Política

DEBATE/CONGRESO NACIONAL

El debate sobre el impuesto extraordinario a las grandes fortunas

El proyecto presentado por el Frente de Izquierda en el Congreso Nacional apunta a cuestionar las ganancias del gran capital. Las grandes patronales tienen que ser las que paguen la crisis. El Frente de Todos propondría otro proyecto, mucho más limitado.

Christian Castillo

@chipicastillo

Miércoles 15 de abril | 23:27

Foto: Alejandro Bulgheroni; Gregorio Pérez Companc; Paolo Rocca y Marcos Galperín, algunos de los hombres más ricos del país.

Este martes los diputados del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, Nicolás Del Caño y Romina Del Plá, presentaron en común un “PROYECTO DE LEY DE IMPUESTO EXTRAORDINARIO A LOS GRANDES PATRIMONIOS Y A LAS ALTAS RENTAS POR LA EMERGENCIA SANITARIA ANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19”. El mismo propone (ARTÍCULO 10) conformar un “Fondo Especial de Emergencia destinado a financiar todas las acciones necesarias en materia sanitaria, económica y social para mitigar las consecuencias de la pandemia del COVID-19”. Esto incluye todo lo vinculado a material sanitario, un salario o ingreso de cuarentena de $ 30 mil a todos quienes quedaron sin ingresos desde marzo y mientras dure la emergencia; y comenzar la construcción de viviendas para quienes se encuentran en situación de hacinamiento crítico (3 ó más personas en una misma habitación).

Es decir, es un proyecto donde queda claro que afectando los intereses de una pequeña minoría de la población (aproximadamente unas 15 mil personas, un 0,03% de la población del país) se pueden conseguir los recursos para que no tener que optar “entre 100.000 muertos y un 10% más de pobres” como dijo Alberto Fernández. Y que no hay ninguna excusa para no tomar todas las medidas necesarias en el terreno sanitario, desde el reparto a la población de alcohol en gel y mascarillas hasta conseguir los kits necesarios para realizar testeos masivos, pasando por contratar el personal adicional requerido del sector de salud o los respiradores que hagan falta. Los test masivos, una medida que hemos reclamado desde el inicio de la emergencia sanitaria, son claves para ir a una salida del aislamiento generalizado en forma no aventurera, ya que permiten captar a los portadores asintomáticos del virus y así poder aislarlos para que no contagien. Sin ellos, la cuarentena, aunque nos permita haber evitado estar en la situación de Brasil o Estados Unidos, es una media sin GPS, como dijimos desde un principio.

Hoy se trata de saber qué intereses se van a privilegiar. Si los del pueblo trabajador o los de los dueños del país, que en gran medida amasaron sus fortunas en base a subsidios del Estado y la estatización de sus deudas, además de la explotación de sus trabajadores. Y también se caracterizan por la fuga permanente de capitales al exterior, frecuentemente por vías ilegales. Según los datos de la revista Forbes, solo los cinco hombres más ricos del país (Paolo Rocca y familia; Alejandro Pedro Bulgheroni y familia; Gregorio Pérez Companc y familia; Alberto Roemmers; y Jorge Pérez) acumulaban a junio de 2019 unos 22.600 millones de dólares. Y los veinte más ricos más de 40 mil millones de la misma moneda.

