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El concejo deliberante prepara un tarifazo al transporte público

Con el aval de los ediles del PJ y Cambiemos se prepara un nuevo tarifazo a pedido de la cámara que nuclea a los empresarios del transporte. Subsidios millonarios a un negocio altamente concentrado.

Viernes 9 de febrero | Edición del día

Con el compromiso de abonar los salarios adeudados de enero la UTA levantó el paro de transporte y desde la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) reclamaron la convocatoria a sesiones extraordinarias en el concejo deliberante para la semana que viene, para tratar un nuevo tarifazo al transporte público.

Los empresarios del transporte exigen un aumento del 82% en las tarifas, llevando el pasaje de 9,35 a 17 pesos. Recordemos que en diciembre habían pedido llevar el pasaje a 15,98 pesos, pero un mes después volvieron a elevar su propuesta de “máxima” ante el llamado a la moderación de los ediles que conforman la comisión de transporte.

Desde el PJ y Cambiemos se han manifestado a favor del tarifazo aunque proponen llevarlo a 11,70 pesos. Un aumento del 25 por ciento, a libro cerrado, y muy por encima del techo salarial que quieren imponer a nivel nacional.

También desde Fuerza Republicana, siempre a sangre y fuego con las patronales, se manifestaron a favor del tarifazo aunque piden compensar en parte la diferencia con subsidios, que deberían salir de los 300 millones de pesos que la intendencia capitalina destinó a gastos discrecionales. Demagogia proempresarial.

La disputa entre los ediles que responden al gobernador Manzur y los alineados al intendente Alfaro, que hasta ahora venía trabando el tratamiento del tarifazo en sesiones extraordinarias, nada tienen que ver con una defensa del bolsillo popular, sino con una interna en el Concejo Deliberante por la conformación de la comisión de transporte.

Como de costumbre la AETAT amenaza con la inviabilidad del negocio al mismo tiempo que provoca una cesación de pagos en los salarios para forzar medidas de fuerza y, con todos los colectivos en la calle, obligar a los ediles a una solución inmediata y favorable a sus intereses. El inminente aumento de tarifas se realizará en base a un informe de costos presentado por la propia cámara patronal y en perjuicio del pueblo tucumano.

Subsidios millonarios para un negocio concentrado en pocas manos

Un aumento como el que pretenden los concejales del PJ, Cambiemos, y FR, sería un duro golpe al bolsillo popular. Para una persona que toma cuatro colectivos por día hábil, representaría un gasto de 1000 pesos por mes en la provincia con uno de los salarios más bajos del país. Seguramente esto no llame la atención a quienes cobran dietas de varias decenas de miles de pesos por mes.

Pero incluso los medios de comunicación que vienen reflejando la trama del conflicto con un sesgo más bien pro patronal, hasta ahora no han mencionado que el transporte público en nuestra provincia ha recibido el año pasado más de 1032 millones de pesos en concepto de subsidios por parte del Ministerio de Transporte de la Nación.

De acuerdo a un informe de la dirección de estadísticas de la provincia, en el año 2011, se calculaba aproximadamente unos 3000 empleos directos en las empresas de transporte urbano e interurbano. Es decir que, si se mantuvo la planta más o menos estable, sólo con los subsidios de la Nación las empresas cubrieron hasta 27 mil pesos del salario promedio para la totalidad de los empleados del sector.

Tampoco se informa que quienes aparecen como voceros de AETAT, los señores Cesar Augusto Atím, Jorge Berreta, y Roberto Daniel Orell, concentran una gran cantidad de empresas y el grueso de estos recursos. Jorge Oscar Berreta es propietario de las empresas Tandilense, La Nueva Fourier, Leagas, y Autobuses Santa Fe SA. Sólo este empresario recibió más de 156 millones de pesos en subsidios del gobierno nacional.

Cesar Atím, dueño de las empresas El Ceibo SRL, Transporte Yerba Buena SRL, y Transportes Asociados, entre otros, ha recibido al menos 105 millones de pesos en concepto de subsidios directos del Ministerio de Transporte.

Es decir que estos dos empresarios concentraron un cuarto de los subsidios de la Nación.

Según estas mismas empresas reconocen, el costo de un ómnibus 0 Km con aire acondicionado ronda los 2,5 millones de pesos. Por lo tanto, sólo con los subsidios de la Nación se podrían comprar 412 unidades nuevas, casi la mitad de los vehículos que hoy circulan –en muy mal estado- en la provincia. Roberto Berretta podría comprar 62 unidades nuevas por año. Cesar Atim podría agregar 42 coches nuevos con aire.

Pero además las empresas reciben otro tipo de subsidios como el precio diferencial que pagan por el gasoil, que en 2017 rondaba los 8 – 9 pesos por litro, cuando el precio de mercado superaba los 18 pesos.

Estas empresas tienen un mercado cautivo con más de 12.5 millones de pasajeros por mes, según la información oficial. Con un boleto a 9,35 pesos, suponiendo una tarifa única, estas empresas se estarían embolsando más de 1400 millones de pesos anuales, en un cálculo conservador ya que este mismo informe indica que los ingresos por boletos representan el 87% de los ingresos de las empresas. Es decir que si esa proporción entre ingresos por boleto e ingresos por subsidios nacionales se mantuvo, la entrada de dinero por los boletos vendidos debería ser mucho mayor.

Mientras tanto las empresas se frotan las manos por el tarifazo que han logrado imponer en la agenda del municipio a través de los concejales del PJ, Cambiemos, y Fuerza Republicana.

Desde el PTS en el Frente de Izquierda, Alejandra Arreguez manifestó: “El PJ ha tomado decididamente la agenda del macrismo. Ya los vimos votando juntos el ajuste a los jubilados después de mentir en la campaña con la defensa de los tucumanos. Desde el Frente de Izquierda rechazamos este nuevo ataque al bolsillo popular y exigimos una audiencia pública y la apertura inmediata de los libros de contabilidad de estas empresas para ver a dónde van los millones de pesos que reciben por año. Tienen que dar explicaciones por el pésimo servicio, las constantes demoras en el pago de salarios y el empleo en negro en el sector. El transporte de pasajeros es un servicio público que en manos privadas solo les ha dado a los empresarios una palanca para extorsionar y hacer negocios formidables”.








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