Géneros y Sexualidades

OPINIÓN

El aborto no solo es un problema sanitario

El caso de Belén, la joven tucumana condenada a prisión por una justicia misógina y clerical acusándola de homicida, pone a discusión la necesidad de debatir la problemática del aborto a la par de la exigencia por su libertad inmediata.

Viernes 12 de agosto de 2016 | Edición del día

Son más de 300 mujeres las que mueren al año producto de los abortos inseguros, pero son miles las mujeres que día a día se practican abortos en la clandestinidad, con la diferencia de que la minoría tiene la posibilidad económica de acceder a un aborto seguro. Belén fue condenada a prisión sin una prueba fehaciente y violentada por todo el equipo de salud cuando ingresó al hospital Avellaneda de Tucumán. Desde distintas organizaciones, incluida Amnistía Internacional y la ONU, exigen su libertad luego de haber permanecido en prisión durante dos años.

Aclarando términos

Aborto se define como Interrupción voluntaria o involuntaria del embarazo antes de que el embrión o el feto estén en condiciones de vivir fuera del vientre materno. El aborto seguro es aquella interrupción del embarazo llevado a cabo por un profesional de la salud capacitado, con los medios necesarios y en un ámbito médico adecuado. El aborto inseguro es el procedimiento realizado por personas que carecen de aptitudes necesarias, o realizado en un ámbito que no cumple con los mínimos criterios médicos. La tasa de mortalidad materna es un indicador sanitario que pone en evidencia la cantidad de mujeres embarazadas que mueren al año por cada niño que nace vivo.

Las dos caras de un problema sanitario

En las maternidades y clínicas ginecológicas solo se visualiza a las mujeres que concurren a las guardias por la complicación de un aborto, ya sean hemorrágicas o infecciosas. La mayoría de estas mujeres provienen de las entrañas de la clase trabajadora y de los sectores mas pauperizados de la sociedad, quienes no tienen el dinero suficiente para realizarse un aborto seguro. Las mujeres que tienen una capacidad económica determinada para acceder a practicarse un aborto, lo hacen bajo absolutas condiciones de asepsia bajo el control de un profesional de salud ya sea ginecólogo u obstetra.

Los principales determinantes de los embarazos no deseados son la incapacidad de algunas mujeres y hombres en controlar su actividad sexual por la falta de una educación sexual integra, incluyendo la falta de conocimiento de los métodos anticonceptivos, y la disponibilidad de una anticoncepción eficaz. Ante esta problemática, la de un embarazo no deseado, las mujeres ponen en riesgo su vida dependiendo de cantidad de dinero que tengan en sus bolsillos para acceder a un aborto. Es decir que son las mujeres pobres, la mayoría de las que recurren a un aborto inseguro, aumentando el riesgo de muerte y elevando la tasa de mortalidad materna.

La moral, el lucro y la muerte: las patas de la clandestinidad

Son muchas las mujeres que atraviesan por la situación de un embrazo no deseado. Las que han logrado una sólida confianza con su ginecólogo suelen consultarle para realizarse un aborto cuando un determinado método conceptivo ha fallado. Muchos médicos, respaldados en esa confianza y el cariño hacia la paciente, intentan convencerlas de continuar con su embrazo, pero sin embargo suelen asesorar sobre la forma más segura de la practica cuando la mujer se ha decidido por el aborto. Algunos médicos acceden a realizarlo para evitar un riesgo de vida para sus pacientes.

La postura hegemónica existente entre los trabajadores de la salud es, hasta el momento, la de condenar al profesional que lo realiza y sobre todo condenar a la mujer que recurre a esta práctica, considerándola como un numero estadístico de consulta y perdiendo toda concepción humana de la mujer como sujeto de derecho a su autonomía. Pero también existen los profesionales que comprenden la problemática de la mujer con un embarazo no deseado y su decisión a interrumpirlo, asesorándola de la mejor forma para protegerle la vida.