El Fondo Especial de Emergencia se compondría de cinco impuestos extraordinarios (es decir, aplicables por única vez). Primero, un “Impuesto Extraordinario a los Grandes Patrimonios”, aplicable a las personas humanas y sucesiones indivisas cuyo patrimonio total supere el valor de $ 100.000.000 (cien millones de pesos) al 31 de diciembre de 2019. En él se incluyen todos los bienes, incluidas las tenencias accionarias o participaciones societarias, conforme a su valor patrimonial proporcional de acuerdo al último balance cerrado antes del 31 de marzo de 2020. Los bienes (automóviles, yates, etcétera) serán a precios de mercado al 31 de diciembre de 2019, mientras los inmuebles urbanos y rurales serán validos conforme a la cotización del metro cuadrado o de la hectárea que publican entidades y organismos reconocidos (como ARBA, por ejemplo), es decir, a su valor fiscal. Consta de cuatro escalas progresivas (pagan más porcentaje los que más tienen) según el patrimonio, que va entre el 5% y el 15% del patrimonio. Un segundo impuesto está destinado a los bancos privados, grandes ganadores de todos estos años. Establece aplicar por única vez una tasa del 20 % del resultado neto del ejercicio cerrado por dichas entidades en los últimos 12 meses, hasta el 31 de marzo de 2020 inclusive. El tercero es el “Impuesto Extraordinario a las Altas Rentas” aplicable por única vez a los beneficios empresariales y rentas de capital que superen los $ 65.000.000 (sesenta y cinco millones de pesos). Serán sujetos del impuesto todas aquellas personas humanas, jurídicas, fideicomisos, fondos comunes de inversión, sociedades y empresas privadas o mixtas que operan en el territorio nacional, sean de origen nacional o extranjero, independientemente de su actividad económica, incluyendo las empresas privatizadas de servicios públicos, de extracción y distribución de minerales metalíferos o petroleros, las empresas agropecuarias, industriales, de la construcción y de servicios. También aquí estamos hablando de sectores que han concentrado altos ingresos en los últimos años y se establece una escala progresiva que se duplica si se detectan casos de evasión o subfacturación. El cuarto, es un impuesto extraordinario a la gran propiedad de la tierra, aplicable por única vez para todas las personas jurídicas y personas humanas o sucesiones indivisas que no hayan sido alcanzadas en el artículo 1 que sean propietarias de superficies de tierra que en total superen las 5.000 hectáreas o cuyo valor catastral total sea superior a $600.000.000 (seiscientos millones de pesos) al 31 de diciembre de 2019. Este impuesto surgirá de aplicar una tasa de cinco (5%) sobre el valor total de la tierra. Finalmente, el impuesto a las viviendas ociosas, aplicable por única vez a los bienes inmuebles que no hayan sido habitados en los últimos 12 meses y superen el valor patrimonial de $ 30.000.000 (treinta millones de pesos) de su valor fiscal. Este impuesto surgirá de aplicar una tasa del 3 % del valor patrimonial al 31 de marzo de 2020 y de 5 % sobre viviendas ociosas que superen el valor de $50.000.000 (cincuenta millones de pesos). De conjunto, las cinco medidas de impuestos extraordinarios planteadas podrían recaudarse unos 15 mil millones de dólares.

Por último, el proyecto también establece en su ARTÍCULO 13 la creación de un “Comité de control, monitoreo y seguimiento del Fondo Especial de Emergencia”, compuesto por trabajadores electos por sus pares de la salud, especialistas y técnicos de Universidades Públicas, trabajadores del Instituto Nacional de la Vivienda y de la Administración Federal de Ingresos Públicos que velará por la efectiva instrumentación de los impuestos establecidos en la presente ley y el adecuado destino de los recursos hacia las partidas específicas que detallamos. Es decir, un mecanismo de control de las y los trabajadores para no dejar no dejar el uso de los recursos a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo.

Este proyecto se suma a otros presentados por el Frente de Izquierda desde el comienzo de la crisis, como la prohibición efectiva de despidos, suspensiones y rebajas salariales o el cese del pago de la deuda externa. O la necesaria centralización del sistema de salud, bajo control de sus trabajadores, mientras dure la emergencia. Las medidas extraordinarias propuestas se ubican en una perspectiva opuesta a la de los capitalistas, que quieren aprovechar la emergencia para despedir, rebajar salarios e imponer una reforma laboral regresiva por la vía de los hechos. Son medidas planteadas dentro de la perspectiva de dar una salida de fondo a la crisis nacional. Como se dice en los fundamentos del proyecto:

“En este camino, se requiere avanzar hacia una reorientación de todos los recursos del país y de la industria para dar respuesta a las necesidades sociales: es decir, una reconversión de las ramas industriales para obtener los insumos sanitarios que escasean en los hospitales, para asegurar la provisión de medicamentos que hoy responden a las necesidades del lucro de las farmacéuticas, para producir y distribuir los alimentos que faltan en los hogares populares, para construir las viviendas que necesitan las miles de familias hacinadas. Los servicios públicos tienen que ser un derecho. Hay que terminar con el robo de las privatizadas, nacionalizar todo el sistema energético, desde la producción a la extracción. Una reorganización general de la sociedad también requiere la nacionalización del comercio exterior que hoy está en manos de un oligopolio privado donde unas pocas empresas, mayormente del agronegocio, se apoderan de la mayoría de los dólares que el país necesita para la emergencia”.

