Política Venezuela

EN LA SEMANA DE LOS 14 AÑOS DEL GOLPE CONTRA CHÁVEZ

El conflicto de poderes agita las aguas en el país

El Tribunal Supremo de Justicia rechazó la Ley de Amnistía aprobada por el poder legislativo. La Asamblea Legislativa discute en segunda instancia la Ley de Referendo Revocatorio.

Milton D'León

Caracas @MiltonDLeon

Miércoles 13 de abril de 2016 | Edición del día

Esta semana comenzó con vientos agitados en lo que respecta al conflicto de poderes entre el gobierno y la oposición del país, el trasfondo fue nuevamente la Ley de Amnistía promulgada por la Asamblea Nacional y rechazada este lunes por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Y mientras escribimos este artículo, la Asamblea Nacional discute en segunda instancia la Ley del Referendo Revocatorio. Los hechos se dan justo cuando este 11 de abril se conmemoran los 14 años del golpe de la derecha contra el entonces Presidente Chávez.

La decisión del TSJ en el marco del conflicto entre gobierno y oposición

No es ninguna novedad la sentencia del TSJ de declarar de "inconstitucional" la ley de amnistía aprobada por el Parlamento para liberar a varios opositores derechistas presos, entre ellos Leopoldo López, la figura emblemática de la derecha más “dura”. La decisión se tomaba tan solo cuatro días después de que el presidente Maduro, pidiera a la Sala Constitucional una interpretación de la norma, sobre la que ya había asegurado que "jamás" sería aprobada y que era “inconstitucional en todas sus partes”.

No nos detendremos en exponer las distintas argumentaciones del rechazo de lo que también se considera la ley de “autoamnistía” de la propia derecha, se trata de 176 páginas de una sentencia de la Sala Constitucional del TSJ. Como ya hemos explicado en un reciente artículo publicado en este medio, la cuestión de la Ley de Amnistía de la oposición y el rechazo que opone al gobierno a la misma no es más que la expresión de la lucha política que se libra entre lo más concentrado del chavismo y la derecha local, expresando plenamente un contenido político en la actual disputa por el poder que busca la derecha y la sobrevivencia en el mismo que procura el chavismo.

Y lo repetimos nuevamente, “en este contexto la hipocresía no sólo reina en la oposición sino también desde el lado del gobierno, que las amnistías las proponen o decretan a conveniencia de sus intereses y de los pactos del momento”. Si de recordar se trata, observemos que fue el propio Chávez el que a finales de diciembre del 2007 dictaminara una Ley de Amnistía a los dirigentes más conspicuos de la oposición. Los argumentos van y vienen de acuerdo a las necesidades políticas funcionales tanto para el gobierno como para la oposición.

Las idas y venidas de la “impunidad escandalosa” de una y otra parte

En la sentencia del TSJ se argumenta entre otras cosas, que la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional de la oposición "en nada conduce o colabora a una reconciliación nacional sino a una impunidad escandalosa en detrimento de la moral pública". Pero acaso, preguntamos, ¿no fue una impunidad escandalosa también la amnistía de Chávez a golpistas en detrimento de la moral de un pueblo que se movilizó ampliamente para derrotar el golpe del 2002?

En aquel abril del 2002, como escribimos en un extenso artículo sobre el tema “la derrota del golpe de la reacción burguesa y proimperialista orquestado desde la Embajada y el Departamento de Estado norteamericano fue producto de las jornadas heroicas y la acción contundente y masiva del pueblo trabajador y pobre que le mostró su puño a la reacción burguesa proimperialista”. Pero fue esta misma reacción burguesa y sus más conspicuos dirigentes que fueron amnistiados por Chávez, golpistas responsables de los caídos del pueblo en su lucha en aquellos días. En verdad es que ambas amnistías, tanto la de Chávez ayer como la que propone la derecha hoy, son profundamente reaccionarias y que en nada tiene que ver el pueblo, más aún preparan el terreno para situaciones contra las demandas democráticas más elementales de la clase trabajadora y los pobres.

