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El discurso de “mano dura” y la represión: ensayos de laboratorio para Cambiemos

La campaña discursiva de la “mano dura” impulsada por el macrismo pegó un saltó en estos primeros días del 2017. ¿Preparan el terreno para políticas más represivas como complemento de su plan de ajuste?

Jueves 12 de enero | Edición del día

Van apenas 12 días de este caluroso mes de enero y a pesar de que muchos funcionarios están de vacaciones, el gobierno nacional no “toma descanso” en su intento de perfeccionar su plan de ajuste y de ataque a nuestras condiciones de vida.

¿Hacer apología de la baja de edad de imputabilidad, militarizar el Padelai para que las familias que allí vivían acepten irse a cambio de sumas miserables; volver a la carga con la necesidad de contar con un “protocolo anti-piquetes” para despejar las calles de manifestaciones y a los pocos días desalojar violentamente a los manteros; detener y herir mediante una represión brutal a los mapuches para defender los intereses del multimillonario Benetton, entre otras cosas, forman parte de un mismo plan? ¿Por qué? Vamos por partes.

Las claves del laboratorio: “mano dura” y represión

Durante el año pasado el gobierno contó con dos invalorables ayudas. En primer lugar, la burocracia sindical, que con reunificación en el medio, le viene dando una tregua inmensa. Ni la inflación, ni los tarifazos, ni los despidos y suspensiones fueron razones suficientes para que la dirigencia sindical concretara el paro, tantas veces anunciado, o alguna medida de lucha seria que permita que toda la bronca de los trabajadores les ponga un freno a tanto ataque. En segundo lugar, la oposición del Frente Para Victoria (FPV) y el Frente Renovador (FR) de Sergio Massa, que le garantizaron en el Congreso Nacional la aprobación de leyes que perjudican a los trabajadores, como la entrega a los Fondos Buitres y el Presupuesto 2017.

Pero el gobierno sabe que en un año en que las perspectivas serán más duras, esto quizás no alcance y sea necesario una mayor utilización de las fuerzas represivas para “mantener el orden” ante un descontento social que crece.

Por esta razón, primero apeló a medidas demagógicas para ganar base social y legitimar un discurso de más “mano dura” y represión. Eso intentó con su declaraciones a favor de bajar la edad de imputabilidad. Iniciativa que buscar criminalizar y estigmatizar a los jóvenes , sobre todo de los sectores más pobres, que justamente son los más golpeados por la precarización laboral - casi el 70 % de los jóvenes de entre 18 y 25 años trabaja de manera precaria- y el gatillo fácil, que mata a un pibe cada 25 horas.

En segundo lugar, y en sintonía con esta línea, a pedido del presidente Mauricio Macri, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, anunció la existencia de un plan para contener las protestas sociales y mantener las calles libres de piquetes. La ciudad de Buenos Aires cuenta ahora con el control de los policías transferidos de la Policía Federal. “La policía de la ciudad va a estar preparada para avanzar” dijo Diego Santilli, vice jefe de gobierno porteño, y una semana después un impresionante operativo policial, que incluyó carros hidrantes, palos, gases y balas de goma, desalojó a los vendedores ambulantes del barrio de Once, llamados manteros, a quienes también le secuestraron la mercadería, con cuya venta mantienen a sus familias.

¿Este accionar es una antesala de lo que se viene? Su primer gran laboratorio es, entonces, mediante una campaña discursiva de “mano dura” y algunas acciones muy puntuales (como el desalojo en Once y la represión en el sur) ganar base social para legitimar una futura política más represiva y medir el humor social para saber hasta qué punto pueden avanzar.

Recordemos que a comienzos del 2016, el gobierno nacional y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lanzaron un “protocolo anti-piquetes” que finalmente no pudieron aplicar. “Si no se van en 5 o 10 minutos los vamos a sacar” había dicho Bullrich a los medios para explicar su funcionamiento, sin embargo el 24 febrero una jornada masiva de cortes y movilizaciones de los trabajadores estatales y organizaciones de izquierda, entre ellas el Frente de Izquierda, le puso un freno a esa política represiva e impidió que el macrismo concrete su plan.

Laboratorios al servicio del ajuste

Por estos días, el gobierno también oficializó la política de modificar convenios colectivos de trabajo, buscando atacar conquistas y condiciones de trabajo, para mejorar las ganancias patronales. El acuerdo de Vaca Muerta pactado con el burócrata sindical, y también senador, Guillermo Pereyra, implica imponer a los trabajadores condiciones de flexibilización laboral y es presentado bajo el chantaje de que el rechazo significará la propagación de despidos. Lo que obviamente causa temor, más teniendo en cuenta que el año pasado finalizó con más de 230.000 despidos y suspensiones y en lo que va del año ya se conocieron despidos en el sector textil, del calzado y seguros.

Macri expresó su deseo de extender estos ataques a todos los sectores del movimiento obrero. Según información que trascendió en los medios, desde el ministerio de Trabajo ya se está avanzado en negociaciones con distintos dirigentes sindicales para replicar este acuerdo en otros sectores como la lechería, el automotriz, marina mercante y energía eléctrica, entre otros.

El gobierno sabe que más ajuste y ataque no pasan sino es con más represión y disciplinamiento social. Para eso se preparan.






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