Sociedad

A TRES AÑOS

El día que Scioli quiso esconder a los muertos de la inundación de La Plata

Tras la inundación del 2 de abril de 2013 desde la gobernación se fraguó el número de fallecidos con un entramado policial y judicial para falsificar documentos y ocultar cuerpos.

Daniel Satur

@saturnetroc

Domingo 3 de abril de 2016 | Edición del día

Al día de hoy la cifra oficial de víctimas fatales de la inundación del 2 de abril de 2013 en La Plata, basada en un fallo judicial de 2014, asciende a 89. Lejos de la lista de 52 decesos con los que el entonces gobernador Daniel Scioli quiso cerrar la “estadística”. Y a su vez insuficiente si se considera una investigación de dos periodistas platenses que chequearon cientos de fuentes y terminaron ubicando ese número (parcial) en 109.

Esa disparidad en el conteo, donde las maniobras del Gobierno quedaron más que en evidencia, no hizo más que habilitar una presunción que desde entonces recorre las calles de La Plata: “la cifra de muertos nunca se va a saber y es mucho mayor de lo que se habla”, es uno de los comentarios más extendidos entre el pueblo trabajador de la región. Razones para sospechar, sobran.

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“¿Quién da más?”

La pelea por el número de muertos en medio de una tragedia como la vivida el 2 y 3 de abril de 2013 en La Plata es uno de los capítulos más patéticos de una historia de por sí sobrecargada circunstancias trágicas.

Quien primero dio una cifra oficial de víctimas fatales, obviamente, fue el gobierno de Scioli a través de su ministro de Justicia y Seguridad Ricardo Casal. El 9 de abril, una semana después de los hechos, el Poder Ejecutivo provincial definió que por la inundación habían fallecido 52 personas.

Excepto los funcionarios de Scioli y del intendente de La Plata Pablo Bruera, nadie que sufrió o vio lo ocurrido podía creer en que el listado de muertos terminaba ahí. De todos modos el gobierno del Frente para la Victoria se clavó inconmovible en esa cifra, apoyándose en la “investigación” penal del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta y en lo que salía como “verdad” del juzgado de Guillermo Atencio.

Poco después el juez en lo contencioso administrativo Luis Arias iniciaría una investigación paralela que pondría en jaque la coartada oficial. El 25 de marzo de 2014, tras meses de investigación, Arias dictó un fallo donde obligaba al gobierno provincial a “reconocer como víctimas del temporal a 89 adultos”, fallecidos entre el 2 abril y el 28 de agosto por distintas causas relacionadas con la inundación.

La sentencia causó revuelo y confirmaba lo que muchos familiares de víctimas y damnificados sabían desde el principio: el gobierno de Scioli había decidido ocultar a muchos muertos.

Arias fue más allá y sentenció que en aquellas jornadas desde el Estado hubo una “consagración” de irregularidades en el registro de víctimas. El grueso de esas irregularidades se lo atribuyó a Condomí Alcorta, que decidió tener en cuenta solo las defunciones reconocidas por vías “médico-legales”, que delegó la conducción de la investigación en la Policía Bonaerense y que eludió investigar el manejo caótico de los cuerpos por parte de funerarias y funcionarios judiciales, de la morgue y del Registro de las Personas.

Frente a ese panorama, los periodistas platenses Josefina López Mac Kenzie y Martín Soler realizaron una investigación que publicaron a fines de 2014 bajo el título 2A. El naufragio de La Plata. Allí, atendiendo lo sentenciado por Arias y relevando otras fuentes, muestran un listado de 209 fallecidos comprobados. A las 89 muertes identificadas por Arias sumaron una veintena de otros decesos producidos “esos días y después, por falta de luz en hospitales, por estrés, por ACV, por depresión, por enfermedades de transmisión hídrica”.

“Que parezca un accidente”

Durante el 2 y el 3 de abril de 2013 el 911 recibió miles de llamadas provenientes de toda la región con pedidos desesperados de evacuación, alertas estremecedoras por vecinos al borde de la muerte por agua o electricidad en casas y calles, datos de desapariciones y hallazgos de cadáveres”.

En 2A, López Mac Kenzie y Soler dicen que Arias pidió que se le remitieran las grabaciones de esas llamadas, sobre todo las que hablaran de “hallazgo de personas”, “occisos”, “emergencias de salud” o “desaparición de personas”. Pero que desde el Área de Supervisión Técnica del 911 se le respondió que ese día hubo varios cortes de energía en el edificio donde funciona el servicio y que, producto de ello, “uno de los equipos afectados es la Grabadora Autolog, que (…) por cuestiones técnicas del equipamiento que se desconocen, dejó de grabar”.

Una respuesta similar hubo alrededor de los registros de las cámaras de seguridad del Municipio de La Plata, cuyos responsables justificaron la falta de grabaciones de esas horas con el clásico “se cayó el sistema”.

Hace un año La Izquierda Diario entrevistó a Rocío Aguirre y Paola García, hijas de víctimas de la inundación. Sus propias experiencias revelaron otros aspectos de la trama oficial para ocultar el número real de muertos.

