El gobierno deberá indemnizar a una joven golpeada por la policía en ‘Rodea el Congreso’

La joven, que había sido golpeada durante las protestas frente al Congreso, recibirá una indemnización de 750 Euros.

Martes 4 de abril | 19:12

En septiembre del 2012 se produjeron importantes protestas frente al Congreso que llevaron varios días. Convocadas por la Coordinadora 25S, habían sido llamadas con el lema de “Rodea el Congreso”, y por “un proceso Constituyente”.

El 29 de septiembre, una joven se refugió con una amiga en un bar del barrio Huertas, escapando de la represión policial. Pero los antidisturbios irrumpieron dentro del bar y golpearon a varias personas que se encontraban refugiadas en ese lugar.

La sentencia de la Audiencia Nacional, que llega casi 5 años después, señala que no era necesario el uso de la fuerza “en el momento concreto de la intervención”. Por eso ha ordenado que se indemnice con 750 euros a la joven golpeada por la policía.
La demanda interpuesta por la joven ya había sido archivada por la justicia madrileña y por el Ministerio del interior, alegando que no era posible identificar al autor del hecho, o que no había relación clara entre la policía y las agresiones sufridas por la joven.

La sentencia asegura que no se puede demostrar que la joven “actuara de manera que provocase o justificase el empleo de fuerza física por parte de los policías”.
Las protestas de septiembre recibieron fuertes cargas policiales y dejaron un saldo de decenas de detenidos. Los alrededores del Congreso se encontraban literalmente cercados por un mega operativo policial, con más de 1.300 agentes de la Policía Nacional llegados de toda España desplegados en Madrid. La joven que hoy recibe una indemnización no fue la única agredida, sino que miles de personas recibieron las cargas policiales, y muchas de ellas detenidas, multadas o encausadas.

La sentencia de la Audiencia Nacional reabre el debate sobre la acción represiva de la policía contra los manifestantes y plantea la necesidad de redoblar la lucha contra la criminalización de la protesta social.






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