Política

DERECHOS HUMANOS

El Vaticano entregó un archivo sobre la dictadura

Se dio a conocer el contenido de comunicaciones, bajo la dictadura, entre el entonces ministro del Interior y monseñor Pío Laghi, sobre “abusos” verificados en Rosario.

Celina Tidoni

Abogada del CeProDH Rosario

Martes 5 de abril de 2016 | Edición del día

A 40 años del golpe genocida se confirma que existen infinidad de documentos en poder del Estado e instituciones comprometidas con el genocidio, como la Iglesia Católica, que siguen guardados en secreto por funcionarios y autoridades. Con cada nuevo archivo que sale a la luz se demuestran nuevas complicidades y encubrimientos a las graves violaciones a los derechos humanos que terminaron con una generación de luchadores entre 1976 y 1983.

En este caso se trata de las comunicaciones entre el ministro del Interior del gobierno militar Albano Harguindeguy y el Nuncio Pío Laghi. Según los archivos revelados, ante la consulta sobre el paradero de personas desaparecidas realizada por el religioso, el funcionario reconocía, de forma hipócrita, “ciertos abusos”.

La Iglesia Católica fue, como lo demostró la condena del cura Von Wernich, parte integrante y encubridora de los más aberrantes delitos durante la dictadura. Cuarenta años después, y sin que medie ningún reconocimiento del rol criminal de esta institución, comienza a revelar informes elaborados por aquel “embajador” del vaticano.

Monseñor Pío Laghi, un “pilar” del Episcopado, fue duramente criticado por su rol en aquel momento. El prelado hizo silencio ante las declaraciones de familiares de las víctimas y defendió aquel plan de los militares que asesinaban en nombre de Cristo, defendiendo la moral occidental y cristiana y justificando con un destino “purificador” que cientos de cuerpos sean tirados al río o al mar.

Este doble discurso que hoy ensaya la Iglesia, mostrando su “compromiso” con la verdad y la justicia entregando apenas unos pocos documentos de todos los que posee, se desploma con sólo repasar el accionar de Laghi y la curia durante la última dictadura "Nunca me voy a olvidar esa imagen. Fuimos a verlo a Pío Laghi, todo pomposo. Salió al patio a mirarnos como si fuéramos bichos asquerosos... Yo no sé nada. Nosotros no sabemos nada, nos dijo. Y por algo habrá sido. Nunca me lo voy a olvidar. Yo dije, esto te va a caer a vos, Dios no se olvida de lo que dijiste, la vas a pagar", recordó la hermana Evelyn Lamartine en el documental "Ángel de la guarda", sobre las monjas francesas desaparecidas.

La tan anunciada apertura de los archivos del Vaticano no es producto de la "buena voluntad papal", sino de todos estos años de lucha por parte de los organismos de derechos humanos. Pero esta apertura de archivos pone en evidencia el ocultamiento y complicidad de la Iglesia Católica durante estas 4 décadas. ¿Cual sería sino la razón para haber privado de esa información a las familias, que llevaban adelante una búsqueda incansable de sus hijos, nietos y hermanos?

El hoy consagrado Papa Francisco, que ahora promete entregar “todos los archivos” referidos al período dictatorial, no es ni mas ni menos que el mismo Jorge Bergoglio que fue cómplice de la dictadura y quien, durante los años posteriores, silenció muchas cosas. Fue en el año 1977 que el nombrado se entrevista con la familia De La Cuadra, y los “deriva” a sus contactos dándoles información sobre los hermanos desaparecidos y sobre la nieta apropiada.
Tabernero, el segundo de Camps a quien llegó la recomendación del actual pontífice, refirió que Ana Libertad “estaba con una buena familia” y que de la situación de los hermanos “ni hablar”.

Fue por la lucha de la familia y no por las declaraciones de Bergoglio que en 2014 Ana Libertad recuperó su identidad. Su abuela, la incansable Licha, falleció antes de conocerla.