El caso de Juan Carlos García, el padre de Paola, es el que hizo trizas el listado de Scioli y Casal. Era el fallecido número 53 pero el Gobierno no quería reconocerlo. “Cuando encontré el cuerpo de mi papá lo único en lo que pensábamos era en salir de esa situación”, dijo Paola. “Por eso cuando nos ofrecen hacer un certificado de defunción, firmado por un médico, pensamos en que no iba a haber mayores problemas, si todos sabíamos cómo habían sido los hechos y que mi papá murió por la inundación. Pero al final el certificado decía que la causa de la muerte era ’paro cardiorrespiratorio no traumático’. Y además no coincidían la fecha y la hora con las que murió en verdad. Ahí caímos en la cuenta de la cantidad de irregularidades, no sólo en nuestro caso sino en el de muchas familias más.”

Maniobras parecidas sufrieron los cuerpos de Raimundo Aguirre e Irene Arias Burgos, padres de Rocío. “Todo para querer ocultar. A los certificados de defunción les pusieron hora de muerte el 2 de abril a las 22 horas, cuando tengo el llamado telefónico de ellos registrado 7 horas después y cuando mi hermana estaba con ellos a las 6 menos cuarto. A su vez les ponen causas distintas de muerte, ’paro traumático’ a mi mamá y ’asfixia mecánica’ a mi papá, en un intento de querer pasarlo por ahorcado. Si podían, le encontraban la vuelta a determinados casos para justificar que habían muerto por cualquier otra cosa y no por ’sumersión’. Así bajaban y subían casos de las listas de ahogados. Todo para poder bajar, en definitiva, el número de víctimas. Después de ver tanta mafia y tanto ocultamiento, tengo que agradecer que los cuerpos de mis padres no hayan sido desaparecidos o los hayan revoleado por ahí”. Las definiciones de Rocío son contundentes.

Las maniobras llegaron hasta el propio cementerio de La Plata, donde el juez Arias comprobó que hubo casos de “doble entierro”, es decir dos cuerpos enterrados con la misma identidad.

Frente a la movida de Arias, desde el sciolismo intentaron correrlo con un juicio político. Tan decididos estaban que los trámites ante la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados los llevó adelante el persona Ulises "Coco" Giménez, alfil del entonces gobernador y uno de los apoderados del Frente para la Victoria provincial. A su vez fueron contra el defensor oficial de la juventud Julián Axat, quien había dado inicio a la investigación de Arias con una presentación en la que ponía bajo sospecha el listado oficial de muertos ya que curiosamente no figuraba ningún niño o niña.

La intriga sobre la ausencia total de menores de edad en la lista oficial de fallecidos se mantiene. Cuesta creer que en barriadas enteras, donde el agua arrasó con decenas de casas de familia, todos los niños y las niñas hayan sobrevivido. Pero al defensor general de La Plata, Omar Ozafrain, eso le importó poco y anda. En poco tiempo corrió al fiscal Axat y lo reemplazó por Laura Ozafrain, su hermana.

Con Arias no pudieron hacer lo mismo, ya que la Suprema Corte provincial se vio obligada a avalar que el juez prosiguiera investigando al Estado por las muertes.

“Muertes completamente evitables”

Luana Simioni sufrió la inundación en carne propia. La excandidata a intendente de La Plata por el Frente de Izquierda dijo a La Izquierda Diario que “la inundación desnudó una trama de impunidad y de complicidades judiciales, policiales y del poder político. Y donde más se evidenció eso fue en las causas iniciadas por los familiares de las víctimas contra los funcionarios por su responsabilidad penal en las muertes ocurridas a partir de la inundación. Hubo complicidad judicial para no investigar a los funcionarios y complicidad policial para hacer todo lo que hicieron durante la catástrofe y en las morgues para encubrir”.

La dirigente del PTS afirma que, a tres años, “la impunidad que reinó durante el gobierno kirchnerista el macrismo parece que quiere continuarla para seguir encubriendo responsabilidades”. Lo dice en referencia a la ausencia de procesados por las 89 muertes. “Al día de hoy no hay ningún funcionario político, tanto provincial como municipal, imputado por esas muertes, completamente evitables. Esas víctimas fallecieron producto de un diseño de ciudad funcional a los intereses de los grandes especuladores inmobiliarios de la región; y también por la desidia de los funcionarios que no realizaron las obras necesarias para evitar el desastre”, sentenció.

Los únicos funcionarios imputados por la inundación, hasta el momento, son tres comisarios y una médica de la Policía Científica. Producto de la lucha de familiares de víctimas, fueron acusados de “falsedad ideológica de instrumento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, debido a la adulteración de certificados de defunción. Hubo certificados fraguados que llegaron a plantear muertes por “insuficiencia hepática”.

Los policías responsables de seccionales de Tolosa, La Loma y Ringuelet y la médica de la División Morgue Policial parecieron actuar de una forma casi coordinada, quizás cumpliendo órdenes de superiores políticos. Pero ni Scioli, ni Bruera, ni Casal, ni Alberto Pérez ni ningún otro funcionario de alto rango a nivel provincial o municipal fueron jamás citados a declarar. Ya no procesados o imputados, lo que sería lógico. Ni siquiera como “testigos”. Y es dudoso que no tengan nada para decir.







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