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El caso Ayotzinapa llega a la ONU

Después de que Murillo Karam intentara cerrar de manera oficial las investigaciones sobre el paradero de los estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” -en la que se presume la participación del Ejército Mexicano, así como el involucramiento del gobierno municipal, estatal y federal- los padres de familia denuncian el caso ante la ONU.

Gabriela Gabundo

@g_bagundo

Miércoles 4 de febrero de 2015 | Edición del día

Infografìa: REUTERS

Este lunes 2 de febrero fue la primera sesión en la que el Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas (ONU) escuchó la versión de los padres de familia de los estudiantes desaparecidos, así como la versión de los representantes del gobierno mexicano. En esta sesión fue duramente cuestionada la investigación oficial encabezada por el Procurador de Justicia, Jesús Murillo Karam.

Hilda Legideño, madre de Jorge Antonio Tizapa Legideño, y Bernabé Abraján, padre de Adán Abraján de la Cruz, representaron a los familiares de los normalistas desaparecidos. Estuvieron acompañados por una decena de organizaciones civiles de Derechos Humanos (DDHH).

En cambio, fueron 27 personas las que representaron al gobierno mexicano frente a los cuestionamientos de los dos relatores de esta Comisión: Rainer Huhle y Luciano Hazan. Al frente de la delegación mexicana estuvo el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Juan Manuel Gómez Robledo.

Ayotzinapa, un crimen de Estado: Cancillería

Gómez Robledo admitió que los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre en Iguala representan un caso de “desaparición forzada” donde el Estado mexicano tiene responsabilidad. Sin embargo, pese a este reconocimiento, en la sesión se dedicó a defender las acciones del gobierno en dicha materia. Sostuvo que el gobierno ha aprobado leyes en contra de la desaparición forzada y una base de datos de las personas desaparecidas.

Sin embargo, no mencionó que estas medidas fueron impulsadas por un amplio movimiento social nacional, después de que en el 2011 el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), encabezado por el poeta y periodista Javier Sicilia, urgió al gobierno de Calderón a tomar medidas al respecto frente a la grave crisis de Derechos Humanos que vive el país.

Las organizaciones civiles de DDHH asistentes, señalaron que estas medidas no sólo son insuficientes, sino que no funcionan. Demostraron en ese momento que no se puede acceder al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, y que cuando esto se logra, muchos casos que las mismas organizaciones defienden, no existen en este registro.

La respuesta del gobierno: mayor militarización del país

Los representantes del gobierno mexicano respondieron a los cuestionamientos de los relatores de la ONU con diversas inconsistencias y carencias, fundamentalmente cuando estos se referían a las técnicas y metodologías que utiliza el gobierno en sus registros e investigaciones.

La respuesta más clara en torno a las acciones que el gobierno federal ha implementado para reducir la violencia y salvaguardar la vida de los ciudadanos mexicanos, es la mayor militarización del país vía el Mando Único. De tal forma, el gobierno no implementa acciones destinadas a reducir la pobreza o afrontar el conjunto de las causas estructurales que provocan la violencia social.

La delegación que representó al gobierno mexicano tampoco fue capaz de responder acerca de las decenas de miles de desaparecidos registrados que hay en el país, y las medidas concretas para encontrarlos. En este tema, México está muy por detrás respecto a las investigaciones y a las técnicas utilizadas.

El canciller mexicano pide a la ONU “no ser críticos y cooperar”

En una de sus intervenciones, ante los insistentes cuestionamientos de los Relatores, Gómez Robledo pidió a la ONU “actuar con sentido de responsabilidad, de diálogo y cooperación con aquellos Estados que voluntariamente decidimos asumir las obligaciones derivadas de la Convención (para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada)” y no solamente ser críticos.

Al término de la segunda sesión realizada ayer, el Comité de las Desapariciones Forzadas de la ONU realizó una serie de “recomendaciones” al gobierno mexicano sobre este caso. Sin embargo, dichas recomendaciones no son vinculantes, lo que significa que el gobierno no tiene obligación de acatarlas al pie de la letra. La ONU ha cumplido con la petición de los padres de familia para que presionen al gobierno y que éste no cese en la investigación del caso Ayotzinapa.

El gobierno no cambia la postura oficial

Al término de esta primera sesión, el New York Times y el rotativo The Washington Post publicaron los comentarios del Representante Permanente de México ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra, el Embajador Jorge Lomonaco. En ella afirma que: “Las causas de la desaparición de los estudiantes tienen que ver con el marco institucional y la situación temporal que prima en algunas partes del país, específicamente en Guerrero”, rechazando así que sea una situación que se vive a lo largo y ancho del territorio nacional, desde Tamaulipas y Tijuana, hasta Michoacán y el Estado de México.

Esta posición fue duramente criticada en México, desde hace más de 4 meses, tiempo que llevan desaparecidos los estudiantes normalistas rurales de Ayotzinapa, Guerrero.

En México se espera que ocurran más movilizaciones multitudinarias para exigir justicia a lo largo y ancho del territorio nacional.







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