La clandestinidad del aborto ha llevado a la práctica lucrativa por parte de muchos profesionales, construyendo una moral de elite que hace oídos sordos a las muertes de centenares de mujeres pobres, como producto de complicaciones de abortos inseguros. Una moral que, en determinados médicos, condena a sus compañeros por estas prácticas y rechazan o niegan el problema del aborto arraigado en la matriz clandestina del lucro. Moral doble que se contradice cuando el problema afecta directamente a la esfera personal en el caso de un embrazo no deseado y que bajo ninguna circunstancia permitirían que su esposa, hija, familiar querida o amiga se practique un aborto inseguro.

Mientras el aborto se mantiene en la clandestinidad, en la esfera cultural de la ética moral cristiana y en la indiferencia médica, los embarazos no deseados continúan ocurriendo. En este contexto la inexistencia de políticas serias de educación sexual integra y responsable complica la situación debido a que el mensaje del estado patriarcal y clerical hacia las mujeres es claro, ya que no va a hacerse cargo de que las personas tengan las mejores herramientas culturales y anticonceptivas para prevenir al máximo los embarazos no deseados.

Las implicancias científicas

La muerte de una persona se diagnostica por medio de una evaluación neurológica que constate la falta de actividad cerebral, antes de que cesen las funciones de otros órganos. Esto permite realizar trasplantes de órganos y salvar vidas. En este sentido podemos deducir que la actividad cerebral es la que mantiene con vida de relación a un individuo; es decir lo que caracteriza a un sujeto humano, a una persona. Por eso en el caso de un embarazo de un feto anencefálico (sin cerebro), todos los médicos aconsejan la interrupción del mismo.

Quienes se oponen al aborto llaman homicidas a quienes lo practican ya que postulan que el embrión es una persona; al igual que se oponen a la eutanasia. Sin embargo antes de decidir la naturaleza del embrión, hay que saber la realidad biológica sobre la reproducción. Un cigoto es un ovulo fecundado que contiene la potencialidad genética de desarrollar uno o más individuos dentro del útero, pero hasta estadios previos a las 12 semanas de edad gestacional no puede verificarse la actividad cerebral. Ese cigoto se desarrolla por mecanismos celulares y bioquímicos hasta alcanzar otros estadios como la de blastocisto, embrión y feto.

No se puede recurrir a un reduccionismo biológico del sujeto humano a un conjunto de genes que determinan una actividad celular, cuando lo que nos hace sujetos perceptibles de los estímulos del medio es el desarrollo del sistema nervioso. La tecnología médica permite detectar el latido cardiaco del embrión por medio de la ecografía, pero no permite evaluar la actividad cerebral del mismo.
En este sentido no se puede reducir al sujeto humano a una actividad celular independiente de la relación y la percepción del medio. Es casi como reducir la vida, y dotarla de ella a un tumor que crece por los mecanismos bioquímicos de las células cancerígenas. Mucho menos dotar de derechos al embrión por sobre los derechos de la madre para condenar de homicidio a aquellas mujeres que abortan antes de las 12 semanas.

Sin embargo, saldando las discusiones biológicas, el aborto es un problema sanitario y social que no puede quedar marginado a la individualidad biológica, negando todas las implicancias sociosanitarias y económicas que atraviesan las mujeres. Por eso es necesario comprender que ninguna reducción biológica es ajustada al problema sanitario del aborto, ni mucho menos para comprender las razones sociales que llevan a una mujer trabajadora a abortar, poniéndola en la cruda y cruel decisión de acceder a un aborto seguro o inseguro dependiendo de sus condiciones económicas.

El aborto y la bioética

No hay discusión cuando los profesionales de la salud se refieren a aceptar un aborto terapéutico, es decir cuando el embrazo pone en riesgo la vida de la madre como en el caso de la eclampsia. Este consenso se divide cuando se trata de un embrazo producto de una violación, ya que hay quienes sostienen que debe continuar el embarazo y dar en adopción al niño recién nacido, y otros que sostienen que debe interrumpirse. Los primeros, cegados por las concepciones moles y cristianas.

