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GALICIA CORRUPCIÓN

El desvío de fondos públicos en la Xunta para interés político, norma en Galicia

Un nuevo y escandaloso caso de corrupción de la política en el Estado español, que destapa el saqueo del dinero público para el beneficio de los partidos patronales y sus políticas.

Jacobo A. García

Vigo | @Jacobscarface

Miércoles 11 de enero | 19:57

Tal y como afirma el diario.es y Praza Pública, así como otros medios independientes, la Xunta aprobó tres días antes de las elecciones autonómicas el desvío de parte del su "tícket eléctrico", que ha llegado a unas 35.000 familias menos de las previstas; así como 1,3 millones de euros de Medio Rural para campañas publicitarias, 70 mil para encuestas de valoración sobre la acción del gobierno, 340 mil para vallas publicitarias en 2016, y suma y sigue.

Las ayudas de la luz sirvieron para ayudar a ganar las elecciones al PP

A mediados de febrero de 2015, como promesa electoral para las municipales, la Xunta anunció una ampliación de su "tícket eléctrico". Alberto Núñez Feijóo anunció que esta ayuda, equivalente a un recibo y medio de la luz al año, iba a poder tener "hasta 40.000 familias beneficiarias". En su convocatoria para 2016, dotada con 2,1 millones, el plazo para solicitar el tícket eléctrico fue desde mediados de enero hasta finales de julio. Cuando pasó esa fecha las familias destinatarias de la ayuda eran 35000 menos de las prometidas, y la Xunta destinó parte del dinero a otras finalidades.

Finalidades entre las que destaca un estudio sobre la efectividad de algunas de sus campañas publicitarias. La decisión fue formalizada el 22 de Septiembre, tres días antes de las elecciones gallegas, pero la Xunta no la divulgó. Fueron 125 mil euros los inicialmente reservados a estas ayudas, que finalmente se destinaron concretamente a "contratar con carácter urgente estudios e investigaciones relativos a planes y programas de inversión en campañas publicitarias de divulgación de contenidos relacionados con la orientación y promoción laboral y el fomento del empleo". Para hacerlo, esos 125 mil euros fueron trasladados, en dos partidas de 62.500 euros, al presupuesto de promoción del empleo que gestiona la Dirección General de Orientación y Promoción Laboral.

Por otra parte, la Xunta destinó menos de un año antes, 71.900 a la contratación de una empresa privada que realizó encuestas e informes durante 2016, en año electoral. Así estos servicios midieron la eficacia de las “campañas desarrolladas” y realizaron un “análisis global de la eficacia de la publicidad institucional de la Xunta”. El Gobierno en su momento justificó que el contrato se guiaba solo por las "necesidades e intereses" de la ciudadanía.

Otro caso sangrante fue el de la Secretaria Xeral de Medios do Goberno Galego, que financió en 2015 con algo más de 314.000 euros, un contrato que le permitió a la Xunta colocar sus mensajes publicitarios, y al menos, 105 vallas publicitarias al mes durante el 2016. Vallas que fueron distribuidas en poblaciones de más de 5000 habitantes por toda Galicia, si bien la mayoría fueron instalados en localidades de más de 50.000 personas.

Medio Rural destinó 1,3 millones para campañas publicitarias el pasado año

La cuestión ganadera fue un tema que provocó mucho conflicto a lo largo de toda la pasada legislatura, donde miles de ganaderos arruinados protestaban contra las grandes empresas y el gobierno y reclamaban un precio justo de la leche, ya que los míseros precios actuales no les permiten afrontar los gastos. Estas movilizaciones se sucedieron en varias ocasiones, tanto antes como después de que el departamento autonómico preparase tres campañas publicitarias a desarrollar en periodo electoral, por un valor de hasta 1,3 millones de euros, medida que se aprobó entre el 21 y el 22 de Marzo del 2016, y se empezó a implantar meses más tarde.