Y más adelante:

“Los puntos aquí desarrollados son parte de los aspectos centrales de un programa que desde la perspectiva del Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad se orienta a terminar con la decadencia nacional, la dependencia y el atraso (…) Es claro que solo puede lograrse con la movilización de millones y terminando con el aparato represivo y burocrático del Estado en el que se sostiene el poder de la clase capitalista para reemplazarlo por una democracia de los trabajadores basada en su auto organización. Mediante la ‘expropiación de los expropiadores’, con los medios de producción de las áreas estratégicas de la economía transformados en propiedad pública, el conjunto de la población trabajadora participará en la planificación democrática de la economía, estableciendo una escala de prioridades de utilización de los recursos con los que cuenta el país que permita superar las irracionalidades y miserias del capitalismo. Contaríamos con los recursos que hoy se destinan a pago de deuda, los que se van por fuga de capitales, con la renta y la ganancia que se apropian un puñado de grandes propietarios agrarios, con lo que nos saquean las multinacionales y la gran burguesía local, para utilizarlo en salud, educación, vivienda, protección del medio ambiente y obra pública. A la vez, esto permitiría implementar una reducción progresiva de la jornada de trabajo (empezando por bajarla a seis horas) y repartir el trabajo entre ocupados y desocupados, eliminando toda forma de trabajo precario y estableciendo que nadie cobre menos que una canasta familiar. Así los adelantos de la ciencia y la técnica aplicados a la producción no significarán millones expulsados al desempleo, como ocurre hoy, sino mejores condiciones de trabajo y más tiempo libre para dedicar a la ciencia, al arte y la cultura y al esparcimiento. Y permitirían superar el atraso nacional, alentando el más alto desarrollo científico y tecnológico”.

El doble discurso del Gobierno

Por su parte el gobierno viene anunciando que presentará en estos días un proyecto que también tendría el propósito de gravar a las grandes fortunas. Si bien falta ver el proyecto final, quien lo está elaborando, el diputado oficialista Carlos Heller -luego de reunirse con Alberto Fernández, Máximo Kirchner y Martín Guzmán en la residencia presidencial de Olivos- anticipó que este recaudaría apenas entre 3000 y 4000 millones de dólares, lo cual apenas alcanza a cubrir los ingresos de quienes cobren el magro Ingreso Familiar de Emergencia de $ 10 mil (8 millones de personas calcula el gobierno) por apenas tres meses.

Heller también señaló que pretenden gravar a un universo de 12.000 personas con fortunas mayores a los 3 millones de dólares, un universo que implica el 1,1% del total de los contribuyentes del impuesto a los bienes personales o el 0,08% de la población económicamente activa [1]. Como se ve, no solo las alícuotas son muy bajas para este sector de millonarios, sino que, al gravar solo patrimonios se deja afuera las grandes rentas y a la banca privada, o sea a algunos de los sectores que han tenido ganancias siderales durante los años del macrismo mientras el pueblo trabajador se empobrecía en su conjunto. Además, hay que ver si contempla que lo recaudado tiene fines específicos (partidas determinadas), algo que consideramos elemental y que especificamos en nuestro proyecto, o simplemente será la transferencia más o menos directa de recursos de un sector capitalista hacia otro.

