Política

CÓRDOBA/CORONAVIRUS

El Gobierno de Córdoba usa la pandemia para avasallar derechos sindicales

La represión de este lunes en Jesus María, que culminó con la detención de 41 empleados municipales, y la intervención policial para impedir una asamblea en Bagley, forman parte del avance del Gobierno provincial, que con la excusa de la pandemia, busca suspender derechos constitucionales y consolidar un régimen antisindical.

Paula Schaller

Licenciada en Historia

Martes 5 de mayo | 23:10

Está claro que las patronales vienen aprovechando la pandemia para atacar los derechos de los trabajadores, avanzando en despidos o imponiendo suspensiones con rebaja salarial gracias al acuerdo entre la UIA y la CGT avalado por el Gobierno nacional.

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Lo mismo sucede con los trabajadores estatales, que ya comienzan a sufrir ataques por parte del gobierno provincial y los municipios. Schiaretti viene amenazando con generalizar recortes sobre los empleados públicos y ya comenzó rebajando jubilaciones mal llamadas de privilegio. Lo propio hace Llaryora, que aplicó recortes de entre 15 y 35 % según denunciaron los trabajadores del SUOEM. Igual situación se refleja en los municipios del interior. En Jesús María, trabajadores municipales que en su mayoría cobran salarios de miseria y que en muchos casos se encuentran en áreas operativas cumpliendo tareas esenciales durante esta cuarentena, sufrieron recortes por decreto del Intendente.

Un Estado de excepción para atacar a los trabajadores

El agravante de la situación es que estos ataques están siendo acompañados por una escalada represiva que, con la excusa de la pandemia, busca suspender derechos constitucionales y consolidar un régimen antisindical. Así lo vimos con el escandaloso operativo policial por el que 41 trabajadores municipales de Jesús María fueron detenidos, incluyendo parte de la comisión directiva del sindicato por realizar una asamblea. Con la excusa de que estaban “violando la cuarentena” (recordemos, una vez más, que son trabajadores que están en actividad) el gobierno municipal y la policía provincial aprovechan para suspender una garantía constitucional elemental como la de organizarse para reclamar ante un derecho vulnerado.

Lo mismo sucedió en el caso de los trabajadores de la alimentación -que al ser servicio esencial están exceptuados de la cuarentena- que vienen denunciando que el Grupo ARCOR incumple el pago de ítems como el presentismo y el diferencial por hora nocturna a grupos de riesgo. En este contexto, y ante el intento de realización de una asamblea convocada por el sindicato en la planta de Bagley, la Policía provincial se hizo presente e impidió su realización. Como relata el propio Morcillo, Secretario General del STIA, al llegar la policía se cerraron los portones de la planta y amenazaron con detener delegados para impedir la asamblea bajo el argumento de que se estaba cometiendo un delito. Estos hechos gravísimos de avasallamiento de las libertades sindicales muestran que Schiaretti busca avanzar en un régimen de excepción para profundizar el ataque sobre los trabajadores. Las medidas de aislamiento social preventivo de ninguna manera pueden ser la excusa para suspender mediante la intervención policial las garantías constitucionales ni el libre ejercicio de la actividad sindical.

Por otro lado, esto se da en un contexto donde el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) viene oficiando como garante del control territorial en los barrios más carenciados de la Provincia afectados por la pandemia. El COE, creado por decreto de Schiaretti para dirigir las acciones en el marco de la pandemia, está compuesto por las fuerzas armadas nacionales como El Ejército y la Gendarmería, la Policía de la Provincia, Defensa Civil de la Provincia, la Municipalidad de Córdoba, la Secretaría de Riesgo Climático y Catástrofes y los ministerios provinciales de Salud, Seguridad y de Gobierno. Esto implica que un organismo cívico- con presencia militar- que por supuesto nadie votó, toma decisiones desde arriba que se discuten poco y nada en un contexto de un funcionamiento muy limitado de los poderes legislativos. Pero esas decisiones nada tienen que ver con avanzar sobre las medidas acuciantes para evitar la expansión del virus, cuya curva ya comenzó a dispararse por contagios en el personal de salud que reclama insumos y testeos que el gobierno no garantiza, sino en imponer un estado de excepción que se pretende por encima de cualquier garantía básica. Muchos militares y pocos testeos. Es esto lo que se vió en las barriadas populares como Nuestro Hogar III que fueron perimetradas con cercos sanitarios bajo el control operativo del COE, donde los vecinos denunciaban que la comida era escasa y los hisopados se hicieron a cuentagotas.

Schiaretti quiere salir de la pandemia con un régimen provincial más autoritario como tarea de primer orden para lidiar con el conflicto social.

En este contexto, el rol de los sindicatos viene siendo pérfido. No sólo porque su actitud ante al ataque en regla de patronales y gobiernos osciló entre la colaboración activa de los del sector privado -negociando rebajas salariales- y la pasividad cómplice de los del sector estatal –que no convocaron a ninguna medida de organización ante los recortes y la amenaza de su generalización-; sino porque tampoco hacen nada frente al cercenamiento de las libertades sindicales. Asimismo, organismos como la Mesa de trabajo por los Derechos Humanos -que en otras épocas se hicieron eco de denuncias progresivas contra la policialización y hoy están integrados al Gobierno, guardan un silencio cómplice en momentos donde urge enfrentar decididamente estos avances represivos y autoritarios.

Es imprescindible que los sindicatos abandonen la pasividad y garanticen las instancias de debate y organización para que los trabajadores nos preparemos para enfrentar estos ataques.







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