas que están informando sobre el proceso en su contra por denuncias de abusos sexuales”.

Los comunicados de ambas organizaciones gremiales se sumaron a diversas muestras de apoyo y mensajes de solidaridad recibidos por La Izquierda Diario, Pulso Noticias y periodistas de diversos medios platenses y nacionales como TN, Infocielo, 221, AgenciaBA, Infobaires24 y Nova, entre otros.

En dos artículos publicados este fin de semana, este medio relató de qué se trata la denuncia penal que Lorenzo y sus abogados iniciaron en marzo de este año contra parte de sus denunciantes, contra vecinos preocupados por su presencia cerca de niñas, niños y adolescentes y contra medios y periodistas que difunden esas denuncias.

Y también se publicó este video, registrado hace algunas semanas en las puertas de la parroquia donde Lorenzo da misas y donde queda más que en evidencia su perfil virulento y pendenciero.

El ataque a la libertad de expresión cometidos por Eduardo Lorenzo (asesorado por los mismos abogados que lo patrocinan desde hace más de una década y que lo defienden en la causa que tramita en el Unidad Fiscal 1 de la Plata a cargo de Ana Medina), se produce en medio de una avalancha de denuncias y declaraciones en su contra, provenientes de los más variados rincones de La Plata.

Algunas de esas manifestaciones ya fueron incorporadas al expediente judicial, otras lo estarán en el futuro y algunas son comentarios recogidos en Olmos, Gonnet, Berisso y otros lugares por los que pasó el cura durante los últimos treinta años. Es más, mucha gente no quiere exponerse y decir su verdad públicamente por el temor a recibir represalias.

En su comunicado de prensa, Fatpren califica la conducta de Lorenzo como “un claro ataque a la libertad de expresión como también un amedrentamiento para las y los trabajadores de prensa que vienen desarrollando su tarea de informar y reproduciendo la voz de las víctimas”. En ese sentido, advierten que permitirán que “ninguna persona accione contra nuestra labor”.

Respecto al video publicado por este diario junto a Pulso Noticias, la federación repudia “las amenazas que este cura junto a un juez en lo civil llevaron a cabo el 14 de julio, luego de una misa en la iglesia Inmaculada Madre de Dios de Gonnet (La Plata). Los periodistas registraron a través de su celular los dichos amenazantes ante preguntas por la causa que lo imputa por abuso sexual”.

Desde el Siprebo agregaron que “si el periodismo tiene que pedir autorización a los imputados de un delito para informar, como pretende el sacerdote Eduardo Lorenzo, no habrá ni periodismo, ni libertad de expresión, ni derecho a la información y, fatalmente, se impondrá la impunidad en un golpe inadmisible a un estado de derecho y de plena vigencia del sistema democrático”.

Como se viene informando, la causa por abusos sexuales agravados y corrupción de menores en perjuicio de Lorenzo está a la espera de importantes definiciones por parte de la juez de Garantías de La Plata Marcela Garmendia, quien debe resolver el pedido de procesamiento y prisión preventiva solicitado por la querella y al que le dio curso la fiscal del caso, Ana Medina (la misma que archivó intempestivamente el expediente en 2009 pero que al reabrirlo este año comenzó a recibir testimonios y pruebas que complican cada vez más el futuro de cura).







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