Una campaña era sobre la leche, otra sobre la carne y la tercera sobre productos gallegos en general. Fue esta la que tuvo un mayor importe, de unos 840.441 euros. Se trataba, según las autoridades, de transmitir a la ciudadanía "las calidades únicas y singulares de nuestros productos". Las otras dos campañas tuvieron un coste semejante, hasta cubrir entre ambas el presupuesto total. Lo que no dijo el Gobierno gallego, es que mientras los ganaderos gallegos no pueden hacer frente a sus gastos, asfixiados por la presión de las grandes compañías distribuidoras, la falta de subvenciones, las imposiciones de la UE, etc., las autoridades asignan contratos millonarios para la simple propaganda “de los productos gallegos”, pero sobre todo de su administración y su gobierno en año electoral, sin ofrecer solución alguna real a los trabajadores del campo.

Los principales medios de comunicación gallegos, comprados por el gobierno del Partido Popular

Como puede verse en el Diario Oficial de Galicia la distribución de las ayudas directas a los medios de comunicación correspondientes al 2015 estuvieron dotadas con 1,6 millones de euros y fueron distribuidas entre 17 empresas. Según datos del Consello de Contas, estas ayudas suponen alrededor del 10% de los fondos que la Xunta destina anualmente a los medios. Además, son las únicas que se asignan en régimen de concurrencia, lo cual significa que existe un concurso público. Así que podemos suponer que el resto, más de 15 millones de euros, se asignan simplemente a dedo. Para colmo, se trata de un régimen de concurrencia no competitiva, lo que implica que se conceden las subvenciones atendiendo al orden de llegada de las solicitudes o se realiza un reparto proporcional entre todas las solicitudes. O sea, ni siquiera es un concurso público al uso.

Destacan La Voz de Galicia, S.A., como 681.901 euros asignados, Faro de Vigo, S.A., con 265.075 euros de subvención y El Progreso de Lugo, S.L., con 126.635 euros. Estos son tres de los periódicos más leídos en Galicia, que por otra parte, han obviado hablar del desvío de fondos públicos para publicidad del Partido Popular en el gobierno en pleno año electoral. Esta situación es intolerable y demuestra hasta qué punto existe una connivencia del poder y los medios para ocultar y tergiversar sistemáticamente la verdad. Aquí se ve como calla a los medios de comunicación el gobierno gallego, con el objetivo de sacar réditos políticos y económicos.

El vacío legal, campo para el desvío de fondos y el silencio mediático

Ya es un clásico que en todas las campañas y programas electorales de los principales partidos políticos la promesa de la creación de una Ley de Publicidad Institucional que permita fiscalizar la acción del gobierno en este sentido, mediante el Parlamento, u otros mecanismos de participación popular. Pero ningún partido ha cumplido jamás , ni siquiera el bipartito PSOE-BNG, cuando gobernó del 2005 al 2009. La falta de transparencia es escandalosa.

Esto no viene a demostrar otra cosa que la “democracia” en la que vivimos no es más que una burda ilusión. Las decisiones las toman un puñado de burócratas, políticos corruptos y grandes capitalistas, sin consultar al pueblo trabajador en nada. Es más, no tienen ni siquiera que consultar ni rendir cuentas al parlamento que dicen, “representa la voluntad popular”.

Es por tanto nuestro deber contar la verdad, como primer paso para organizarse contra las injusticias. En una tierra, la gallega, que como muchas otras autonomías del Estado español, así como en Europa y el mundo, sufre las calamidades de la crisis y los ajustes capitalistas en la piel del pueblo pobre, es un insulto que los pocos fondos públicos disponibles se dediquen frecuentemente a propugnar la falsedad y el engaño, para conservar el poder.

Otro caso más de corrupción que se suma a la larga lista y que da cuenta del saqueo del dinero público para el beneficio de los partidos patronales y sus políticas contra la clase trabajadora, así como la manipulación de los medios de información.






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