Política

DENUNCIA POR FRAUDE FISCAL

El caso Procter & Gamble: ¿quién pelea contra los buitres?

Detrás de la marca difícil de pronunciar se esconde el fabricante de las afeitadoras Gillete, los pañales Pampers, las pilas Duracell y el champú Pantene. Pero, ¿qué se esconde detrás de la sanción de la AFIP contra la multinacional norteamericana?

Lucho Aguilar

@lukoaguilar

Martes 4 de noviembre de 2014 | Edición del día

Ilustración: Ideas de Izquierda N° 13

La AFIP anunció este domingo 2/11 la suspensión a la multinacional Procter & Gamble por fraude fiscal en operaciones de importación. La noticia repercutió en los medios, como le gusta al kirchnerismo.

Según lo difundido por el gobierno, se trata de un “fraude fiscal relacionado a operaciones de importación desde Brasil que eran facturadas a través de una filial radicada en Suiza por 138 millones de dólares”. A través de esa maniobra, la empresa habría fugado dólares a sus firmas del exterior. Habría además otra maniobra por 19 millones, y se investiga un posible “contrabando agravado”.
La empresa respondió en un comunicado: "P&G paga todos sus impuestos. Estamos trabajando con las autoridades para buscar soluciones inmediatas”.

Dólares en la mira

Los titulares de “la corpo” y los medios oficiales especularon sobre los alcances de la medida. Unos anuncian una nueva cruzada heroica contra los buitres, otros una maniobra publicitaria en busca de evitar la salida de dólares.

Según el periodista de TN Alejandro Bianchi, la relación de la multinacional con el gobierno “es óptima. Varias de sus marcas son parte de plan oficial Precios Cuidados. Además, la firma le anunció en enero pasado a la ministra de Industria de Industria, Debora Giorgi, comenzaría a producir en el país algunos productos que importaba. El máximo directivo de P&G para América Latina fue recibido por la presidenta Cristina Fernández, y el número uno mundial, Robert McDonald, le anunció a la presidenta inversiones por más de $500 millones”.

El fundamento de la medida estaría relacionado con una de las preocupaciones económicas más importantes: la faltante de dólares y la sostenida caída de reservas del Banco Central. A pesar de que no se trata de una suma importante, se trataría de dar un mensaje: el gobierno va a “pisar” todas las vías de salida de dólares que pueda. El “caso Procter” sería una señal a otras empresas: trascendió que otras 15 están siendo investigadas.

Para la agencia Télam, sin embargo, se trata de otra causa épica del gobierno nacional. “Echegaray ordenó una investigación sobre los fondos de inversión con participación en Procter & Gamble, ya que algunos de ellos también tendrían inversiones en la quebrada imprenta Donnelley: Vanguard Group, Blackrock, State Street Corp, Barclays Global Investors UK, Capital World, Nortern Trust y FMR”.

Más buitres

Efectivamente, según datos de las bases del índice bursátil Nasdaq, algunos de los capitales que forman parte de la empresa sancionada, serían los mismos que forman parte de la norteamericana Donnelley. La gráfica huyó del país en agosto y hoy sus trabajadores gestionan la fábrica.

La Izquierda Diario agrega otro dato: algunos de los accionistas de Donnelley y Procter también son accionistas de Lear Corporation S.A. Por ejemplo Vanguard Group Inc (5.57% de las acciones) y BlackRock Institutional Trust Company (3.68%). BlackRock se hizo famoso cuando el gobierno, ante la quiebra de Donnelley, reveló que era uno de los buitres que especulaba con la deuda externa argentina. Lo que olvidó decir es que además BlackRock tiene acciones en la “nacionalizada” YPF.

¿Y qué esperaban?

No está claro cómo se resolverá el caso “Procter”. ¿El gobierno lo utilizará para reavivar su relato “nacional y popular” echado por tierra luego que la votación de la “Ley Chevron” y la represión a los despedidos de Lear? ¿O ya difundido el mensaje calmará las aguas y seguirá con las “relaciones carnales” con las empresas norteamericanas?

Lo que es seguro es que no habrá ningún cambio de fondo en el estatus que tienen las multinacionales en la Argentina. Durante la última década, la presencia del capital extranjero no ha hecho más que profundizarse. El kirchnerismo “defendió” también en este terreno la herencia menemista: dos tercios de las 500 empresas más grandes del país son extranjeras. Néstor Kirchner dijo que iba a “reconstruir la burguesía nacional” pero los empresarios locales siempre se adaptaron a su "destino semicolonial" y siguieron entregando posiciones a cambio de un buen fajo de dólares. El gobierno nunca dejó de alentar ese proceso, como muestra la última Ley de Hidrocarburos.

Tampoco habrá cambios en las maniobras fraudulentas que realizan los capitalistas. Sus cuentas y operaciones se mantienen en el más hermético secreto. La AFIP tardó varias semanas en denunciar penalmente a Procter (¿qué pasó, fracasaron las negociaciones?); los diarios aseguran que la Aduana tiene desde hace meses investigaciones sobre empresas cuyos resultados “mantiene en secreto”; y ahora el titular de la AFIP asegura que en realidad no están investigando a otras 15 empresas.

¿Quién pelea contra los buitres?

El gobierno reformó hace meses la Ley de Abastecimiento y de vez en cuando anuncia casos “resonantes”, pero no va a ir hasta el final.

La única medida que podría controlar las maniobras de las multinacionales, con los precios o sus impuestos, sería la apertura de los libros de contabilidad de las empresas para que sus trabajadores y toda la población puedan ver sus costos, lo que pagan de impuestos, cuánto ganan.

Solo el monopolio estatal del comercio exterior, como plantea el Frente de Izquierda, puede evitar la especulación de las grandes empresas y la estafa. La nacionalización de la banca, por último, es la única forma de cortar de raíz la fuga de capitales y las corridas contra el peso.

El kirchnerismo, orgulloso de que durante su gestión “los empresarios se la llevaron en pala”, jamás tomaría esas medidas. Como dijo hace pocos días el ministro Axel Kicillof en la Cámara de Comercio de Estados Unidos: "somos los principales interesados en que a sus empresas les vaya cada vez mejor". Entre los socios de la AmCham está Procter.

Por eso el gobierno insiste con una tímida intervención estatal con dudosas consecuencias prácticas, mientras las empresas ganan millones realizando fraudes al fisco y a sus trabajadores.

Nadie habla, justamente, de los trabajadores de las “empresas buitres”. Sólo ellos mismos y la izquierda.

Este año, trabajadores de varias empresas multinacionales han encarado luchas, sobre todo en defensa de sus puestos de trabajo. Es reconocido el caso de los obreros de Donnelley, que han ocupado la planta para producir bajo gestión obrera, tras la fuga de los gerentes. Lo de los obreros de Lear se ha convertido en una de las más importantes de la década: en su lucha contra una empresa yanqui, han tenido que enfrentar una decena de represiones ordenadas por el gobierno nacional, que protege no sólo a Lear sino también a Ford, que importa cables “fraudulentamente” con el objetivo de quebrar la lucha. Las obreras y obreros de la norteamericana PepsiCo se están movilizando contra maniobras de vaciamiento. Los de Procter, que también tienen reclamos por condiciones de trabajo y pérdida de puestos, se sumaron al último paro nacional y además bloquearon el Parque Industrial de Pilar.

Nadie duda que las multinacionales hacen fraude contra el fisco y contra sus trabajadores. Nadie debería dudar que la “pelea” del gobierno contra los buitres también es un fraude.







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