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CORRUPCIÓN

El dueño de Metrovías procesado, embargado y sin poder salir del país por caso Odebrecht

Mientras el Gobierno de la Ciudad acusa a los trabajadores del subte de “ilegales” y defiende el tarifazo, Aldo Roggio se encuentra involucrado en el mayor escándalo de corrupción de los útimos años en toda la región.

Juan Manuel Astiazarán

@juanmastiazaran

Lunes 28 de mayo | 13:04

El apellido de Aldo Roggio, dueño de la empresa Metrovías, es uno de los más influyentes en el mundo de los empresarios nacionales. La revista Forbes lo menciona como parte de las cien empresas que manejan la economía argentina. En un relevamiento realizado por la revista Noticias aparece entre las 30 firmas que más obras públicas ganaron entre 2016 y 2017. Y, por si fuera poco, Metrovías forma parte de las 20 empresas más rentables y que más beneficios acumularon desde que Mauricio Macri llegó a la presidencia y Horacio Rodríguez Larreta conduce la Ciudad de Buenos Aires.

El imperio que los Roggio han sabido construir desde 1908 siempre estuvo ligado a la construcción y la obra pública, sabiendo cultivar buenas relaciones con los gobiernos de turno y ganándose un lugar dentro del selecto grupo de la “patria contratista”. Su historia, reseñada recientemente por La Izquierda Diario, da cuenta del salto que dio el grupo gracias a los negocios con la última dictadura genocida y el entramado de corrupción, estafas y sobreprecios de las distintas obras a su cargo.

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Pero el apellido Roggio también integra otro listado de renombre: forma parte de las 100 empresas argentinas investigadas por la megacausa de las coimas de Odebrecht en nuestro país. Por ella, Aldo Roggio se encuentra procesado, tiene prohibida la salida del país y un embargo por 574 millones de pesos.

En la investigación del caso conocido como Lava Jato, Odebrecht está entre sus principales protagonistas y algunos de sus ejecutivos condenados se acogieron al régimen de “delación premiada” (mal llamados arrepentidos) por el cual dieron información acerca de los sobornos pagados por más de 35 millones de dólares y distintos arreglos con funcionarios de gobierno y mecanismos de asociación con empresas locales para adjudicarse las obras.

Precisamente, entre las investigaciones centrales sobre contratos y coimas hay una de ellas que alcanza al dueño de Metrovías: la construcción de la planta potabilizadora de AySA Paraná de las Palmas, ubicada en el partido de Tigre. La misma fue adjudicada a una Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Odebrecht sucursal argentina, Benito Roggio e Hijos SA, José Cartellone e hijos y Supercemento. Según el juez Casanello, quien lleva la causa, la licitación para la construcción de la planta fue prácticamente ficticia.

Pero además del armado de la licitación a medida, la investigación da cuenta de los incrementos presupuestarios que se fueron sumando respecto al presupuesto inicial, a medida que la obra se fue prolongando en el tiempo. La fecha de finalización estaba planteada para 2012 inicialmente, pero recién la obra provisoria comenzó a entregarse en agosto de 2014; en tanto que el valor inicial, valuado en 1.800 millones de pesos, terminó estirándose a la cifra de 6.500 millones según difundió el diario Página 12 semanas atrás.

En el fallo que determina el embargo millonario y la prohibición de salir del país, el juez considera que los empresarios procesados han sido partícipes “penalmente responsables del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.

El expediente judicial asegura la existencia de una maniobra para estafar al Estado al haber transferido para las obras “montos superiores al presupuesto oficial” sin que las partidas fueran “debidamente justificadas”.

La impunidad en el accionar de Roggio es la misma que ha mostrado, en complicidad con el gobierno de Larreta, para aumentar el valor de la tarifa del subte. El fallo de la jueza Patricia López Vergara, que hace lugar al amparo presentado por los legisladores del PTS – Frente de Izquierda Patricio Del Corro, Myriam Bregman y el metrodelegado Claudio Dellecarbonara, congela el tarifazo hasta tanto el Gobierno y la empresa no presenten la información y documentación que lo justifique.

Lejos de ello, la empresa y el Gobierno han incurrido en numerosas irregularidades, entre las que se encuentran la reducción del número de pasajeros reales para calcular los costos del boleto, la contemplación de indemnizaciones a cargos jerárquicos en caso de un hipotético cambio de empresa concesionaria y hasta incluyeron en los “gastos” un almuerzo de sus ejecutivos en un lujoso restaurant de Palermo por más de $56.000.

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Procesado, embargado y con prohibición de salir del país, Roggio da cátedra de maniobras fraudulentas en perjuicio de los fondos públicos, mientras ataca el derecho de huelga de los trabajadores del subte y pretende cuestionar la “legalidad” de sus reclamos.







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