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El gobierno ecuatoriano retrocede ante los plantones de la derecha

El último jueves fue un día de numerosas manifestaciones en Ecuador, todas de distinto origen. La oposición de derecha en Guayaquil, las centrales sindicales en la capital y el oficialismo en distintos puntos del país, midieron fuerzas en la calle.

Margarita Vel

Corresponsal desde Quito

Sábado 27 de junio de 2015 | Edición del día

Por un lado las movilizaciones de la clase media y sectores de la oposición empresarial y política se concentraron en Guayaquil, Quito y Cuenca con consignas como: "No queremos ser Venezuela", "Abajo la ley de herencias". Ese mismo día, pero en otro horario, para diferenciarse de la convocatoria de la derecha, las banderas de las Centrales Sindicales, como la de la FUT (Frente Unitario de Trabajadores) reclamaban contra la política laboral y económica del Gobierno de Correa, pero fueron impedidos por un fuerte resguardo policial de llegar a la Plaza de Gobierno. Finalmente, las banderas verdes de Alianza País tiñeron toda la jornada, tratando de sostener la presencia para medir fuerzas con ambas manifestaciones; las que golpeaban por derecha y las que golpeaban por izquierda.

Los plantones contra la Ley de Herencias

Las denominadas leyes de herencia y plusvalía, generaron importantes movilizaciones de sectores de clase media y empresarial, promovidas y acompañadas por representantes políticos de la derecha, las figuras que aspiran posicionarse de cara a las próximas elecciones nacionales: el banquero y noventista Guillermo Lasso, y los actuales (y ex) socialcristianos, los alcaldes de Guayaquil y Quito: Jaime Nebot y Mauricio Rodas.

El gobierno de Correa, terminó cediendo la semana pasada a la demanda de estos sectores para que se derogue la ley que tocaba una mínima parte de sus intereses económicos y anunció el retiro temporal de los proyectos, haciendo un llamado a un "debate nacional" sobre el tema. La derecha sigue presionando para que se archiven definitivamente y Correa busca evitar que las manifestaciones persistan, siendo que se aproxima la visita del Papa Bergoglio a suelo ecuatoriano.

Este "despertar" de la clase media y empresaria a las calles, pone de manifiesto la realidad de un sector social que durante estos años consolidó un importante crecimiento económico. En el caso de las clases medias, un evidente aumento en la capacidad de consumo, y para los empresarios, sin duda una década dorada. Hoy estos sectores reaccionan acaloradamente contra una medida que apenas los toca y que lejos está de apuntar, como declara demagógicamente el gobierno, a favorecer la equidad y redistribución de la riqueza. El gobierno de la "revolución ciudadana" salió a tranquilizar a la derecha asegurando con total convicción que lo que se busca es fortalecer una economía de mercado, un capitalismo "más en serio".

"Es necesario que el Ecuador avance a un capitalismo moderno, como lo que ocurre en países en donde el capital no está solo en manos familiares si no que se abre al mercado", como declaró Pabel Muñoz, Secretario Nacional de Planificación de Alianza País.

Es que efectivamente no hay ningún anuncio por parte del Gobierno Nacional en el sentido de grabar impuestos reales a las grandes corporaciones empresariales para evitar que la crisis de la economía producto de la baja en los precios del petróleo la terminen pagando los trabajadores, tampoco se anunció la nacionalización de ninguna empresa o servicio, mucho menos una reforma agraria.

Los banqueros como Guillermo Lasso y fieles representantes de la derecha como Nebot y Rodas lo saben a ciencia cierta, pero justamente utilizan esta plataforma de denuncias conservadoras para su propio beneficio electoral buscando perfilarse como las figuras de la oposición capaces de competir con Correa en las próximas elecciones y disputarle liderazgo. Las que hasta hace unos días decían ser movilizaciones "sin banderas ni partidos", esta vez fueron convocadas y acompañadas activamente por los tres competidores de la oposición.

Correa busca el diálogo con la derecha y avanza contra las demandas obreras

El oficialismo, por su parte juega una doble mano, por una parte moviliza a sus sectores “afines” (muchos de ellos trabajadores del Estado obligados a movilizarse), para medir fuerzas en las contramarchas y poder establecer mejores condiciones de negociación, ahora que le ha propuesto a la derecha “abrir un debate nacional” para resolver el proyecto de ley de herencias. A su vez, alienta el fantasma de la "desestabilización golpista", como recurso para intentar desarmar las movilizaciones por izquierda que las centrales sindicales, organizaciones indígenas, populares y de mujeres, vienen desarrollando en contra de su política laboral, económica y de género. Movilizaciones que en su momento el propio Correa, denunció como “infiltradas por la CIA” (El Universo 21/03/2015), o que aprovechándose del oportunismo de cierta dirigencia, busca dejarlas pegadas a los intereses de la derecha, pues resulta un inconveniente central para el Gobierno, que estén apareciendo los trabajadores, como sujeto diferenciado, peleando por sus propias demandas, tanto que el Ministro de Relaciones Laborales, quien -cuestión paradójica-, se llama Carlos Marx Carrasco declaró que “los sindicatos no deben hacer política”.

Irrumpen los trabajadores con sus propias demandas

De forma diferenciada de las marchas de la derecha, el mismo jueves a la tarde los trabajadores marcharon dando continuidad a su denuncia contra la política antiobrera y la criminalización de la protesta por parte del Gobierno Nacional. Aseguran que no toman en sus manos la demanda de la ley de herencias, sino que reclaman por aquello que verdaderamente afecta sus derechos y los de los sectores populares, que la crisis del petróleo represente el aumento del costo de vida que terminarán pagando de sus bolsillos, que la reforma al código laboral arrase con derechos históricos, que se siga criminalizando la protesta y encarcelando manifestantes y dirigentes.

Las centrales sindicales, que marcharon en el día de ayer, durante las horas de la tarde, anunciaron que preparan un paro nacional hasta que el gobierno retroceda en los puntos más polémicos de su política, principalmente la reforma al código laboral y la ley de tierras.

Es importante en esta coyuntura polarizada por los reclamos de la derecha y el gobierno intentando reubicarse, que pueda emerger la clase trabajadora de forma independiente, con sus demandas y sus medidas de lucha.







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