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#MECAGOENDIOS

El caso Toledo deja al desnudo la no separación de Iglesia y Estado

El actor se niega a declarar ante el juez tras pasar la noche detenido. Denuncia el poder de la Iglesia en el Estado español. El Concordato, la financiación de la Iglesia y la entrega de una gran parte de la educación, otra de las herencias de la Dictadura.

Santiago Lupe

Barcelona | @SantiagoLupeBCN

Jueves 13 de septiembre | 18:14

EFE/Santi Donaire

Tras la detención este miércoles del actor Willy Toledo en su domicilio, esta mañana ha sido conducido a declarar ante el juzgado de instrucción nº 11 de Madrid. Acusado de un delito de ofensas a los sentimientos religiosos se ha negado a responder a las preguntas de la Fiscalía y la acusación particular de la Asociación Española de Abogados Cristianos.

Han sido solo 10 minutos de declaración, pero precedidos de 20 horas de detención. A su salida del juzgado ha declarado que le “parece absolutamente tercermundista que en este país todavía existan cinco artículos del Código Penal referentes a las ofensas a los sentimientos religiosos “.

El actor considera "indignante que todavía la Iglesia católica, apostólica, pederasta y romana tenga el poder que tiene en este país mientras siguen ocultando a decenas de miles de pederastas, violadores de niñas y niños". En referencia a esto ha denunciado que "esto parece que no les ofenden en sus sentimientos religiosos, pero lo que sí les ofende es que me cague en Dios. Para concluir con un contundente “me cago en Dios, en la Virgen y me sobra mierda para cagarme en el dogma de fe, de la santidad y divinidad de la Virgen María 27.000 veces".

Por si lo sucedido en las últimas horas no fuera lo suficientemente aberrante, la acusación ha solicitado una ampliación de la querella a un delito de odio, el “comodín” que se viene utilizando sistemáticamente en la cruzada contra la libertad de expresión y de persecución de activistas políticos y sociales. El motivo serían las declaraciones de Toledo en el programa televisivo “Al Rojo Vivo” sobre la violencia anticlerical sucedida durante la revolución española de 1936. En referencia a la misma el actor que si se incendiaron iglesias habría que preguntarse que “algo harían”, en clara referencia al compromiso de la Iglesia católica con el golpe fascista de Franco que fue elevado a la categoría de “Cruzada Nacional”.

Toledo a quedado en libertad con cargos y sin fianza. Su caso, además de ser parte de la catarata de denuncias y condenas por delitos de opinión, saca de nuevo a la palestra una cuestión democrática más irresuelta en el Estado español: la separación de la Iglesia y el Estado.

A pesar de la declarada aconfesionalidad recogida la Constitución, la Iglesia conserva la mayor parte de los privilegios acumulados durante siglos y engrosados y fijados durante la Dictadura. Es una de las mayores terratenientes urbanas, queda exenta de una buena cantidad de impuestos, recibe más de 11.000 millones anuales de las arcas del Estado, controla casi la mitad de los centros educativos sostenidos con dinero público y su fe está presente y protegida en edificios públicos y juzgados.

Una situación de privilegio blindada por el Concordato con el Vaticano de 1979 que ni los gobiernos del PP ni los del PSOE tampoco se han atrevido a derogar o cuestionar. La no separación Iglesia y Estado es una más de las herencias de la Dictadura Franquista que tuvo como bandera el nacionalcatolicismo. Como la Corona, la impunidad o la negación del derecho a la autodeterminación, los privilegios de la Iglesia fueron parte de lo “no negociable” en la Transición.

Esta es la razón de fondo que explica los cinco artículos del Código Penal a los que se refiere Toledo. La explicación de que lo hayan sentado en el banquillo y de que lo hayan hecho pasar una noche en los calabozos por algo tan ibérico como cagarse en Dios. Terminar contra este enésimo atropello contra la libertad de expresión debe ser parte de una agenda más ambiciosa que plantee la pelea por la verdadera separación de la Iglesia y el Estado, la derogación del Concordato, la expropiación de todos los bienes inmatriculados, el fin de toda financiación pública y porque todos los curas y monjas se busquen un trabajo.






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