Sobre esto nos hemos extendido en el artículo Amnistía, ¿para quién(es) y para qué?, que también publicamos en La Izquierda Diario, sobre los objetivos de la derecha con su propuesta de Ley en el marco de su plan destituyente para buscar la “salida” de Maduro. Por eso el representante del partido Voluntad Popular, el mismo de Leopoldo López, el diputado Fredy Guevara, afirmara que tal rechazo del TSJ " tiene que reafirmar la convicción de los venezolanos de que tenemos que acelerar la salida de este Gobierno lo antes posible". Y el excandidato presidencial Henrique Capriles, del partido Primero Justicia, asegurar que “ahora más que nunca la amnistía depende del referendo para revocar a Maduro”.

Por eso es que este mismo miércoles, y como ya se esperaba también, la Asamblea Nacional “rechazó hoy la sentencia de inconstitucionalidad” que dejó inaplicable la ley de amnistía con la que los opositores derechistas planeaban exonerar de responsabilidad a decenas de presos de sus organizaciones por distintos delitos. Con el voto de los opositores, que controlan 109 de los 163 escaños, el Parlamento aprobó por tanto un acuerdo en rechazo a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra la iniciativa legislativa de la derecha.

La “ayuda” externa nunca falta para la derecha. Desde el Alto Comisionado de Naciones Unidas, su portavoz Ravina Shamdasani, se mostraba este mismo miércoles "sorprendido" y "decepcionado" por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, ya que “esta ley podía haber sido la base para el diálogo y la reconciliación en Venezuela... Estamos muy decepcionados de lo que pasó” manifestaba. Y era claro que el gobierno respondería en la voz de la Canciller Delcy Rodríguez: el alto comisionado "ha cometido el peor error en el ejercicio de sus funciones avalando la Ley de Amnesia Criminal en Venezuela", como los funcionarios del gobierno llaman a la iniciativa legislativa de la derecha.

Se agudiza el conflicto de poderes y el pueblo sigue pagando la crisis

Al cierre de este artículo, la Asamblea Nacional continuaba en su sesión ordinaria de esta tarde la segunda discusión del Proyecto de Ley Orgánica de Referendos que prepara el terreno para su plan de convocar el referéndum revocatorio contra Maduro, que no es ninguna novedad que aprobará. Y anunciaba también una movilización, el próximo 19 de abril, para promover una "escalada" que permita la activación de los mecanismos para sacar del Gobierno a Maduro.

De igual manera Nicolás Maduro, instalaba lo que da en llamar la Comisión por la Verdad y la Justicia, en un acto que se llevó a cabo por la tarde en el Palacio de Miraflores, que contó con la presencia del secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper. El mismo Samper declaraba que los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Martín Torrijos (Panamá) y Leonel Fernández (República Dominicana) acompañarán la Comisión de la Verdad “sobre hechos políticos violentos ocurridos en Venezuela en los últimos años”. Un evento en que el propio Maduro hacía un llamado a la oposición: “Aquí los espero para construir una ruta de justicia”.

Pero toda esta situación no es más que la profunda crisis que se cierne sobre Venezuela, en un conflicto de poderes que agudiza al mismo tiempo una crisis de Estado que presagia más tormentas políticas, en un marco, como hemos venido expresando, donde una derecha que aún no puede y un chavismo que busca sobrevida en el marco de su decadencia.

Pero mientras todo esto acontece, existe un pueblo que continúa siendo golpeado por una profunda crisis económica que no ve luz al final del túnel, una situación que se transforma en agobiante, con medidas de ajustes graduales que el gobierno va imponiendo y una inflación que ataca el bolsillo de la clase trabajadora y el ingreso de los sectores populares. Y la oposición no le ofrece más que planes de ajuste también.

En este entramado, el chavismo y oposición se lanzan en una enconada lucha política por imponer sus distintos planes en los cuales el pueblo solo tiene que perder. Por eso es clave oponerse tanto a los planes de ajuste del gobierno como los que busca imponer la derecha, en este marco, toda agenda que en materia de justicia económica y social, toda defensa de las garantías democráticas, pasa por poner en marcha la movilización de los propios trabajadores, de la mano con la juventud, organismos de derechos humanos democráticos, con total independencia del gobierno y la oposición de derecha.








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