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El Vaticano judicializa periodistas

Un religioso español fue sentenciado por el caso conocido como “Vatileaks 2”. La institución también pretendía enjuiciar a dos reporteros italianos que investigaron las irregularidades económicas de la curia.

Viernes 8 de julio | Edición del día

El tribunal del Vaticano dictaminó 18 meses de prisión para el monseñor español, Lucio Ángel Vallejo Balda, por dar a conocer papeles reservados sobre las finanzas de la Sede. El cura de 55 años, ligado al Opus Dei, lleva ocho meses arrestado por lo cual se estima que cumpla el resto de la condena en una cárcel común de Italia o España, o que directamente se acorte su pena.

Por el mismo caso, fue sancionada con 10 meses de reclusión Francesca Chaouqui, la ex relaciones públicas de la institución, aunque después fue sobreseída. También fue absuelto el secretario personal de Vallejo Balda, Nicola de Maio.

El proceso fue abierto el 24 de noviembre del pasado año y generó una enorme controversia, ya que involucraba a dos periodistas italianos. Gianluigi Nuzzi y Emiliano Fittipaldi, autores de los libros Vía Crucis y Avaricia, fueron acusados por el Tribunal del Estado Vaticano por divulgación de documentos y noticias secretas.

En su investigación, Nuzzi y Fittipaldi demostraron –mediante una serie de documentos y escuchas oficiales- las derivaciones de fondos, ocultamiento de libros, despilfarros, abusos de beneficios fiscales y vida lujuriosa en la que incurrían los sacerdotes y funcionarios en la Sede de la Iglesia Católica. Las pruebas filtradas mostraban, por ejemplo, que las donaciones hechas por millones de creyentes iban directo a las arcas vaticanas. A su vez detallaron la utilización de las exenciones al IVA que emite la institución, para compras suntuosas.

Distintos organismos de prensa y derechos humanos se pronunciaron contra esta clara injerencia de Roma en la libertad de expresión. Frente al repudio internacional, finalmente el Tribunal concluyó que el juicio a los periodistas se encontraba “fuera de su jurisdicción” ya que “no son oficiales vaticanos”.

Giuseppe Dalla Torre, quien presidió el proceso, señaló que el ordenamiento jurídico vaticano “protege la manifestación del pensamiento y de la libertad de prensa”, pero aclaró que éstas estarían “garantizadas por el derecho divino”. Cuando leyó las condenas, lo hizo “en nombre de ‘Su Santidad’, el papa Francisco”.




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