Géneros y Sexualidades

MENDOZA

El debate sobre el cupo trans llegó a la Legislatura de Mendoza

Referentes de organizaciones LGTTBI participaron de comisiones. Los proyectos y la opinión del FpV y el FIT.

Jueves 18 de agosto de 2016 | 15:00

La comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, compuesta por legisladores de todos los bloques, recibió a referentes de organizaciones LGTTBI para iniciar el tratamiento de los proyectos, para la creación del cupo laboral trans. Exiten dos proyectos referidos al tema, uno del diputado del FpV Alejandro Viada, y el de la diputada del PTS en el Frente de Izquierda Cecilia Soria.

Julieta Antúnez Ríos, militante peronista, enfermera y mujer trans y la diputada del FIT Cecilia Soria, se refieren al tema.

¿De qué trata el proyecto, Julieta?

En el año 2015 impulsamos la presentación del expediente N° 69935 con el diputado Alejandro Viadana. El mismo se fundamenta en que la comunidad travesti, transexual y transgénero de Argentina se encuentra entre una de las poblaciones más vulneradas históricamente del país. La realidad de este colectivo está atravesada por un contexto de persecución, exclusión y marginación, teniendo grandes dificultades para el acceso a la igualdad de oportunidades y de trato.

¿Cuál es la realidad de la población trans hoy en Mendoza?

La mayoría de nosotras vive en extrema pobreza, privadas y privados de los derechos económicos, políticos, sociales y culturales. Siendo expulsadas y expulsados desde adolescentes de nuestros hogares y del ámbito escolar, nos queda como única alternativa de subsistencia el ejercicio de la prostitución.

Los artículos discriminatorios del código de faltas de la provincia de Mendoza, resabios de la oscura etapa de la dictadura, caen con crueldad sobre nosotras a través de la creación de figuras jurídicas que criminalizaban la diversidad de las identidades de género.

Ser travesti, transexual o transgénero en Argentina era, hasta el 12 de mayo de 2012, sinónimo de estar condenada o condenado a distintas prácticas de persecución sistemática, represión, discriminación y exclusión social.

¿Existen posibilidades de acceder a un trabajo sin este proyecto?

La expulsión de los circuitos laborales también es moneda corriente para las minorías por identidad de género. Esto es analizado por la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) como “un desperdicio de talentos, con efectos negativos para la productividad y el crecimiento económico. La discriminación genera desigualdades socioeconómicas que perjudican la cohesión social y la solidaridad, y que dificultan la disminución de la pobreza”.

A pesar de las condiciones en las que desarrollamos nuestras vidas, hemos dado muestras de perseverancia, y a través de la intervención y compromiso político, ha producido significativos cambios aportando a nuevos conceptos, marcos jurídicos y construcción de políticas sociales.

¿Cuál debería ser el rol del Estado para vos?

Argentina en estos últimos años, ha dado muestras que las políticas de diversidad sexual también son políticas de Estado, al aprobar en el parlamento la Ley 26.743 de Derecho a la Identidad de Género.

La Declaración Socio-Laboral del MERCOSUR de 1998, establece en el artículo 2° de los derechos individuales que “todo trabajador tiene garantizada la igualdad efectiva de derechos, tratamiento y oportunidad en el empleo y ocupación, sin distinción o exclusión por motivo de raza, origen nacional, color, sexo u orientación sexual, edad, credo, opinión política o sindical, ideológica, posición económica o cualquier otra condición social o familiar, en conformidad con la disposiciones legales vigentes. Los Estados Partes se comprometen a garantizar la vigencia de este principio de no discriminación. En particular, se comprometen a realizar acciones destinadas a eliminar la discriminación en lo que refiere a los grupos en situación desventajosa en el mercado de trabajo”.

Esto demuestra que desde el estado debemos generar todas las condiciones necesarias para la erradicación de la discriminación y garantizar la igualdad de derechos.

¿Por qué presentaron este proyecto, Cecilia?

En el año 2012 el INADI y el INDEC realizaron una encuesta sobre la población trans, que arrojó el terrible dato que las personas trans tienen un promedio de vida de 35 años. Y también pudimos ver que el 80% indicó que debía prostituirse o tiene trabajos informales.

Está claro que las personas transexuales, travestis y transgéneros sufren un alto grado de vulnerabilidad y que la opresión por identidad de género en este sistema se traduce en superexplotación, desempleo, marginación y en muchísimos casos su fuente de ingresos queda reducido a la prostitución en general y la explotación sexual en particular. Por esto, es fundamental garantizar la inserción laboral de este colectivo y que se contemple la realidad que viven.

¿Qué plantea el proyecto presentado por el FIT?

En nuestro proyecto especificamos que el sector público de la provincia de Mendoza, comprendiendo a sus tres poderes, entidades autárquicas; organismos de la seguridad social; las empresas y sociedades del Estado; sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria; sociedades de economía mixta y todas aquellas organizaciones empresariales, donde el Estado de Mendoza tenga participación mayoritaria en el capital, o en la formación de las decisiones societarias y las entidades, deberá ocupar una proporción del 3% del personal a personas travestis, transexuales y transgénero. Y los mismos en el sector privado de Mendoza.

¿Cómo seguirá el debate?

En la última sesión solicitamos que se acumulen los dos proyectos para poder continuar el debate en comisiones. Esto es un primer paso, pero sabemos que este derecho podrá ser conquistado a través de la organización y la lucha, esperamos que nuestro proyecto así como la banca que ocupo, sirvan de herramientas para lograrlo.







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