Géneros y Sexualidades

DERECHOS DE LAS MUJERES

El aborto en América Latina y el Caribe

En 1990 se establecía el 28 de septiembre como el “Día de la Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto” en la región. Veintiséis años después, el reclamo continúa más vigente que nunca.

Jueves 29 de septiembre | Edición del día

Cada dos años, desde 1982, comenzaron a realizarse los Encuentros Feministas de Latinoamérica y el Caribe. El 18 de noviembre de 1990, con motivo del V Encuentro, tres mil mujeres se reunieron en la ciudad bonaerense de San Bernardo para debatir sobre trabajo, educación, violencia, cultura, identidades, salud y sexualidad, entre otros temas.

Pero si la jornada pasó a la historia, fue porque de la misma surgió la decisión de que cada 28 de septiembre se celebre el Día de la Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto. La propuesta, elaborada desde el “Taller sobre aborto” (organizado por la Comisión por el Derecho al Aborto de Argentina y por las Católicas por el Derecho a Decidir de Uruguay), rememora la fecha cuando había sido sancionada –en 1888- la “libertad de vientre” en Brasil.

Más de cinco mil mujeres se movilizaron durante la marcha de cierre por las calles de San Bernardo y surgió una declaración que tenía como ejes la creación de comisiones por el derecho al aborto en cada país; la formación de una Coordinadora Latinoamericana y del Caribe para la movilización; y el fomento de campañas de visibilización.

El aborto en América Latina hoy

En la región, durante los últimos años, varios cargos públicos de importancia han sido ocupados por mujeres. Sin embargo, esto no se tradujo en una mejora en la vida del sector más explotado y oprimido de la sociedad. De acuerdo con un estudio publicado por el instituto estadounidense Guttmacher, en 2008, 4,4 millones de mujeres en América Latina y el Caribe interrumpieron su embarazo y el 95% lo hizo de manera insegura. A su vez, se calcula que esta práctica realizada en condiciones insalubres representa la muerte para una de cada tres mujeres gestantes y cerca de 800 mil hospitalizaciones anuales. Según la Organización Mundial de la Salud, el índice de abortos inducidos aquí es superior al promedio mundial y es aún más alto en aquellos países donde está penalizado.

En Argentina se efectúan entre 460.000 y 600.000 abortos por año y más de 300 mujeres jóvenes y pobres pierden la vida a causa de su clandestinidad. Esto constituye un verdadero femicidio estatal del cual son cómplices todas las fuerzas políticas que niegan el tratamiento al proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto (CNDA) en el Congreso. A lo largo del gobierno kirchnerista, el mismo fue cajoneado cinco veces; y, recientemente, Macri ha advertido que rechaza este derecho.

Haciendo un repaso por el estado de la educación sexual, la aplicación del aborto no punible y el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en el país, se comprueba la influencia activa que ejerce la Iglesia Católica. Esto se confirma, si observamos el peso que tiene esta reaccionaria institución sobre las legislaciones, la vida y la sexualidad de millones de mujeres en todo el continente.

Algunos casos

En Chile, el Salvador, Haití, Honduras, República Dominicana y Surinam, el aborto está prohibido en todas las circunstancias. Lo únicos países donde no encuentra restricción de causales son Cuba (desde 1965 como una de las conquistas de la Revolución), Puerto Rico (1973), Guyana (1995) y Uruguay (2012). Los mismos representan menos del 5% de la población total de mujeres entre 15 y 44 años de Latinoamérica. En el resto del continente, el aborto no es punible sólo en ciertas condiciones (que no siempre son respetadas por la justicia).

Chile: la ley de Pinochet

En 1931, este país contaba con una ley que autorizaba el llamado aborto terapéutico (autorizado por razones médicas). La misma fue anulada por durante la dictadura cívico-militar liderada por Augusto Pinochet en 1989, cuando todo tipo de aborto fue calificado como “delito contra el orden de la familia y contra la moralidad pública”. Aunque los datos extraoficiales calculan que hay entre 150.000 y 200.000 abortos clandestinos al año, el poder político ligado a sectores eclesiásticos sigue negando este derecho. En la actualidad se debate la despenalización en las causales de inviabilidad fetal, riesgo de vida de la madre y violación, que es apoyado por el 83% de la población.

Paraguay: una cruzada contra las mujeres pobres

Distintas organizaciones como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), indican que Paraguay muestra las tasas de embarazo y mortalidad infantil más altas de la región. En agosto de este año, el presidente derechista Horacio Cartes advirtió que el aborto no es un derecho humano y exhorta a declarar el 2016 como “El Año del derecho a la vida”. En este sentido, señaló que “no cedería antes las presiones de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la ONU”.

Si bien en el país la interrupción de embarazo es legal frente a la amenaza de vida a la mujer, el caso de la niña violada de diez años a quien se negó este derecho, recorrió el mundo. Éste no fue sino otro episodio de la histórica alianza entre la Iglesia Católica, el gobernante ANR-Partido Colorado y las organizaciones pro-vida contra las mujeres.

