Géneros y Sexualidades

OPINIÓN

El día que se prohibieron los prostíbulos

Un día como hoy de 1936 se promulgaba la Ley Nacional de Profilaxis que prohibía los prostíbulos en todo el país con el objetivo de controlar la sífilis. La prostitución ejercida en ámbitos comunes para tal fin, se convertía así en un delito.

Viernes 30 de diciembre de 2016 | 10:19

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La ley de profilaxis 12.331 fue sancionada el 17 de diciembre de 1936 y promulgada el 30 de diciembre de ese mismo año. Entre sus disposiciones incluía cerrar todos los burdeles y crear un programa nacional de exámenes prenupciales obligatorios para hombres, quedando exceptuadas las mujeres.

Con esta ley, además de intentar evitar el avance de la sífilis, se proponían combatir el proxenetismo y la práctica de coimas entre funcionarios policiales y judiciales, lo que ya era moneda corriente.

Fue conocida popularmente como la ley de “cierre de prostíbulos” adoptando el país una posición abolicionista. “La prostitución como actividad por elección personal no está prohibida; sí lo están los prostíbulos en todas sus formas”, se puede leer en el texto de la ley.

Pero la prostitución nunca dejó de existir. A lo largo del tiempo se convirtió en una de los principales negocios del país, y del mundo, que supo cómo sacarle provecho a la clandestinidad, a costa de los cuerpos de las mujeres.

Un poco de historia

La primera legislación que se conoce sobre el tema data de 1875 y declara a la prostitución una actividad legal en la Ciudad de Buenos Aires.

El crecimiento de la inmigración en Argentina fue exponencial, entre 1853 y 1930 ingresaron 6.000.000 de personas, en su mayoría varones que venían a probar suerte, buscando un futuro mejor al que Europa podía darles en aquel momento. Pero el mercado laboral favorecía a la mano de obra masculina, mientras que la femenina engrosaba el sector informal de la economía, con los trabajos peores pagos.

El contexto económico y social forzó a miles de mujeres a permanecer en situación de prostitución y permitió el desarrollo internacional de redes de trata a gran escala en el país.

En las primeras legislaciones puede verse una política de regulación de la prostitución por parte del Estado bajo el argumento de tratar de controlar las enfermedades venéreas. Por ejemplo, en julio de 1920, mientras se mantenían las condiciones sociales y económicas que impedían el acceso de las mujeres a la educación, la salud y el trabajo, las autoridades municipales de la Ciudad de Buenos Aires dictaron una Ordenanza donde obligaban a las mujeres en situación de prostitución a tener una libreta sanitaria y la inspección médica periódica obligatoria.

En 1926 hay una disposición municipal, también en Buenos Aires, que hace referencia a “la moral e higiene”, buscando obtener un “registro de nombre y filiación de prostitutas y sirvientas, que deberá ser sellada en la Comisaría”. Además “los prostíbulos no debían tener signos externos que denunciaran su existencia y la atención médica de las mujeres enfermas debía estar a cargo de los médicos de la Intendencia Municipal”. Nótese ya la participación policial y cómo la profilaxis va transformándose en una cuestión de “moral”.

Pero los tiempos empezaban a cambiar. Hacia 1930 se conoció con gran escándalo, gracias a la valiente denuncia de Raquel Liberman, cómo operaba la organización Zwi Migdal con la trata de mujeres inmigrantes. La organización existía desde 1906 bajo la cobertura de la “Sociedad de Socorros Mutuos” y se supo que para 1929, con el nombre de “Sociedad Zwi Migdal”, el gobierno de la provincia de Buenos Aires le había otorgado la personería jurídica. Así podían traer engañadas a mujeres judías que escapaban del fascismo y las obligaban a prostituirse con total legalidad estatal. “Raquel Liberman, la Polaca protagonista de este libro, se atrevió a desafiar con su denuncia a la organización judía de tratantes de blancas Zwi Migdal, que –amparada en la corrupción de la institución policial- engañaba, secuestraba y esclavizaba a mujeres inmigrantes para hacerlas trabajar en burdeles” (“La Polaca” de Myrtha Schalom) .

Para 1934, se dispuso la clausura de los prostíbulos en la Capital Federal y se propusieron preparar una legislación para la abolición de los prostíbulos en todo el país.

En 1935 se dispuso la clausura y desocupación inmediata de casas ocupadas por prostíbulos. Este decreto comprendió también a hoteles y fondas con alojamientos, casas amuebladas y posadas. Nuevamente fueron cobertura de la prostitución los cafés, para conseguir clientes al paso, cabarets, por una noche, restaurantes, etc.

Finalmente el 17 de diciembre de 1936 se sancionó la ley 12.331, llamada de “Profilaxis de enfermedades venéreas” y se promulgó el 30 de diciembre de ese mismo año.

Esta ley tenía un claro carácter abolicionista con vigencia en todo el territorio nacional. El ejercicio individual de la prostitución no fue especificado como delito, o sea que era una actividad lícita, siempre y cuando no se realizara en forma “escandalosa” y no afectara “el pudor público” en el que sería calificado como contravención. ¿Quién controlaría esta actividad? Nuevamente, la policía.

¿Abolir o regular?

La prostitución y la trata de mujeres para la explotación sexual sigue siendo uno de los tres negocios que mueve más dinero en el mundo entero, a costa de los cuerpos de las mujeres y de las niñas, entre las que siempre se encuentran las más pobres.

En la historia de nuestro país hubo diferentes políticas para el tratamiento de los que suele llamarse “el oficio más antiguo de la historia”. Ninguna ha logrado sacar de este flagelo a las cientos de miles de mujeres y niñas que a lo largo de este último siglo se vieron forzadas a ejercer la prostitución, ya sea por sus apropiadores bajo las redes de trata, ya sea porque no les quedó otro recurso para subsistir.

Las mujeres y las niñas no desaparecen, alguien se las lleva; para que de eso no se sepa nada hay impunidad y connivencia de la policía, de los jueces y de los gobiernos y funcionarios de turno. En nuestro país, se estima que son más de 600 las mujeres desaparecidas a manos de estas redes en los últimos años. Sin embargo, ningún gobierno ni institución estatal ha aportado hasta la fecha datos oficiales.

De la ilegalidad y de la clandestinidad se han hecho millonarios negocios. De lo que se trata es de apuntar los cañones contra el sistema capitalista y patriarcal, que ha hecho de la opresión de las mujeres una herramienta invalorable para mantener su dominación sobre millones de personas.






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