Política

El Gobierno retrocede y Vicentin le tomó el pulso: ahora van por la impunidad judicial

Uno de los puntos de discusión hacia la audiencia del jueves es el pedido del directorio para tener inmunidad o un “paraguas judicial” como condición para ceder sus acciones.

Miércoles 29 de julio | 16:25

Facebook Matias Abucú

Este jueves en Reconquista será la segunda audiencia convocada por el juez del concurso de acreedores Fabián Lorenzini, con las partes para avanzar en las bases del fideicomiso para sanear las cuentas de la firma agroexportadora que a mediados de diciembre declaró la cesación de pagos por estar bajo “estress financiero”. Según Punto Biz, uno de los puntos de discusión es el pedido del directorio de una suerte de paraguas o inmunidad judicial como condición a ceder sus acciones.

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Son varias las causas penales que están en curso, una es la que lleva adelante el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita, tiene como querellante al Banco de la Nación Argentina. La denuncia que motivó la causa fue presentada a fines de enero en base a un informe realizado por uno de los actuales directores del Banco, Claudio Lozano, y el primer dictamen del fiscal de la causa incluyó la imputación del presidente de Vicentín, el CEO Gustavo Nardelli, de Alberto Padoan, ex presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario y ejecutivo de la agroexportadora, y del ex titular del Banco Nación Javier González Fraga.

En ese informe, Lozano analizó el proceso de endeudamiento con el Nación que "superó los límites a los que podía acceder en función de la normativa" y que, sin embargo, obtuvo una refinanciación sin hacer las cancelaciones correspondientes. Asimismo, destacó que la información disponible no justifica la crisis financiera de Vicentín.

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Por otro lado, está la denuncia penal de la Unidad de Información Financiera (UIF) contra el ex presidente Mauricio Macri y sus personeros en las presidencias del Banco Central -Guido Sandleris- y del BNA -Javier González Fraga- por defraudación al Estado, lavado de dinero y fuga de capitales. El organismo fiscal quiere saber cómo este gran aportante a la campaña de Macri por la reelección amasó una deuda de 18.500 millones de pesos en créditos de prefinanciación de exportaciones que no reintegró al BNA mientras empresas del grupo aumentaban sus activos en el exterior. Ahí se incorporan a la denuncia a las personas jurídicas Vicentin SAIC, Vicentin Paraguay y Glencore.

Además en Nueva York avanza la causa que iniciaron allí un grupo de bancos internacionales acreedores de Vicentin; en el marco de la cual se disparó un relevamiento (“discovery”) de las transacciones de la empresa en el sistema financiero internacional para ver cómo desaparecieron 1.000 millones de U$S. Según Lozano se estima que Vicentin habría sacado del negocio hacia cuentas particulares de accionistas en el extranjero unos 400 millones de U$S. Del Registro de Propiedad de Santa Fé surge que directores y accionistas de Vicentin, como Daniel Buyatti, Roberto Vicentin, Martin Colombo, Bettina Padoan se desprendieron de bienes personales como propiedades, a través de trámites por donaciones, desafectaciones de bien de familia para ventas, hechos que fueron denunciados por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fé. Todas operaciones de enero del 2020 es decir, inmediatamente después del anuncio de “estrés financiero” y cese del pago de deudas”.

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Alberto Fernández había anunciado la intervención y expropiación de la empresa a principios de junio, pero a los pocos días retrocedió después de algunos titulares críticos y manifestaciones de escasa convocatoria organizadas por sectores ligados a Juntos por el Cambio, sectores del campo y la oposición de derecha. Ahora desde el directorio van por más y buscan la inmunidad ante la estafa descomunal que llevaron adelante. Sólo el Frente de Izquierda, desde las bancas de Nicolás del Caño y Romina del Plá, fue la única fuerza política que oficialmente presentó un proyecto de expropiación sin pago de la empresa, bajo gestión de sus trabajadores y trabajadoras. La propuesta plantea "la apertura de libros contables y la eliminación del secreto bancario" para demostrar “la estafa y el desfalco". También propone una comisión investigadora independiente para contribuir a dejar en claro las maniobras fraudulentas de estos empresarios”.







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