Política

DESAPARICIÓN FORZADA

El caso Julio López en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Con retraso, la CIDH se hizo eco de una denuncia del colectivo Justicia Ya! y pidió al Estado argentino una respuesta por el testigo desaparecido hace doce años. La respuesta oficial debe ser vencida con la lucha.

Maine García

Hija de desaparecidos | Miembro del CeProDH y de Justicia Ya!

Martes 18 de septiembre de 2018 | Edición del día

Foto Enfoque Rojo

A doce años de la desaparición de Jorge Julio López la causa sigue siendo un monumento a la impunidad. El 7 de mayo de 2014 el colectivo Justicia Ya! La Plata, integrado por organismos de derechos humanos, realizó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, por el secuestro y la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López, ocurrida el 18 de septiembre de 2006.

El Estado argentino sigue haciéndose el distraído, como durante el gobierno anterior.

La denuncia solicitó que se investigue la responsabilidad y aquiescencia del Estado argentino en el caso López, desaparecido por segunda vez en las vísperas de los alegatos del primer juicio oral luego de anuladas las leyes de impunidad, en el que fue condenado por primera vez el genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz.

Cabe destacar que López brindó un testimonio clave para arribar a la condena reconociendo a Etchecolatz y a otros miembros de la bonaerense que llevaron adelante el genocidio.

“Solución amistosa”

La CIDH, ante esta denuncia, se tomó su tiempo. Tardó más de tres años en darle traslado y pedirle explicaciones al Estado argentino. La respuesta, que tanto se hizo esperar, llegó el 16 de febrero de este año. La misma CIDH transmitió que la propuesta del Estado argentino era “iniciar una mesa de diálogo tendiente a explorar la posibilidad de alcanzar una solución amistosa en el presente caso”.

La solución del Estado viene siendo amistosa, pero con los secuestradores y desaparecedores de Jorge Julio López, a quienes hace doce años les viene garantizando una completa impunidad.

El expediente de la causa consta de millones de fojas y ningún imputado. Esto fue así durante los dos gobiernos kirchneristas y continúa de la misma manera con el actual gobierno. La causa de Julio López está paralizada porque se decidió no investigar. Eligieron priorizar la gobernabilidad de la Policía.

Los organismos que presentamos la denuncia internacional estamos dispuestos a participar de esa reunión para exigirle al Estado lo que venimos reclamando desde el primer momento, aquella fatídica mañana en la que el testigo no se presentó a escuchar los alegatos que fundamentaban la condena al genocida Etchecolatz a cadena perpetua. Esa reunión todavía no fue convocada.

Etchecolatz es uno de los principales sospechosos por la desaparición forzada de Julio López y como desde hace años se viene denunciando, la Policía Bonaerense al momento de la segunda desaparición contaba con nueve mil efectivos que ejercían funciones desde la dictadura y que habían tenido como jefe directo a este genocida.

No se ha desmantelado el aparato represivo del Estado y tampoco se han abierto los archivos que permitirían saber qué fue lo que sucedió con López y los 30 mil.

Desde Justicia Ya! requirieron que la audiencia sea pública y que se realice en Argentina.

Antecedentes

El Estado ya ha tenido otras condenas a nivel internacional por violaciones a los derechos humanos como es el reconocido “caso Bulacio”, joven detenido ilegalmente, torturado y asesinado por la Policía Federal. Seguramente, el caso López también llegue ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En 2015 Justicia Ya! La Plata realizó otra presentación ante el Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (ONU). Se trató de una presentación general por diversos casos de desaparición forzada en “democracia”, pero puntualizando principalmente en el caso López, en el cual se dan todas las irregularidades que los demás casos de desaparición forzada también han sufrido, que expresan que el Estado viola sistemáticamente los derechos humanos, muy lejos de la propaganda política que tuvo el gobierno kirchnerista -y que tiene porque son gobierno en muchas provincias-.

La lucha de los organismos de derechos humanos sobre la necesidad imperiosa de que se abran los archivos de la dictadura llevó a que dos año atrás Myriam Bregman, en ese momento diputada nacional por el PTS/FIT, presentara un proyecto de ley para la apertura inmediata de los archivos, informes, expedientes y todo tipo de documentación en poder de las fuerzas policiales, de las Policías Bonaerense, Federal, del Servicio Penitenciario Federal, el Bonaerense, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada Argentina y la exSIDE. El proyecto sigue a la espera de ser tratado.

El proyecto fue acompañado por Nora Cortiñas, Chicha Mariani, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Patricia Walsh y el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, entre otros. De aprobarse aportaría a saber qué pasó con Julio López y quienes son los responsables, pero hasta el momento no ha tenido tratamiento.

El Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), integrande de Justicia Ya!, sabe que es en las calles la principal pelea para enfrentar la impunidad. Así logramos en marzo último que Miguel Osvaldo Etchecolatz volviera a la cárcel en Marcos Paz luego de haber gozado el beneficio de la prisión domiciliaria.

Por eso convocamos a movilizar masivamente hoy a las 18 desde Plaza Moreno en la ciudad de La Plata, para seguir exigiendo el esclarecimiento de la desaparición de Jorge Julio López y la cárcel para los secuestradores y desaparecedores.







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