Sociedad

ATAQUE A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

El derecho al anonimato (o la represión en la sociedad de la transparencia)

El gobierno del PP ha presentado un proyecto en el Congreso para prohibir el anonimato en las redes sociales, un grave ataque -otro más- a la libertad de expresión.

Josefina L. Martínez

Historiadora | Madrid

Viernes 29 de diciembre de 2017 | 16:11

El proyecto conservador para extender los tentáculos del control estatal sobre las redes sociales ha sido presentado esta semana por el PP como proposición no de ley (PNL). Internautas, agarrarse fuerte de los teclados, que esto trae cola.

Según el gobierno de Rajoy, no se trataría de prohibir el uso de pseudónimos o cuentas fake (como las que llevan nombres graciosos o alusivos a personajes reales o ficticios), sino obligar a que detrás de cada cuenta se identifique claramente la persona que la gestiona, lo que es lo mismo que aniquilar el derecho al anonimato. El argumento es que el uso de cuentas anónimas propicia una utilización delictiva de las redes sociales, poniendo como ejemplo el “acoso” en redes. Supuestamente, estas políticas de “gran hermano digital” tienen el objetivo de garantizar “un plan integral de seguridad y buenas prácticas en internet".

El anuncio provocó una oleada de rechazo en las redes sociales, como era de esperarse, denunciando que las intenciones del gobierno no son otras que aumentar el control sobre los activistas, trabajadores, grupos políticos y colectivos sociales de izquierda. Un paso más en la escalada represiva del régimen que ya tiene hitos como el primer activista preso por sus opiniones en redes sociales, o la catarata de juicios por “crimen de opinión”. La gravedad del caso, si se llegara a implementar el proyecto, amerita desmenuzar sus argumentos.

En mayo de 2015, el relator especial de la ONU David Kaye, presentó un informe sobre los derechos de libertad de expresión y libertad de opinión, en relación con el derecho al anonimato y el encriptado de la actividad digital. Los argumentos expuestos allí son opuestos por el vértice a los que utiliza el PP para sustentar su proyecto.

El informe señala que el desarrollo actual de las tecnologías digitales otorga a los gobiernos, a las corporaciones y a grupos criminales una capacidad sin precedentes para interferir o coartar los derechos a la libertad de expresión y opinión. La censura online, la recopilación de todo tipo de datos personales (gustos, compras, cuentas bancarias, viajes, amistades, preferencias, opiniones, etc.), los ataques digitales y la represión resultante de actividades de vigilancia fuerzan a los individuos a buscar nuevas medidas de seguridad informática, cifrado de comunicaciones y el uso del anonimato para poder expresar libremente opiniones. El encriptado y derecho al anonimato, señala el informe, son medios utilizados por los individuos para proteger su privacidad y poder elaborar, compartir y difundir ideas, opiniones e información. Estas herramientas, por ejemplo, son fundamentales para el trabajo de periodistas que quieren mantener el anonimato de sus fuentes, y son especialmente importantes para colectivos que sufren alguna clase de hostilidad o persecución, ya sean activistas, trabajadores en lucha, estudiantes, personas discriminadas por su orientación sexual o ideológica, artistas, etc.

El filósofo Byung-Chul Han, sostiene en Psicopolítica que, en la época del dominio neoliberal, el “gran hermano represor” de Orwell ya no necesita actuar de manera represiva, porque las personas, con la pulsión a “mostrar todo” en las redes sociales, se han convertido en los mejores “vigilantes” de sí mismos. El Estado ya no necesitaría “arrancar” la información a la población vigilada, porque ésta se la ofrece mediante “likes”, fotografías y comentarios incesantes en las redes. Cada uno construye su propio “prontuario” digital que el Estado puede utilizar para la vigilancia.

En este marco, el anonimato y el cifrado de actividades digitales (conversaciones, publicaciones), son herramientas defensivas -aunque frágiles- en las sociedades neoliberales actuales, donde se ha incrementado enormemente la “vigilancia” y la represión por parte de los Estados, las corporaciones y grupos de poder. Al revés de lo que pronostica el filósofo surcoreano, los Estados siguen reprimiendo “al estilo tradicional”, con porras y cárceles, pero se sirven también de las nuevas posibilidades de la vigilancia en la “sociedad de la transparencia” digital.

El anonimato no es delito

El PP asegura que la prohibición del anonimato en redes servirá para prevenir casos de “acoso” o “delitos de odio”, obligando a las personas a estar claramente identificadas. Esto es absurdo por donde se lo mire. Tiene tanto sentido como decir que el envío de correspondencia en sobres cerrados, depositados en buzones de forma anónima, propicia el envío de cartas amenazantes y que por este motivo hay que prohibir el uso de sobres en general cuando se escriban cartas (¡el “sueño” de todo Estado censor!).

Pero lo más absurdo de este argumentario, es que el gobierno esconde que en la actualidad el Estado ya tiene la capacidad de identificar claramente a la mayoría de los usuarios de las redes sociales, aun cuando estos usen pseudónimos o cuentas fake. Una vigilancia que el Estado puede realizar fácilmente identificando las IP y mediante el rastreo de infinidad de "huellas digitales" que dejan las personas si no utilizan sistemas especializados para cubrirlas. El Estado cuenta, además, con la “colaboración” de las propias empresas que suministran servicios de internet, servidores y redes sociales cuando se lo requieren.

Es decir, que todos los argumentos de que esta nueva medida serían para prevenir “acosos” o por otros motivos de “seguridad” chocan con la lógica y con la realidad. ¿Cuál es su objetivo entonces? Imponer un clima de “sociedad de control” mayor en las redes sociales, generando que mucha gente se limite al momento de emitir opiniones libremente, por temor a las consecuencias que éstas pudieran tener, ya sea por la represión del estado, el despido de un lugar de trabajo, o la discriminación social.

La necesidad de preservar la propia identidad es una forma de defensa contra abusos o discriminaciones, pero esta frágil herramienta de defensa es la que quiere destruir el gobierno. Tomemos un ejemplo: un trabajador que comparte opiniones críticas con la empresa donde trabaja debe hacerlo bajo pseudónimo, para evitar el despido. Lo mismo en el caso de personas que temen ser discriminadas laboralmente o en otros espacios sociales por su orientación ideológica o sexual. La multiplicación de leyes como la Ley mordaza, las persecuciones judiciales contra tuiteros, políticos independentistas, periodistas y artistas, la interpretación arbitraria por parte del gobierno y la judicatura sobre lo que es un “delito de odio” y otra serie de ataques inéditos a la libertad democráticas, hacen más necesario que nunca poder preservar el derecho al anonimato y la libertad de expresión.

Finalmente, la hipocresía del proyecto es inaudita. Mientras M. Rajoy mantiene su “anonimato” y nadie en la fiscalía sabe decir quién es esa misteriosa persona que recibía sobres en B, mientras las “sociedades anónimas” y los fondos de inversión garantizan el anonimato para los especuladores y explotadores, mientras los archivos de la represión franquista se mantienen bajo siete llaves; ellos nos piden “transparencia” a los que somos críticos con este gobierno, con este Estado y este régimen. En el capitalismo, la única “transparencia” es la que nos imponen como vigilancia, mientras mantienen sus negocios y sus “secretos de Estado” en la oscuridad.






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