En Rosario también hay impunidad

Como parte de los documentos que publicó el periodista Luis Badilla en un artículo en el Vatican Insider del 29 de marzo de 2016 se encuentran evidencias del genocidio en la convulsiva zona de Rosario. Según informa el artículo, en el relato de la entrevista de un religioso con Albano Harguindeguy, el ministro del Interior "Admitió que en algunos cuarteles militares como en el de Rosario, bajo el comando del general Ramón Genaro Díaz Bessone -un tipo muy ’duro’-, se verifican abusos de este tipo (apremios ilegales), y prometió que hará todo lo posible para remediarlo".

Parece difícil creer que iba a cumplir sus palabras mientras en la zona actuaban oscuros personajes como el capellán de la policía Eugenio Zitelli quién recorría los centros clandestinos y usaba su rol de cura para sacar información a los secuestrados por el aparato represivo estatal, acusado de asociación ilícita y 14 casos de privación ilegítima de la libertad.

Lejos de juzgar estos actos, la Iglesia local, de la mano del Arzobispo de Rosario, Eduardo Martín, legitimó este accionar y llamó a la reconciliación a poco de juzgarse a Zitelli en el año 2015, reduciendo el tema a “pedir perdón por todas las culpas y por todos los pecados".

Apertura de todos los archivos

Ante estas declaraciones del Vaticano, no podemos más que preguntarnos que internas esconderán los repentinas deseos de dar a conocer esos papeles empolvados por impunidad durante estos 40 años. Queda claro que la desclasificación y publicación de todos los archivos en poder de la Iglesia puede ser muy importante para averiguar el paradero de tantas víctimas que aún continúan desaparecidas, de los mas de 400 niños apropiados que aún no fueron hallados, y para juzgar a los responsables militares y civiles que hoy gozan de libertad o que ni siquiera han sido imputados por la Justicia. E incluso aquellos condenados, que disponen de beneficios especiales, como la prisión domiciliaria.

Pero no es este el objetivo de la máxima autoridad eclesiástica. Tanto Francisco como el Episcopado argentino, sino simplemente lavarse la cara después de tantos años de evidente colaboración con la impunidad.

Las editoriales del diario La Nación, que tejen el mito sobre el Papa que “salvó muchas vidas en la dictadura” resultan, realmente, un repudiable agravio a la memoria, la verdad y la justicia. Y más terrible aún si se enmarcan en el proceso de reinstalación de la "Teoría de los dos demonios" que intentan encarar el gobierno y sus aliados, como se expresó en la editorial de ese matutino el primer día de mandato de Macri, poniendo en duda el número de 30.000 compañeros desaparecidos y exigiendo en fin de los juicios a los genocidas.

A pesar de sus límites, esta apertura de los "archivos del Vaticano" abre un fuerte cuestionamiento al poder político que sucedió al gobierno de facto, que contando con material de inteligencia, de las fuerzas armadas, de la Iglesia, entre otras instituciones, mantuvo y mentiene ocultos datos fundamentales para avanzar en el juzgamiento a los responsables.

Ni con el gobierno de los “derechos humanos” K, se avanzó en este sentido. Recientemente se desclasificaron archivos de la guerra de Malvinas, que ponen en evidencia que existen tales documentos y que existe, y existió durante los 12 años de gobiernos Kirchneristas, una clara voluntad política de mantenerlos silenciados.

El gobierno derechista de Macri, de las empresas que se enriquecieron conn la dictadura, profundiza esta política de silencio y ocultamiento. Sólo con la continuidad de las luchas por parte de los organismos de derechos humanos que se podrán conseguir los datos que a 40 años siguen escondidos bajo un manto de impunidad. La apertura de los archivos de la dictadura militar argentina no puede quedar supeditada a la voluntad de quienes fueron cómplices directos o indirectos del genocidio.

Sumada a la exigencia de la apertura de todos los archivos de la dictadura está la de su entrega incondicional a los organismos de derechos humanos, familiares de las víctimas y sobrevivientes para avanzar en la investigación de los hechos, y el juicio y condena de todos los culpables.







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