Consideran a la mujer como un individuo portador de un niño producto de un embrazo no deseado del que debe despojarse para darlo en adopción; como dar un objeto material personal carente de toda afectividad. Argumento esgrimido de igual forma cuando se trata de la incipiente decisión de cualquier mujer a abortar un embarazo no deseado. Aquí debemos abordar esta discusión desde la bioética, que es la rama de ética médica que utilizan los trabajadores de la salud para su acción en el campo de la salud, y que tiene sus orígenes en el ejercicio de la medicina árabe.

El primer principio es el de Autonomía, que considera el respeto por las personas y reconoce a la responsabilidad como valor central del acto moral, lo cual implica conocimiento y libertad de acción. El aborto es una decisión personal, tomada habitualmente como último recurso, ya que no existe una política seria de educación sexual ni medidas anticonceptivas eficaces prevenir embarazos no deseados en términos absolutos. Se debe respetar la autonomía, la libertad y la decisión responsable de una mujer que decide abortar, y el estado debe garantizar su atención médica integral.

El segundo principio es el de la “No maleficencia” que en términos concretos significa no hacer daño. Esto es relativo en el caso de que pueda ser necesario amputar un miembro para salvar la vida, como es el caso de las septicemias por gangrenas en los pacientes con pie diabético. Sin embargo en el caso del aborto adquiere el significado de no condenar ni violentar a la mujer que lo padece, ya que se trata de un doble daño porque todas experimentan cuadros de angustia y depresión durante el procedimiento. Sin embargo la tendencia es la de condenar y culpar de homicidio oficiando de jueces moralistas y clericales teniendo un trato inhumano y cruel hacia la mujer que concurre en un estado grave. El tercer principio es de la Beneficencia, el cual se apoya en el anterior y que aplicado a este problema podría considerarse la garantía de que una mujer tenga una atención correcta para disminuir los riesgos de perder la vida.

El cuarto principio es el de la Justicia que está ligado al concepto social basado en la equidad y centrado en la justa distribución de los costos y beneficios sin distinción de género, color de piel, edad y estatus socioeconómico. Pero en un sistema estatal patriarcal las mujeres carecen de igualdad de derechos con los hombres, y lo que es peor el estado no va a garantizar el pleno desarrollo de todos los derechos de las mujeres. En este sentido este principio bioético es atravesado por la consigna del movimiento de mujeres: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, y aborto legal para no morir”

Por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito

La prohibición legal y moral del aborto que profesan los que se identifican con el movimiento “pro vida” solo conduce a la clandestinidad que chorrea el lucro económico y la muerte. Una verdadera hipocresía estatal, política y religiosa. El aborto existió desde hace miles de años, existe en la actualidad con el saldo de 300 mujeres muertas al año, y existirá en los tiempos futuros. Es una decisión que atraviesa a miles de mujeres y por lo tanto mantenerlo en la clandestinidad equivale a hacer oídos sordos y cómplices de las muertes de mujeres trabajadoras.

No se trata de una práctica carente de costos físicos, psíquicos y económicos. Es un problema que debe salir de la clandestinidad para que dejen de morir mujeres producto de los abortos inseguros. Esto no se trata de una reducción simplista a la potencial práctica rutinaria de las mujeres en este método de interrupción del embarazo como sostienen muchos “pro vida”, sino a evitar muchas muertes maternas.

Pero la legalización del aborto no puede ser una medida política aislada sin garantizar la transformación de las condiciones estructurales del estado patriarcal y clerical. Condiciones que permiten el femicidio, la desigualdad de género, la trata de mujeres, la restricción al ejercicio de una sexualidad libre y responsable, la negación de una educación sexual integra, y la clandestinidad del aborto. Es por esto que el conjunto de los trabajadores debemos tomar en nuestras manos la demanda de los derechos de las mujeres y organizarnos para combatir de raíz las condiciones antes mencionadas. Porque se trata de eso, de combatir el problema desde la raíz.







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