Con una medida de este tipo, y en medio de una crisis creciente, el gobierno pretende cubrirse ante la población de lo que ha sido su orientación central aún en medio de la emergencia. Por un lado, ha continuado con el pago de la deuda externa. Con la ley de Emergencia el Tesoro se apropió de casi 5000 millones de dólares que fueron utilizados en su totalidad para pagar vencimientos de capital e interés, según manifestó el propio ministro Guzmán semanas atrás ante la prensa internacional. Han pagado deuda en pesos contantes y sonantes, que no pudo ser “reperfilada” ni “rolleada”, por alrededor del equivalente 2 mil millones de dólares más. Y los vencimientos de capital e intereses de deuda en pesos y dólares por el equivalente a 18 mil millones de dólares fue canjeada (es decir convalidada) de manera amistosa o compulsiva por deuda que sigue multiplicando el peso de los intereses. En total, entre la deuda efectivamente pagada en dólares y la parte canjeada, estamos hablando de 25 mil millones de dólares. Esto ahora pretende completarse con una oferta a los bonistas que incluiría un canje de los bonos de la deuda argentina en jurisdicción extranjera al menos a un 50% de su valor, cuando en el mercado no valen ni un 25%, es decir, un rescate en los hechos para los usureros. Esto resulta insólito en medio de una crisis internacional donde crecen los reclamos por la condonación de las deudas de los países del antes llamado “tercer mundo”. Hasta el FMI lo ha planteado para la deuda con organismos internacionales de los países más pobres (en este caso sin incluir nuestro país). En lugar de aprovechar la situación para imponer el desconocimiento soberano de una deuda ilegal y fraudulenta el gobierno se apresta a comprometerse a seguir drenando recursos cada vez más escasos hacia los “buitres” de las finanzas mundiales. El gobierno también terminó cediendo frente al lobby de las empresas de la medicina privada y retrocedió del anuncio que había hecho Ginés García respecto a declarar la utilidad pública para todos los recursos sanitarios.

A la vez, el gobierno está dando todo tipo de subsidios a las patronales y permitiendo la política de rebajas salariales con o sin suspensiones, lo que se está transformando en una reforma laboral de hecho para numerosos sectores de la clase obrera, y aún despidos pese al decreto que los prohíbe por 60 días pero que es papel mojado para las patronales. El caso de Techint lo mostró a las claras, ya que concretó con aval gubernamental los 1500 despidos por los que el grupo del hombre más rico de la Argentina había sido tildado de “miserable” por el presidente. Es decir, lo que les saca a las patronales por una ventanilla se los devuelve por la otra.
Mientras a los capitalistas les permite violar sin problemas la prohibición de despidos a los trabajadores que resisten les manda la represión, como ocurrió en el Frigorífico Penta o controlan con medidas ilegales de “ciberpatrullaje” el humor social, como admitió la ministra Frederic siguiendo los pasos de Patricia Bullrich. Algo que ya empezó a implementarse contra los jóvenes que hacen comentarios irónicos en las redes sociales, como el caso de Kevin, el joven de 20 años de Balcarce que hoy debe enfrentar una causa penal.

Crisis extraordinaria, medidas extraordinarias

Estamos atravesando en el mundo una triple crisis (sanitaria, económica y social) en pleno desarrollo. En lo económico ya ha significado un desplome generalizado de todas las economías, en niveles mayores a la crisis de 1930. En nuestro país ha implicado quedarse sin ingresos de un día para el otro al menos a 7 millones que vivían de la economía informal o de su actividad inmediata. A su vez, con la continuidad del aislamiento obligatorio cada día más patronales rebajan salarios, suspenden o directamente despiden. Estamos hablando, por lo tanto, de tomar medidas de emergencia que permitan la supervivencia de millones de trabajadores.

El proyecto que estamos presentando desde la izquierda apunta a esa emergencia, sabiendo que está abierta una pelea más de fondo por quien paga los costos de esta crisis. Una pelea para la que hay que prepararse desde ahora defendiendo cada puesto de trabajo y enfrentando las rebajas salariales. Exigiendo a los sindicatos ponerse al frente de las demandas obreras. Ocupando y poniendo a producir las fábricas que cierren o despidan en forma masiva. Planteando el levantamiento del secreto empresarial, la apertura de libros contables y el control de precios por comités de trabajadores y consumidores. No permitiendo que las ganancias de los capitalistas (que presionan para volver a la actividad en los sectores no esenciales) estén por sobre la salud de la clase trabajadora. Más que nunca, el pueblo trabajador tiene que ser consciente que si no interviene en esta crisis los capitalistas y su Estado le harán pagar los costos. Y que una salida definitiva a esta situación solo podrá venir con la superación de este régimen social y político y de conquistar un gobierno de las y los trabajadores.

Nota al pie
[1] Ver Coronavirus en la Argentina: a quiénes alcanzará el impuesto a los grandes patrimonios que impulsa el kirchnerismo, La Nación, 15-04-2020, https://www.lanacion.com.ar/politica/impuesto-nid2354448







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