El Salvador y Honduras: la “Santa alianza” de la derecha y el Vaticano

En El Salvador, Honduras y Nicaragua, no sólo el aborto es ilegal en todos los casos sino que las mujeres han recibido más de 30 años de cárcel por haberse realizado esta práctica. Curiosamente en estos países se contemplaban casos de no punibilidad en el pasado pero el avance de los sectores más conservadores aliados a la jerarquía eclesiástica fueron restringiendo aún más este derecho.

Tras una modificación en el Código Penal producida en 1988, el aborto en El Salvador está prohibido incluso cuando el embarazo es consecuencia de una violación o cuando la vida de la embarazada corre peligro, estableciendo las condenas más altas del mundo. En este marco, se produjo la sentencia a María Teresa Rivera en 2011 quien fue acusada sin pruebas a más de 40 años de prisión por “homicidio agravado”. Sólo el repudio internacional logró que en mayo del presente año la liberaran.

En Honduras, el Código Penal ubica al aborto entre los “delitos contra la vida”. El 2001 directamente se incorporó como delito el “daño físico o psicológico en el no nacido”, lo cual resulta en cinco años de cárcel para quienes tengan abortos así como la inhabilitación absoluta para el ejercicio de la profesión a los médicos involucrados. En esto se asemeja a Ecuador, donde el aborto es considerado como un “delito contra la existencia natural” y cuyo Código Penal castiga las “lesiones del feto”, al que extiende la protección del bien jurídico. En Honduras, como si fuera poco, hasta en caso de abortos por riesgo de vida, la mujer debe contar con la autorización del cónyuge o un pariente cercano.

Uruguay: cuando la IVE es ley

Desde la caída del régimen militar, el aborto tuvo un lugar destacado en la pelea de los grupos feministas y de izquierda uruguayos. Así, entre 1985 y 2001, se debatieron más de cuatro proyectos. Luego de que en 2003 se conociera la escalofriante cifra de abortos clandestinos y frente a la presión de la opinión pública, se conquistó el asesoramiento pre y post aborto en todos los hospitales. En noviembre del 2008, el Senado votó un proyecto que eliminaba las penas para quienes realizaran un aborto, el cual fue posteriormente vetado por el presidente Tabaré Vázquez con el aval de la Ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz.

Fue en octubre de 2012 que se sancionó la ley n° 18.987 que despenalizó el aborto hasta la duodécima semana de gestación (o decimocuarta en casos de violación). Y, en noviembre de ese año, el presidente José Mujica sancionó el Decreto n°375/12, que regulaba el procedimiento a seguir.

A diferencia de todos los casos nombrados anteriormente, Uruguay es el país latinoamericano con menor peso de la Curia. Aunque comparte con muchos el hecho de ser un Estado laico, además cuenta con el mayor número de personas ateas. En 2013, sectores ligados a la derecha debieron desistir a su intento de impulsar un referéndum contra la ley, ya que no pudieron cumplir con el requisito de 25% de adhesión del padrón electoral.

Producto de la lucha de los y las militantes por los derechos de las mujeres, la situación en el país vecino es de las más avanzadas en el continente. Derribó una serie de mitos en torno a la IVE (por ejemplo, que la legalización implicaría un aumento cuantitativo de su ejercicio) y demostró que la posibilidad de abortar en el hospital salva miles de vidas: de hecho, no se registraron muertes de mujeres que lo hicieron dentro del mecanismo previsto por la ley.

Sin embargo, algunas organizaciones y militantes han planteado una serie de límites que conlleva la ley. Por un lado, el abuso de la figura de “objeción de conciencia” por parte de los médicos -que se ha transformado inclusive en acciones judiciales-, disfraza de “libertad individual” la política antiabortista de algunos grupos (como ocurrió en los departamentos de Salto y Soriano).

También se han generado dudas en torno a la letra del Código Penal que contradice lo estipulado por la ley n° 18.987. En su artículo 2°, ésta establece que no puede haber sanciones “para el caso que la mujer cumpla con los requisitos” previstos por la norma “y se realice durante las primeras doce semanas de gravidez”. Sin embargo, el artículo 325 del Código Penal indica que la mujer que causare su aborto o lo consintiera “será castigada con prisión, de tres a nueve meses”, algo que el gobierno uruguayo nunca pretendió derogar.

Por último, distintas referentes han subrayado que la información sobre la ley a la población es aún insuficiente, así como la infraestructura y el personal en determinadas localidades. De la misma forma, advirtieron que los trámites burocráticos derivan en un incumplimiento de los plazos establecidos en la ley a la hora de fijar las entrevistas con el personal médico y que no se informa claramente quiénes son los ginecólogos objetores de conciencia.

¡Aborto legal para no morir!

Mientras millones de mujeres mueren a causa de abortos clandestinos, los distintos gobiernos (también los pretendidos progresistas) buscan estrechar lazos con la Iglesia Católica. Esto se vio en Argentina durante el 2014 cuando el Vaticano impuso su pluma en el Código Civil.

Por eso, se hace evidente que la lucha por este derecho democrático elemental debe estar acompañada de la pelea por la separación de esta institución y el Estado. Sólo la movilización y la organización de miles y miles de mujeres puede enfrentar esta alianza enemiga de nuestros derechos. Ésa es una de las pelea que históricamente levantó el movimiento de mujeres y una que se va a hacer presente en cada taller del próximo XXXI Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario.




Comentarios

DEJAR COMENTARIO